“En los primeros nueve meses de este año se han registrado 1,425 muertes por accidentes de tránsito contra 1,270 homicidios, lo cual revela la gravedad del problema”, según informaron directivos del Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC). Esto significa 5.3 fallecimientos diarios sólo por accidentes de tránsito.
“El 43% de las víctimas accidentadas eran jóvenes en pleno vigor y actividad productiva, entre 15 y 34 años de edad”. En dos de cada tres casos, una motocicleta estuvo involucrada. Una buena cantidad de estos motores circulan libremente, y ante los ojos cómplices de las autoridades, sin matrícula, en mal estado, sin licencia y transportando hasta cuatro personas, todos desprovistos del casco protector. Todavía en nuestro país el uso del cinturón de seguridad es una opción, sujeto a la discrecionalidad de conductores y autoridades.
Las muertes por accidentes de tránsito se han incrementado en un 6.0% en lo que va del año, en comparación con igual período del año pasado. Dada la magnitud y frecuencia de los accidentes, un 6% constituye un crecimiento realmente alarmante, una verdadera tragedia nacional. Todas estas informaciones trascienden a nivel mundial, donde las estadísticas nos colocan en la cima de la mortalidad vehicular.
En estos días Mario Holguín, presidente de la Fundación Red de la Dignidad (FUNDARED), estimó que el costo de los recursos invertidos en accidentes de tránsito se acerca al 5% del producto interno bruto (PIB). “El país gasta al año más de 150,000 millones de pesos para atender a las víctimas por accidentes de tránsito”.
Un análisis elaborado por una firma chilena a solicitud del CNSS estableció que el costo de la atención médica por accidentes de tránsito equivale al 2.1% del PIB. Sin embargo, como dicho estudio sólo mide el costo del tratamiento médico, el estimado del 5% del PIB no luce muy exagerado, si se cuantifican todos los daños colaterales como secuela de un accidente de tránsito. Esta información me ha impacto, por lo que me siento obligado a insistir en el tema.
De ser cierto este cálculo, y no tenemos base para dudarlo, estamos hablando de una verdadera amenaza nacional, de una epidemia de tales dimensiones, que su costo supera el presupuesto dedicado a educación, luego de muchos años de lucha y demanda social. Este monto más que duplica el presupuesto anual con que el Ministerio de Salud Pública (MSP) debe atender todas las enfermedades del 60% de los hogares dominicanos que acuden en forma regular a los centros públicos de salud, no porque sean los mejores, sino porque son los únicos a los cuales tiene acceso la población de escasos recursos económicos.
Dada la gravedad del problema es absolutamente necesario, y urgente, que desde el más alto nivel nacional se adopten decisiones para enfrentar este terrible problema. Si el lamentable fallecimiento por dengue de más de un centenar de niños provocó la movilización coordinada de medio gobierno, el crecimiento alarmante de más de cinco personas diarias por accidente, amerita de acciones contundentes de las autoridades. No existen muertes menos importantes que otras.