Más de 2 mil ciudadanas y ciudadanos firmaron un documento, entregado ayer al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para que se cumpla la voluntad del pleno de la dirección del gobernante Partido Revolucionario Moderno, dice que en el proyecto de Código Penal nuevo se incluyan y se aprueben las tres causales como eximentes de responsabilidad penal por la interrupción del embarazo: Cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo es el resultado de un incesto o una violación y la voluntad de la violada es salir del embarazo, o cuando el producto es inviable y resulta comprobado médicamente.
Los diputados deben conocer las razones que se expresan en ese documento. Y también debían leer la lista de personas que asumen como válido que la República Dominicana no sea una excepción en el mundo, como ya resulta ser, al penalizar la interrupción del embarazo en cualquier condición, sin respetar la voluntad de la mujer, por lo menos en estos tres casos extremos.
Lo que dice el documento es breve y claro, y al mismo tiempo razonable y justo, y es admisible por parte de los legisladores. Ojalá lo asuman. Aquí el documento:
A favor de las tres causales de la interrupción del embarazo en el Código Penal
Las personas abajo firmantes demandamos garantías inmediatas a la salud, la vida, la dignidad e integridad de las mujeres, en apego a la Constitución Dominicana, a través de la despenalización de la interrupción del embarazo en circunstancias extremas, de manera que la mujer tenga el derecho a decir si continúa o no con el embarazo: 1) cuando está en riesgo su vida, 2) cuando existe una malformación del feto incompatible con la vida, y 3) en caso de violación sexual o incesto.
La prohibición y criminalización absoluta del aborto violenta derechos constitucionales de las mujeres (Art. 42) e ignora las obligaciones internacionales del Estado Dominicano de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres a la vida, la salud, la integridad física y psicológica. Además, contraviene la prohibición de la tortura, tratos crueles e inhumanos, y perpetúa la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
Con la penalización absoluta se profundiza la discriminación, la violencia y la injusticia social porque induce a mujeres embarazadas, especialmente aquellas más empobrecidas, a recurrir al aborto en condiciones muy inseguras en la clandestinidad, poniendo aún más en riesgo su vida y salud.
La penalización absoluta ha resultado ser ineficaz en la prevención del aborto y solo aumenta los riesgos humanos y sociales. De hecho, muy pocos países del mundo contemplan en su legislación la penalización absoluta del aborto. En América Latina y el Caribe solo mantienen una legislación totalmente restrictiva El Salvador, Nicaragua, Honduras y la República Dominicana.
Un Estado preocupado por la salud y la vida de las mujeres debe definir políticas para disminuir los embarazos no deseados, mejorar la calidad y cobertura de métodos anticonceptivos, garantizar el acceso a la educación sexual integral y científica, reducir los embarazos en adolescentes, y fortalecer las políticas públicas sobre salud sexual y salud reproductiva, en especial para las jóvenes y adolescentes.
Distinguidos legisladores y legisladoras:
Sobre sus hombros recae la responsabilidad de garantizar la vida y la salud de las mujeres, derecho fundamental que debe ser protegido por encima de intereses particulares políticos o religiosos.
Apoyamos la inclusión de las tres causales en el Código Penal sin dilación ni confusión.
Los documentos: