La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San José de Ocoa tomó una decisión abusiva, injusta, discriminatoria, lesiva e injustificable contra la joven Aris Nurys Tejada Ortiz (Dariela), de 20 años, a quien le dictó tres meses de cárcel como medidas de prevención por supuestamente haber violado el artículo 317 del Código Penal de la República Dominicana.
Dariela acudió a un centro de salud de San José de Ocoa, con un embarazo en proceso de interrupción. Cuando recibía las atenciones médicas, de acuerdo a la versión periodística, se produjo el desenlace con la expulsión del feto de aproximadamente seis meses.
Desde el centro de salud fue enviada al Centro Correccional de Mujeres de Baní. Hay que suponer que se encontraba convaleciente por el tratamiento médico que recibió y por su estado de embarazo inmediatamente interrumpido.
Su testimonio es más que elocuente. Estaba embarazada, su esposo le dio una pastilla y entró en un estado de crisis. Como es normal, acudió a un centro de salud a buscar los auxilios necesarios. Lo primero que hay que Poner en dudas es la viabilidad de una interrupción de un embarazo con seis meses mediante la toma de una pastilla.
La prisión de la persona convaleciente es abusiva y de extrema gravedad, porque el Ministerio Público ha dicho que está investigando el caso. Esto quiere decir que los fiscales no tienen la historia completa para levantar cargos contra Dariela, tampoco tienen las pruebas como para imputarla y ordenar prisión. Dariela, además de esposa y de estar afectada por la pérdida de un embarazo, es madre de un hijo menor que se queda sin la atención de su madre.
Dariela y su esposo son víctimas de la sociedad dominicana, que no ha permitido la educación integral en sexualidad en las escuelas. Son víctimas de las autoridades que no han tenido el valor de educar a la juventud dominicana para hacer frente a situaciones como la que acaban de vivir. NIngún estudiante dominicano recibe educación adecuada para manejar embarazos, ni para hacer frente la influencia de la medicina popular.
Francisco Alvarez Valdez, reconocido abogado, declaró que desde el punto de vista jurídico la prisión de Dariela es una barbaridad, tomando en cuenta que el Ministerio Público carece de las pruebas para acusarla, y pese a ello solicitó y obtuvo tres meses de prisión preventiva. “En el caso Odebrecht se solicitó prisión preventiva varios meses después de iniciada la investigación”. Aún hoy, luego de que se presentaran pruebas y justificaciones jurídicas para mantener la prisión preventiva, los imputados en el caso Odebrecht están en libertad a la espera del inicio del juicio en su contra ¿Por qué razón a Dariela hay que aplicarle prisión por un hecho que ni siquiera se ha investigado?
Medidas draconianas como esta promovida en San José de Ocoa genera mucha indignación, porque se pueden contar con los dedos de la mano los casos de sometimiento judicial por violación del artículo 317 del Código Penal. Yeni Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional, dijo hace unas cuantas semanas que con 15 años en el tren judicial nunca ha visto un sometimiento por una interrupción del embarazo.
Hace falta claridad del Ministerio Público y que se investigue realmente lo ocurrido, para que no continúen cometiendo injusticias como la que ha llevado a prisión, sin pruebas, a Dariela Tejada Ortiz.