Finalmente el presidente Danilo Medina remitió al Congreso Nacional su proyecto de Ley de Declaración y Revalorización Patrimonial, que aplicaría para todas las personas físicas y morales que deseen poner al día sus tenencias, tanto en el país como en el exterior, y que no han tenido la oportunidad de hacerlo. Vale decir, que quienes tienen fortunas ocultas, bien habidas o mal habidas, tienen la oportunidad de legalizarlas en el período de vigencia de esta propuesta de ley.
Está bien que el Estado brinde una oportunidad a quienes han evadido el pago de los tributos de ley, para ponerse al día en materia tributaria, pero no está bien que quienes se han apropiado del patrimonio público también puedan hacerlo, utilizando una puerta legal que le abre esta pieza presidencial.
Sólo pagaran un impuesto único que iría entre un 3 y un 5 por ciento del monto total de lo declarado.
Los bienes susceptibles de ser declarados y legalizados son todos aquellos, en moneda nacional o extranjera, que se encuentren depositados en una entidad regulada. También se podrán declarar los instrumentos financieros, valores emitidos, acciones nominativas, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otro tipo de patrimonios. Todo se vale, y todo está incluido, para que no haya que seguir ocultando los bienes adquiridos. No se va a preguntar mucho, ni se amenaza con la confiscación de los mismos, sea usted Senador, Ministro, político enriquecido, narcotraficante, traficante de personas o cualquier otra actividad.
El Estado renuncia a preguntar mucho, pero desea recibir entre el 3 y el 5 por ciento de los bienes declarados. Por ejemplo, si usted es responsable de alguna quiebra bancaria, ahora tiene la oportunidad de legalizar lo que guardó de sus actuaciones ya sancionadas por ley, o si usted ha sido ministro aprovechado, igualmente podrá legalizar las tenencias que no se ha atrevido a mostrar.
Los inmuebles en manos de testaferros, o que han sido escondidos en sociedades innominadas, también podrán ser incluidos en esta sincerización fiscal que ofrece el Estado. Si los inmuebles han sido declarados por un valor menor del real, también ahora se tiene la oportunidad de ponerlos al día. Podrá legalizar cualquier tipo de patrimonio, siempre que la revaloración implique una disminución de sus activos. Y claro, como somos especialistas en simulación, también se podrá pasar cualquier subvaluación de patrimonio, si bien se asesora, tomando en cuenta la reducción de la eficacia de los expertos de la DGII en este período especial.
La cuestión es cómo reaccionarán los empresarios, profesionales y demás sectores productivos, sacrificados, que han pagado religiosamente sus compromisos fiscales. ¿No se trata de un estímulo al fraude, a la evasión fiscal, y a los corruptos, para que legalicen sus tenencias, porque siempre habrá gente poderosa en el gobierno con ánimo para proponer exenciones y temporadas especiales para legalizar sus adquisiciones?
¿Tendrán las autoridades los mecanismos para determinar cuántos activos y riquezas producto del lavado de dinero o del crimen organizado se blanqueará con esta disposición transitoria? ¿Cuántos funcionarios corruptos legalizarán el producto de sus actos con esta ley?
Esta propuesta no forma parte de ninguna reforma estructural del sector impositivo, sino que se ha venido negociando, estudiando desde hace meses, y finalmente cae en el Congreso para tranquilidad de los que tienen grandes cantidades de dinero que no pueden utilizar legalmente, porque serían objeto de señalamiento público y hasta de denuncias.
Habría que ponderar esta iniciativa, precisamente por el momento en que se encuentra la transparencia en la República Dominicana. Es preocupante que sigamos abriendo puertas a la impunidad y a la evasión fiscal.