Los cuerpos de las mujeres en República Dominicana no son cuerpos libres, son cuerpos atrapados. No son cuerpos autónomos, son subordinados. No son sus cuerpos, son los cuerpos del Estado, son de la Iglesia, de los diputados, senadores y de todo mundo, menos de ellas mismas.
Sectores fundamentalistas y grupos conservadores (como las Iglesias evangélicas – pentecostales y la Católica), condenan a las dominicanas por tomar decisiones sobre ellas mismas. Por ser emancipadas, dispensadas y libres; y no encarceladas, supeditadas y sujetas.
El Estado dominicano sigue viendo a las mujeres como incubadoras, como cuerpos públicos que tienen la única tarea de parir. La execrable división sexual del trabajo, afortunadamente hoy más condenada que antes y medianamente superada por algunas sociedades, aún prevalece en la psiquis social del Estado y sobre todo en las estrechas mentes de algunos de nuestros timadores representantes en el Congreso, que al día de hoy, y sin ponerse la “mano en el pecho” criminalizan a las mujeres que quieren decidir sobre ellas mismas, por considerar el aborto como un atentado directo a la “Voluntad de Dios”. El trabajo reproductivo es de las mujeres y el trabajo productivo es de los hombres. Ellas están dentro y ellos fuera. Ellas en la casa y ellos en la tribuna. Ellas pariendo y ellos gobernando (Estado).
El aborto está penalizado en todas sus formas en el Código Penal, cuestión que convierte en criminales aquellas mujeres que libre y autónomamente decidan tomar decisiones trascendentales sobre sus cuerpos y vidas. Criminalizar a las mujeres por acceder al aborto es una forma moderna de institucionalizar la violencia contra las mujeres.
A pesar de las observaciones del Poder Ejecutivo, el Senado sigue siendo el verdugo de las dignidades de las dominicanas. Porque no sólo prohíben el aborto, sino que lo prohíben hasta cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el feto no tiene posibilidades de vivir o viene con alguna malformación y cuando el feto es producto de una violación sexual. El artículo 37 de la Constitución Política de Rep. Dominicana dice: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
Pero acaso ¿No es una violación al derecho de la vida de las mujeres, que la obliguen a tener un embarazo que atenta contra su propia vida?, ¿Acaso no es tortura y una condena a pena de muerte que en contra de su voluntad las obliguen a tener un embarazo producto de una violación sexual?… Tan sólo recordemos el caso de Rosalba Almonte (Esperanza) niña de 16 años, a quien el Estado dominicano le negó el derecho a vivir, y sobre su voluntad y la de su madre, no le aplicaron el tratamiento que requería para combatir la enfermedad que padecía (leucemia) por no afectar al feto. Al final: murió Esperanza y murió el feto, como han muerto muchas niñas y mujeres dominicanas por no contar con un Estado que les garantice su derecho a vivir. Si esto no es tortura, ¿qué alguien me explique qué es?
El Estado dominicano miente, miente todos los días, miente hasta en la Constitución. En el art. 7 de la misma Constitución dicta que el Estado dominicano es un Estado Social y Democrático de Derecho, fundando en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales. ¿Pero acaso Rosalba no tenía el derecho fundamental basado en su dignidad humana de vivir?, ¿Acaso una niña violada sexualmente no tiene el derecho fundamental apoyado en su dignidad humana de decidir no tener un embarazo que ella no quiso y ni quiere?
El Estado dominicano penalizando el aborto, convierte en criminales a las mujeres, y con ello al igual que el “hombre violador” que interceptó a la niña estudiante en el callejón del barrio y la violó a las 8:00 de la noche…el Estado se convierte en ese acechador violador de miles de mujeres dominicanas que quieren acceder de manera segura, gratuita y libre al aborto sin ser satanizadas, y no pueden. Como sociedad arrastramos muchos cuerpos ensangrentados y sin vida. Deberíamos sentir vergüenza.
Referencias:
Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010. Recuperada en: http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/constitucion2010.pdf