Se cuenta que Francisco Pizarro emprendió la conquista de Perú con ciento doce hombres y cuatro caballos. Tras un montón de avatares sin nombre, incluida la valiente resistencia indígena, y con sus huestes desalentadas, el explorador español trazó la ya legendaria Línea de Pizarro. Con él o contra él. Solo le siguieron trece hombres.
La conquista de logros en la lucha contra la corrupción no enfrenta menores desafíos que los de Pizarro. Avanzar hacia un Estado cuyos funcionarios no lo asuman como un codiciado botín es un objetivo ciertamente ambicioso, pero no imposible de alcanzar.
Lo más importante es trazarse pequeñas metas, objetivos escalonados que persigan establecer una amplia normativa que más temprano que tarde fortalezca un sistema de prevención, estímulos y régimen de consecuencias.
Sin embargo, es frecuente pasar por alto el enorme influjo que supone la postura pública del Presidente de la República, sobre todo si ella va acompañada de gestos firmes y sostenidos que marquen un rumbo meridiano y diáfano ante la corrupción administrativa.
El presidente Luis Abinader pareció querer marcar un punto de inflexión en ese tenor al advertir ayer -Día Nacional de la Ética- que los funcionarios que no cumplan con el código de ética pública recién firmado, deberían renunciar a sus puestos.
Hemos contemplado por años, por décadas, a mandatarios dominicanos discurrir sobre la lucha anticorrupción, o amenazar con aplicar esta o aquella sanción, mas ese teorizar constante no ha pasado de ser un parloteo burlesco que no ha pasado a mayores.
Hemos visto, ¿cuántas veces?, que quienes están en el deber de prevenir, vigilar y castigar el cohecho no pocas veces prefieren ignorarlo, auspician, promueven o se coaligan con entramados corruptos.
La ausencia de un sistema de sanciones efectivo, la debilidad que en ese sentido presenta el Código Penal y una cultura de aprovechamiento individual que atraviesa toda la sociedad, se convierte en serios desafíos a ser afrontados con determinación.
Desde Acento hemos enarbolado de modo insistente una proclama contra la corrupción que plantea, de manera inequívoca, que su enfrentamiento debe ser integral, sin miramientos, siempre enmarcada ésta en el respeto al debido proceso.
Por lo mismo, vemos con esperanza que la actual gestión del Ministerio Público se encamina hacia una oxigenación de la sociedad dominicana mediante la apertura de casos que sienten un precedente alentador para quienes claman por justicia contra los desfalcadores del Estado.
Con la "invitación" a sus funcionarios a que renuncien si no pueden acatar los lineamientos éticos de su gobierno, Abinader, a mas de enfatizar su interés por la debida transparencia, traza su propia Línea de Pizarro.
¿Cuántos seguirán tras el Presidente? No lo sabemos, pero si son trece no importa. Hay momentos en la Historia en que no siempre las buenas causas cuentan con muchos adeptos.