SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un factor de importancia que contribuye a profundizar los problemas del sistema energético es la debilidad de sus instituciones públicas, sostiene la revista especializada The Economist en su informe “El futuro del sector eléctrico en la República Dominicana”.
“Existe una falta de claridad en cuanto a los roles de cada institución involucrada en diversos ámbitos del sector”. Esto, según el estudio elaborado para la Fundación Global Economía y Desarrollo (Funglode), “a menudo resulta en una falta de coordinación y responsabilidades superpuestas y ofrece pocos incentivos para las instituciones en mejorar la eficiencia y reducir los costos”.
Al hacer un recuento de los temas que han “influido en la falta de éxito de los últimos esfuerzos de reforma” del sector, la influyente publicación inglesa reseña que las acciones oficiales continúan siendo “profundamente” criticadas.
“En el centro del tema, se encuentra lo que es percibido por algunos críticos como intervención gubernamental excesiva en el sector, lo que ha politizado los procesos y las políticas, la gobernabilidad indeterminada y la distorsión de los incentivos adecuados” en un contexto de libre mercado.
Más concretamente, señala que la “transparencia reguladora ha sido socavada” en ocasiones por “escándalos de corrupción y acusaciones de mal manejo de fondos públicos” de instituciones como la Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Añade que una “lucha de poder” entre la Superintendencia de Electricidad (SIE), el recién constituido Ministerio de Energía y Minas y la CDEEE “ha debilitado la regulación, ha perjudicado los estándares de gobernanza en el sector y la rendición limitada de cuentas”.
Este escenario “ha dañado la capacidad de la República Dominicana en atraer nueva inversión privada para la distribución de electricidad” y debilitado la confianza en el proceso de reforma del sector, aduce el estudio elaborado a instancias de Funglode, entidad que encabeza el ex presidente Leonel Fernández.
Señales “confusas” y licitaciones cuestionables
El documento de 48 páginas, con fecha del presente año (2015), establece recuerda que la inversión realizada por el sector privado ha sido “crucial” para el desarrollo del sector eléctrico.
En este sentido, establece que entre el 2000 y el 2013 la capacidad de generación instalada en el país aumentó en un 46%, siendo la mayor parte de esta financiada y operada por el sector privado.
Advierte, sin embargo,que las inversiones futuras en el sistema dependerán de la creación de un clima de negocios “más transparente y un contexto institucional más fuerte”.
Según The Economist, la mayor inyección de capital en el sector tuvo lugar en períodos “de fortalecimiento institucional”, como el proceso de capitalización a finales de los 90 y a comienzos de la década del 2000, o cuando han prevalecido en el sector “criterios de desempeño específicos” en el marco de los acuerdos de préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Recuerda que el último acuerdo con este organismo perimió en marzo del 2012, durante el gobierno de Fernández.
Según el estudio, los acuerdos con el FMI proporcionaron “un marco y un monitoreo que reforzó la confianza de los inversionistas” en el mercado local.
Concluye que “el escenario incierto para las generadoras ilustra cómo la falta de transparencia y la ausencia de un marco institucional fuerte pueden disuadir” las inversiones.
Esto, de acuerdo con los autores del informe, “está relacionado no sólo con los atrasos sustanciales del Estado a las empresas generadoras, sino también con la incertidumbre que rodea la inminente renegociación por el Gobierno de los contratos de compra de energía negociados bajo el acuerdo de Madrid, que iniciará en el 2016”.
Al referirse a la licitación para la compra de energía que ha iniciado la CDEEE, se advierte que “aunque el marco legislativo hace un llamado a licitación, la transparencia de este proceso podría ser cuestionada, dado los bajos niveles de confianza y alegaciones pasadas de irregularidades en la contratación pública y en los procesos de licitación” en la República Dominicana.
El documento forma parte de una serie de informes producidos por la Economist Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Económica) para Funglode, que iniciaron en el 2004, examinando una “amplia gama de desafíos de desarrollo que afectan al país y las posibles soluciones para resolverlos”.
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