La entrada en prisión de Luis Ignacio Lula Da Silva (Luiz Inácio Lula da Silva, en portugués) representa un hecho histórico sin precedentes en Brasil, y una choque mayúsculos para los liberales latinoamericanos, que entienden se está cometiendo una gran injusticia contra el político más popular y que mayor cantidad de personas ayudó a salir de la pobreza en Brasil.
Lula es el primer presidente en la historia de Brasil en ir a prisión por motivos de corrupción. El juez Sergio Moro, de Curitiba, fue quien inició el proceso penal contra Lula y es quien lo acaba de cerrar ordenando que entre a cumplir los doce años en una celda de apenas 15 metros.
Lula sigue negando los hechos por los que ha sido condenado, y antes de entrar a prisión pronunció un encendido discurso ante miles de seguidores en Sao Paulo en donde reiteró su inocencia y dijo que irá a prisión, pero que cada día irán naciendo nuevos Lulas en Brasil y que el pueblo seguirá hablando por él. Lula insiste en su inocencia y reitera lo que se sigue repitiendo con insistencia, que no había motivos para condenarlo.
Quienes asumen ese discurso olvidan que desde muy temprano las delaciones premiadas fueron concluyentes sobre los compromisos asumidos por Lula en actos de corrupción, y muy especialmente la recepción de sobornos con fines políticos, la existencia de la llamada “Caja 2”, que se utilizaba para financiar las campañas políticas de personalidades del Partido de los Trabajadores, y posteriormente para financiar las propias campañas presidenciales del propio Lula y de Dilma Rousseff.
Fue el mismo esquema seguido por la empresa Odebrecht para el financiamiento de las campañas electorales de los socios de Lula y de Dilma, y del Partido de los Trabajadores, por parte de Odebrecht, con asesoría política incluida de Joao Santana, en numerosos países, incluyendo la República Dominicana.
Emilio Alves Odebrecht, el padre de Marcelo Odebrecht, fue uno de los primeros en declarar que desde hacía varios años la empresa tenía financiamiento para los partidos políticos y en particular para Lula y para el Partido de los Trabajadores.
Hay quienes ahora sostienen que es injusta la prisión de Lula y que existe una conspiración de la justicia y del poder político en su contra. Sin embargo, Lula tiene varios años conociendo su particular realidad y eligió su retorno a la campaña política como método de defensa. Acudió ante los organismos internacionales, en una cruzada global, remitiendo sus explicaciones y a sus abogados para que lo defendieran. Y en Brasil sus abogados tuvieron siempre el derecho de refutar todas las imputaciones.
Nadie es ingenuo para pretender que políticos como Lula no tengan enemigos. Claro que los tienen, y sus enemigos actúan a la sombra para derrotarlos. Políticos como Lula, sin embargo, deben conocer los límites que les impone la ley y no pueden contemporizar con la corrupción, ni beneficiarse de ella. Es cierto que fue durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores que la justicia y el Ministerio Público de Brasil alcanzaron su independencia. Eso, sin embargo, no les impide procesar al más importante líder del petismo.
Si de verdad se desea combatir la corrupción, como ha ocurrido en Guatemala contra Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, o como acaba de ocurrir en Perú con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, debemos, o como se exige en la República Dominicana, no es posible tener políticos preferidos para aplicarles las leyes anticorrupción y otros a los que no resulta posible, porque se les considera inocentes e incapaces de cometer los errores o indelicadezas que se le atribuyen a Lula.
El discurso de Lula en Sao Paulo, unos minutos antes de ir a prisión es muy bello, emotivo, cargado de simbolismo, pero no deja de ser una pieza de una persona altamente cuestionable, culpable de acuerdo con la Justicia de Brasil, de la comisión de delitos sancionables. En primera instancia fue condenado a 9 años y un mes, y apeló la sentencia. En segundo grado su apelación fue rechazada y la condena aumentada a 12 años y un mes. Luego en la Suprema Corte le negaron el Hábeas Corpus que presentaron sus abogados. ¿Todos los jueces conspiran políticamente contra Lula? No parece posible.
El otro problema que habrá de ser discutido más ampliamente es la responsabilidad de Lula en la expansión del esquema de corrupción política, incluyendo asesorías ya aceitadas en prácticas nocivas y exitosas de campañas políticas, en las que eran beneficiados especialmente los aliados políticos del Partido de los Trabajadores y del gobierno brasileño de Lula o de Rousseff.