SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Tribunal Superior Administrativo rechazó este viernes el recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) contra la resolución 13-2011 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que obliga a los bancos a ser agentes de retención del 1% a las empresas.

El tribunal rechazó el recurso porque consideró que la norma general emitida por la DGII no viola derecho alguno, como alegan los accionantes.

Los jueces Sarah Henríquez Marín, Judith Contreras y Federico Fernández consideraron además que la Constitución en el artículo 44 señala que toda persona tiene derecho a la intimidad, pero que esta lectura sólo aplica a derecho que tienen las personas físicas, no las personas jurídicas.

“Considerando que en el caso de la especie la norma general 13-2011, no puede considerarse violatoria a los derechos fundamentales a la razonabilidad e intimidad, ni al secreto bancario consagrado en la ley 183-02, toda vez que con la designación como agentes de retención de las entidades de intermediación financiera, a los fines las mismas retengan rentas gravadas, cuya declaración por ante la DGII, es mandatoria por ley y por la Constitución, al establecer la misma con un deber fundamental de todo ciudadano, previsto en su artículo 75, inciso 6, el tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva”, indica la sentencia.

Con este fallo la DGII retendrá el 1% de los intereses que generen los depósitos a plazo fijo de las personas jurídicas.

Reacción ABA

El abogado de la Asociación de Bancos Comerciales, Eduardo Jorge Prats, manifestó lo consternada que se siente la asociación que reúne todos los bancos del país luego que el tribunal superior administrativo rechazara el recurso de amparo.

“Se pone en juego la estabilidad del sistema bancario. Todos los informes serán entregados a la DGII, cuando la ley monetaria y financiera establece el secreto bancario”, expresó Jorge Prats.

El jurista dijo que la constitución declara el procedimiento que se hizo para aprobar la Resolución 13-2011 fue una violación del debido proceso y que a su juicio es un duro golpe al estado de derecho.