La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó el archivo definitivo del proceso incoado por el Consorcio IMPE contra la licitación que llevó a cabo la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para la adjudicación de las plantas de carbón de Punta Catalina.

La decisión fue adoptada por la Tercera Sala del Alto Tribunal, presidida por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, en una audiencia pública celebrada el pasado 22 de junio.

En la misma, se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra una anterior sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), del 28 de abril de 2015, que anuló la acción judicial emprendida por Raúl Cabrera y Manuel Sebastián, accionistas de IMPE, contra el Comité de Licitación de la CDEEE, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la sociedad comercial Norberto Odebrecht-Technimont.

En los considerandos de su sentencia, la SCJ aduce que “no existe constancia” de que el Consorcio CGGC/Impe, conformado por la firma de capital chino Gezhouba Group Company Limited e Impe, y que fue uno de los licitantes para la construcción de la obra, haya autorizado su representación judicial encaminado a raíz de los resultados de la licitación.

Señala que, por el contrario, anexa al expediente figura una comunicación de fecha 6 de enero de 2014, suscrita por el líder del Consorcio CGGC/Impe, consignando “categóricamente que no ha autorizado a nadie para presentar una acusación”.

Concluye, por tanto, que para accionar a nivel judicial en su calidad de consorcio, se “necesitaba la autorización de la empresa Gezhouba Group Company Limited, accionista mayoritaria y representante del Consorcio para postular ante los tribunales de la República Dominicana.

La Licitación Pública Internacional CDEEE-LP1-01-2013 para la construcción del Proyecto Termoeléctrico de Punta Catalina -que IMPE impugnó por alegadas irregularidades- fue convocada en mayo del 2013 y concluyó en diciembre del mismo año, con la adjudicación de la obra al consorcio integrado por las firmas Norberto Odebrecht, Tecnimont e Ingeniería Estrella, por un valor estimado de 1,945 millones de dólares.

El complejo de generación eléctrica a base de carbón mineral consta de dos plantas con una capacidad instalada de 384.9 megavatios cada una, localizadas en la provincia Peravia. Según las proyecciones de la CDEEE, la central está avanzada en un 65% y estará lista para entrar en operación durante la primera mitad del 2018.

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