El apresamiento, el pasado domingo en el Estado Quisqueya, del joven Máximo Romero Marcial, y su traslado a la Fiscalía de Cristo Rey, por agentes al servicio de Radhamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, es un abuso mayúsculo, que no puede quedarse sin una actuación responsable del Ministerio Público.
Se trata de una franca violación del derecho al disfrute de un acto público, como es un partido de beisbol, y de una violación al derecho a la libertad de expresión, que también es para uso y disfrute de todo ciudadano dominicano. Si el señor Camacho se sintió mal, o agredido, por alguna expresión que considerara hiriente, tenía todo el derecho de acudir ante los tribunales, querellarse contra Máximo Romero Marcial, pero sus agentes de seguridad jamás debieron intervenir y detener a quien expresara palabras o acusaciones hirientes.
Como funcionario público, y como legislador, Radhamés Camacho, es responsable de la formación de las leyes, y sólo en su ejercicio en la Cámara de Diputados tiene protección y está resguardado para realizar su trabajo, pero jamás se le ha concedido prerrogativa, ni a él ni a los agentes que lo protegen, para detener a nadie ni para llevarlo ante ningún miembro del Ministerio Público.
Máximo Romero Marcial, que es una persona educada, un trabajador del sector privado, con todos sus derechos civiles y políticos activos, tiene la posibilidad de contratar abogados y proceder judicialmente contra los agentes que abusaron de su rol de protección al presidente de la Cámara de Diputados. Camacho no estaba en el Estado Quisqueya como presidente de la Cámara de Diputados, sino como ciudadano, en iguales condiciones que Máximo Romero.
Camacho está obligado a respetar a los ciudadanos que le insulten o le digan palabras descompuestas por sus actuaciones como funcionario en uno de los poderes del Estado. Lo que no es aceptable es que lo agradan físicamente, y en ese caso los agentes que le protegen tienen autoridad para detener a cualquier persona que lo haga. Pero este no fue el caso.
Los funcionarios públicos, legisladores y políticos tienen que prepararse para conocer hasta dónde llegan sus potestades, y evitar que se cometan abusos como el que acaba de producirse contra un ciudadano que sencillamente dio una opinión que el presidente de los diputados consideró ofensiva. Es el derecho de Máximo Romero expresar lo que desee, en libertad y sin coacción, y menos prisión, y en caso de que el ofendido lo desee tiene derecho a acudir ante la autoridad competente, un juez, para reclamar las sanciones que corresponden, si se ha violentado alguna ley.
Los agentes que actuaron abusando de su autoridad deberán ser sometidos a un proceso de sanción, sea por la Policía Nacional o por un juez, en caso de que sean sometidos, y el propio presidente de los diputados, conociendo que su actuación fue violatoria de la ley, también deberá ser sancionado por abusar de su condición de diputado.