El Seguro Nacional de Salud (SENASA) es una de las instancias que nacieron con el sistema dominicano de Seguridad Social, y debe ser mantenido ofertando sus servicios con calidad y eficiencia. La ley 87-01, se Seguridad Social, le atribuye a este organismo la responsabilidad de la administración de riesgos de salud de los afiliados subsidiados, contributivos y contributivo-subsidiados del sector público y de los contributivos del sector privado que la escojan voluntariamente. La doctora Altagracia Guzmán Marcelino realizan un gran esfuerzo para que el SENASA pueda cumplir el rol como proveedor de servicios de salud, pero encuentran obstáculos serios relacionados con el financiamiento. Es cierto que el gobierno ha dispuesto de fondos especiales, luego de que Fernando Caamaño, Superintendente de Salud del sistema de Seguridad Social, denunciara que el SENASA estaba quebrado y que no estaba cumpliendo con sus obligaciones. La ley es muy clara respecto al cobro y pago de los servicios de las diferentes prestadoras. La clientela del SENASA es, principalmente, entre los empleados del Estado, a los cuales se les descuentan fondos, y el Estado, como empleador, tiene el compromiso de proveer otros fondos para que haya una seguridad en materia de salud. Los hospitales públicos están abarrotados de reclamos de servicios. No hay fondos para cubrir las demandas de atenciones en salud de la población. El virus del chikungunya ha afectado mucho más las deficiencias de los hospitales. El presidente decidió comprometer a los ministerios y enviar este viernes a miles de empleados a las calles para tratar de prevenir el virus, que afecta la normalidad de las actividades. El problema con el SENASA es que cada día son más los centros de salud privados que cortan los servicios a los empleados públicos y demás personas afiliadas al SENASA, porque las deudas de esa entidad se han acumulado, y porque poco a poco va quedando la impresión de que el SENASA no paga sus compromisos. La doctora Guzmán Marcelino y su equipo deben abordar este asunto con urgencia, porque la imagen del SENASA se va desmoronando en sus manos. Cuando a un empleado público, o su dependiente, le niegan un servicio en un centro de salud, porque el SENASA está excluido del crédito, se está creando un gravísimo problema a la familia del enfermo: Hay que buscar dinero, y es inapelable que los centros médicos cobran y dan en la madre a cualquiera. La salud de los ciudadanos empleados públicos o privados debe estar por encima de cualquier problema administrativo, y el SENASA está en la obligación de responder por el compromiso que tiene con todos sus afiliados. Las historias que están llegando a los medios de comunicación son tristes, y en el SENASA deben saberlo. Que busquen urgente una salida a este serio problema.
El SENASA, Altagracia Guzmán y la imagen del Estado
