SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La República Dominicana debe poner en marcha políticas tendentes para impulsar el desarrollo de energías renovables, incluyendo aumentar las oportunidades de acceso al financiamiento a través de mecanismos nacionales e internacionales, así como reponer los incentivos que reducen los altos costos de la tecnología en más de un 20%.
En vista de que el país no produce petróleo “resulta oneroso” fundamentar el sistema energético a partir de combustibles fósiles y por lo tanto “sin lugar a dudas, es atractivo desde el punto de vista económico hacer una transición a energías renovables”, recomiendó Llilda Solano, experta en legislación económica y derecho empresarial, y socia de la firma DMK Abogados/Central Law.
Expuso sus criterios en el recién publicado libro “Inversiones Extranjeras en el Sector Energético en Latinoamérica”, del cuyo capítulo dedicado a República Dominicana es la autora.
Solano señaló que el Plan Energético Nacional, la Estrategia Nacional de Desarrollo y su Plan de Desarrollo Compatible con el Clima establecen que para el 2025 el 25% de la energía producida debe ser de fuentes renovables, y la reducción de gases de efecto invernadero en un 25% al 2030, y para alcanzar estos objetivos es necesario hacer la transición a un sistema energético sostenible.
Destacó que a pesar de estos ambiciosos objetivos “la visión energética de largo plazo del país todavía parece apoyar un sistema ampliamente basado en combustibles fósiles”; y cita como ejemplo que en el Ministerio de Energía y Minas tiene varios viceministros, pero ninguno de ellos a cargo de energía renovable.
Solano sugiere que este Ministerio se ocupe de recolectar y centralizar toda la información disponible sobre el sector energía que está dispersa en las varias agencias que existen; además crear una oficina que se ocupe de agilizar los largos procedimientos, tipo la ventanilla única que funciona en el CEI-RD y eliminar la diversidad de agencias estatales que inciden en el sector.
Pacto Eléctrico
Además propone revisar la Ley de Hidrocarburos para incentivar la generación y consumo de energía sostenible, y cuestiona que recientemente se ha aprobado una legislación que ha debilitado o eliminado algunos incentivos para la energía renovable.
Señala que el Pacto Eléctrico que se negocia debería restaurar las exenciones fiscales revertidas en el 2012 con la reforma fiscal, puesto que los impuestos y los aranceles a las importaciones aplicables a la tecnología de eficiencia energética o de energía renovable pueden desincentivar las inversiones, al aumentar los costos de la tecnología en hasta un 20% o incluso más.
Considera vital que se implemente el fondo de energía renovable creado por la ley 112-00 y “canalizar los ahorros internos” para apoyar proyectos de energía renovable y de eficiencia energética.