Dígannos, magistrados, ¿qué es necesario hacer?: ¿Serpentear sobre las aceras envueltos en silicio?, ¿descansar los pies sobre un costado de púas?, ¿flagelar las espaldas con un látigo de alambre?, ¿perforar los genitales con argollas incandescentes?, ¿zurcir el ano con hilos de nylon?, ¿ingerir trozos de vidrio? ¿Cuál rito o expiación, sacrificio o ablución es preciso oficiar para merecer una Justicia capaz de juzgar a un político? Ya que el ladrido de un perro realengo o el eructo de una hartura grasienta despierta más sensibilidad que el clamor ciudadano, dígannos, honorables magistrados, qué más debemos pedir.
Y que no vengan los teóricos del sistema con la ajada “retórica garantista” aplicada ortodoxamente cuando el imputado tiene marca política o rango social, pero diluida en fórmulas abstractas cuando es un huérfano del poder o de la estirpe. Esos mismos apologistas del constitucionalismo procesal que asumen selectivamente la “tutela judicial” como religión solo si el sujeto de la acusación tiene tallas de poder. A esos les digo que me importan un carajo sus opiniones, quizás tanto como le ha importado al sistema judicial dominicano la impunidad de la corrupción pública. Podrán tintar de todos los matices mi libre expresión y etiquetar como “populista”, “injerencista” y “terrorista” mi reclamo; les daré razón cuando haya un político corrupto condenado.
El próximo 11 de agosto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitirá su fallo con respecto al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la sentencia del magistrado Alejandro Moscoso Segarra que rechazó la acusación al senador Félix Bautista y compartes. Esta vez la decisión será colegiada. En la composición del tribunal hay tres jueces de carrera: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Juan Hiroito Reyes Cruz, y dos del entorno político del principal procesado: Alejandro Moscoso Segarra y Frank Euclides Soto Sánchez; de estos últimos no debe esperarse nada distinto al fallo apelado. En ese escenario, bastará el voto favorable de al menos uno de los jueces de carrera para sellar solemnemente la impunidad del caso de corrupción más alegórico en nuestra historia de saqueos. De la prudencia de esos tres magistrados pende el rumbo de esa historia. El voto de uno de ellos a favor del criterio de los jueces políticamente empeñados será suficiente para vincular la decisión del tribunal. Es casi seguro que algunos tratarán de redimir su honor y convicción personal con un voto disidente lo suficientemente motivado, pero al final lo que queda es el fallo del tribunal, y esa decisión los arrastrará igualmente sin considerar las salvedades individuales. Presumo que en la dinámica deliberativa del caso se han ponderado los factores ajenos a su estudio y han intervenido las más diversas presiones. Es imperativo recordarles a esos jueces que de este lado hay también ciudadanos esperando justicia y que, a pesar de no contar con los medios ni la voluntad para manipular, tienen en sus manos el poder soberano para juzgar su decisión en virtud de la facultad que como pueblo le ha delegado a sus jueces para administrar justicia en nombre de la República. El riesgo de una Justicia deleznable, servil y sumisa es que la sociedad reasuma por su cuenta el ejercicio de esa delegación; de llegar a esa regresión, volveremos a la caverna.
Me sorprende cómo en un simple examen de mérito de una acusación haya que dar tantos rodeos y malabarismos, sobre todo para un procesado que no tiene la forma racional ni probatoria de demostrar su fortuna. Esa sola circunstancia, sin considerar otras, es suficiente para merecer un juicio donde el acusado tenga la oportunidad procesal para defenderse. El expediente tiene sus fallas y ligerezas, es cierto, pero ninguna afecta sustancialmente su esencia probatoria ni su fundamentación acusatoria, que es lo que se juzga en esta fase. Los detalles técnicos parecen hormigas ante el gigantismo de los hechos imputados. No ponderarlos sería una felonía. El fallo apelado de Moscoso Segarra fue un paseo por la periferia de la acusación buscando atajos técnicos que le permitieran no adentrarse en su centro medular; un ejercicio judicial patéticamente mediatizado y huidizo.
Existen casos donde hay que estirar los conceptos y afinar el derecho, en este no se plantea ni remotamente tal desafío hermenéutico o dogmático. De manera que una decisión a favor de la acusación no debe temer a una posible inconsistencia con principios y garantías procesales. En el abordamiento del expediente pesa más el carácter voluntario del juez que la motivación jurídica. Es un caso extremadamente fácil: no compromete análisis enjundiosos ni la fase procesal que agota exige mayores exploraciones. Lo difícil es vencer los severos condicionamientos políticos que gravitan en su solución. Ahí mediremos la templanza de los jueces y la independencia de su accionar. Los magistrados sin vínculos partidarios, todos jueces de carrera, pondrán a prueba al sistema judicial dominicano y su obligación con una justicia verdaderamente autónoma. Su decisión no solo es oportuna sino trascendente y la sociedad recordará sus nombres en un sentido u otro.
Qué pena ver a un juez rendido al poder político por complacencia, gratitud o pusilanimidad. La Justicia debe reparar las sinrazones y los agravios que la autoridad pública le ha infligido a la sociedad a través del uso abusivo del poder. No siempre se presentan oportunidades como estas en un ambiente dominado ancestralmente por la impunidad. Los magistrados de carrera Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Juan Hiroito Reyes Cruz tienen una gran responsabilidad: suplir con su decisión las carencias de un desempeño judicial adocenado y dócil de los jueces políticos y abrirle una brecha de esperanza a una sociedad que ha esperado tanto para que “sus representantes” rindan cuentas de su gestión y paguen las consecuencias de su desafueros. Si la gratitud, la cobardía y la lealtad cuentan más, entonces sabremos qué tan hundida está la Justicia y si merecemos tenerla. ¡En sus manos estamos, honorables magistrados! Nos veremos el 11.