El gobierno, la Procuraduría General de la República, el poder judicial y el país tienen que demostrar su rechazo contundente, claro, sin vacilaciones al crimen cometido por dos agentes policiales en Valverde contra un joven oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, a quien persiguieron y asesinaron el pasado 24 de diciembre, y quisieron presentarlo como un acto de defensa propia.
Este país ha sufrido mucho por las ejecuciones extrajudiciales. La pena de muerte no existe en la Constitución Dominicana, ni ningún agente tiene autoridad para asesinar a mansalva a ningún ciudadano, por sospecha o por cualquier circunstancia. La autoridad de la Policía Nacional es para prevenir el delito, el crimen. Jamás para asesinar a personas.
El mayor Librado Recio Solís y el rizo Rafael de Jesús Díaz Gómez ejecutaron un asesinato. Habría que esperar la investigación del Ministerio Público, si es cierto o no que previamente había ocurrido algún roce entre el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana Ramón Israel Rodríguez Cruz, de 37 años, asesinado, y uno de los dos agentes que terminaron con su vida, en el Cerro de Boruco, Valverde.
Ya la magistrada de Atención Permanente de Valverde, Yarixa Cabral, dictó tres meses de prisión preventiva contras los agentes policiales. Lo más grave, lo más sádico e inhumano ocurrió después de disparar contra el coronel, cuando los agentes policiales permanecieron frente al herido, mirándole morir, y la esposa de la víctima fue impedida de auxiliarle, porque los agentes exigían que los familiares del oficial permanecieran a distancia del cuerpo que agonizaba.
Hay que ser muy cruel, y estar lleno de odio para cometer un hecho tan aborrecible como este. Esos agentes son sádicos y crueles en extremo, que sin justificación disparan contra un oficial, le hieren y luego impiden que reciba ayuda en el momento último de su existencia. A esos individuos hay que aplicarles la ley, privarlos de libertad y que jamás vuelvan a las filas de la Policía Nacional ni a tener derecho de portar armas.
En otro hecho repudiable, el diputado del Partido Revolucionario Moderno por la provincia Sánchez Ramirez, Sadoki Duarte, agredió con una trompada en la cara a la agente policial Disleidy Heredia Figueroa, quien realizaba su trabajo y mantenía detenido un vehículo en la calle Padre Fantino, de la comunidad Los Cajuilitos de Cotuí. Frente a otros agentes de la patrulla que realizaba una labor preventiva, el diputado oficialista agredió físicamente a la agente policial.
Una agresión inaceptable. Toda autoridad debe conocer que la violencia contra la mujer es una de las lacras sociales más repudiable y condenada por la sociedad, y que el país procura reducir al mínimo estas salvajadas de la violencia de género. Ese diputado abusó de su condición de hombre contra una mujer, abusó de condición de miembro del Congreso Nacional, abusó de su condición de miembro del partido de gobierno, y se hizo reo de la mayor sanción que pueda imponerse a una persona que obstruye la aplicación correcta de la ley.
Complace que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, haya anunciado un proceso de expulsión del diputado de las filas del PRM, y que el presidente Luis Abinader haya saludado la decisión de la agente policial Disleidy Heredia Figueroa de someter judicialmente al diputado abusador y agresor. Habrá que repetirlo y amplificarlo muchas veces lo dicho por el presidente Luis Abinader: "No hay rango aquí que pueda estar por encima de la ley, y que quede claro en este Gobierno”. Y con esta frase conectamos con un último caso:
El Ministerio de Defensa y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) deberían también proceder contras el general de Ejército José Manuel Frías Rodríguez, quien vestido de civil quiso obligar a dos agentes del tránsito a arrodillarse ante él y hacerle un saludo militar que no corresponde, porque ellos no son militares, luego de haber violado la norma de tránsito y haber ocupado una de las ciclovías del Distrito Nacional.
Un general del Ejército Nacional debe saber que la Policía Nacional, y sus agentes y entidades que dependen de ella, son instituciones civiles, agentes civiles, que no responden a la disciplina ni a la obediencia militar. Hasta el nombre del puesto de la autoridad máxima de la Policía Nacional fue cambiado por ley., Ahora la Policía Nacional tiene un director y no un jefe, aunque los que dirigen mantienen la lamentable costumbre de vestirse como si fueran militares.
Los abusos de poder tienen que ser sancionados. Una sociedad se fortalece cuando existen instituciones y funcionarios con capacidad para sancionar lo que la ley prohibe. Y los abusos están prohibidos de todas las formas posibles.