Los servicios municipales de recogida de basura, agua potable, ornato y otros arbitrios a los que se exponen los ciudadanos de las principales ciudades, han subido en forma desproporcionada en los últimos meses.

Otros servicios imprescindibles, como el transporte, las telecomunicaciones, las colegiaturas en colegios y escuelas, igualmente han subido de precio.

Silenciosamente, los ciudadanos que cumplen cabalmente con sus responsabilidades en el pago de estos servicios, y que reciben la presión de los ayuntamientos, de la CAASD y de INAPA, así como de los demás prestadores, se van colocando en una condición de ahogamiento ante la voracidad de los cobradores.

La versión draconiana la inauguró la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que al tiempo de enviar la factura, estaba enviando una brigada para cortar el servicio de energía eléctrica. Claro, eso sólo lo hacían con los ciudadanos comprometidos con el pago. Que son tradicionalmente los de clases medias y otros de clases más altas. Y las tarifas hay que pagarlas, sin más apelaciones, independientemente de la precariedad de los servicios de energía, de agua o de recogida de basura.

Las cosas han empeorado. Los servicios de recogida de basura y de agua han subido más de un cien por ciento, pero al mismo tiempo, las entidades que brindan precariamente ambos servicios, se han dedicado a presionar y casi extorsionar a los ciudadanos.

Es cierto que esas instituciones carecen de recursos. La Ley 163, de organización municipal, estableció claramente que el 10 por ciento del presupuesto nacional debe ser destinado a los ayuntamientos. Esa ley no se cumple, pero los ayuntamientos, cansados de presionar al gobierno, han buscado la opción de sacarle el jugo al máximo a los ciudadanos cautivos, que pagan religiosamente sus servicios. Y los han aumentado abusivamente.

Y quién defiende a la población, ahora, de los síndicos y los directores generales, que hacen campaña política con recursos públicos, que se dan la gran vida con el dinero del país, muchas veces obtenido de forma violenta, abusando del poder de que disfrutan, porque no existe un Defensor del Pueblo ni nadie que represente a los ciudadanos de pie.

Obviamente, el abuso es doble. Es abuso sobre abuso.