Antes de que el recién nombrado Héctor Mojica asuma la dirección de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Ministerio Público está obligado a tomar posesión de las instalaciones donde se encuentra el despacho del destituido Manuel Rivas Medina.
Corresponde una investigación más detenida y profunda de las operaciones que se realizaban en la OMSA y que condujeron al crimen contra el abogado Yuniol Ramirez.
Además de la muerte del abogado Ramirez, hay un hecho incontrovertible: Fue mandado a matar por denunciar actos de corrupción en la OMSA. El Ministerio comprobó que el empresario Eddy Rafael Santana Zapata sirvió de intermediario entre Manuel Rivas y Yuniol Ramirez, de acuerdo con la versión oficial, para pagar 4 millones de pesos por el silencio del abogado.
Es decir, en la OMSA ha habido corrupción y corresponde al Ministerio Público investigar los detalles de esa corrupción, indagando los servicios que se contrataban allí con empresarios y los pagos que se acordaban por servicios. Y comprobar lo denunciado por Yuniol Ramirez.
Está muy bien que el presidente Medina haya emitido el de decreto de destitución de Manuel Rivas Medina. Es lo que correspondía en este caso. Ojalá lo hubiese destituido o sustituido antes y tal vez hubiese evitado esta tragedia. Rivas estaba en la dirección de la OMSA desde el 2012.
Los datos en poder del Ministerio Público deben ser contundentes sobre los manejos que realizaba el señor Manuel Rivas y sus asistentes, en particular los señores Argenis Contreras González (Prófugo) y José Antonio Mercado Blanco (El Grande). Ellos aparecen como los que decidieron y ejecutaron la muerte de Yuniol Ramirez.
¿Era práctica de esos funcionarios resolver sus conflictos de ese modo? ¿Hay una investigación sobre sus antecedentes criminales? ¿Actuaban de forma independiente a la voluntad del director de la OMSA o se supeditaban a lo que ordenara Manuel Rivas? ¿Si Manuel Rivas fue quien habló con el empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla para que sobornara a Yuniol Ramirez, cómo no sería él quien diera la orden de matarlo si Ramirez se negaba al soborno? ¿Se habrá negado Ramirez al soborno y por eso lo mataron?
Son preguntas que deberá responder el Ministerio Público, y seguro que no tendrá oportunidad de hacerlo si en la OMSA se instala Héctor Mojica como director en las actuales circunstancias. Mojica llega como nuevo director y querrá borrar todo vínculo con este escándalo. Hará lo que hacen otros directores que llegan a entidades gubernamentales luego de una destitución de su principal ejecutivo.
Eso precisamente fue lo ocurrido con la OPRET, luego de la destitución del ingeniero Diandino Peña. Nada se investigó, pese a los documentos mostrados por Alicia Ortega y a las pruebas existentes sobre el uso de testaferros, compañías secretas, fortunas incrementadas y muchas otras barbaridades, y nada se sabe de lo investigado, si es que lo ha hecho, por el Ministerio Público sobre la denuncia contra Diandino Peña.
La idea es que no pase lo mismo con esta institución, envuelta en un crimen horroroso y vergonzoso para el Estado Dominicano.