SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Apenas un 9% de los funcionarios y congresistas que asumieron, cesaron en sus funciones o fueron reelectos -entre el 16 de agosto y el 15 de octubre pasados- ha entregado a la Cámara de Cuentas su declaración jurada de bienes, y solo un 5% lo hizo en el plazo estipulado en la ley.

Hasta el pasado 4 de noviembre, de un universo de 5,183 servidores públicos, 4,727 -o sea, el 91%- no habían acatado este mandato de la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), ni recibido a cambio algún tipo de sanción.

Asimismo, solo el 5% de estos funcionarios, alrededor de 260, remitió esta documentación dentro del plazo de 30 días posteriores a su toma de posesión, como también establece esta legislación, según datos oficiales recopilados por el Programa para Estudios del Desarrollo Dominicano (PEDD), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Entre los actuales o exservidores del Estado que seguían hasta esa fecha sin rendir un informe de su patrimonio, figuran 21 viceministros y directores, 6 gobernadores, 96 alcaldes y 8 funcionarios salientes. Así como 5 senadores y 143 de los 190 diputados, es decir el 75% de la matrícula de la Cámara Baja (Ver listados al final del artículo).

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El PEDD es un programa adscrito al Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, de la PUCMM, con la colaboración del Centro Juan XXIII. La iniciativa cuenta con un equipo de profesores e investigadores de diversas disciplinas, liderado por el antropólogo y comunicador Fernando Ferrán.

El informe del PEDD revela que no existen registros o casos de algún funcionario que haya sido sancionado disciplinaria o penalmente por no haber efectuado su DJP, o investigado por “presunción de enriquecimiento ilícito”, como disponen sendos articulados de la Ley 311-14 y también su reglamento.

“Tampoco hay pruebas de investigaciones a propósito de ex funcionarios mencionados en la prensa por supuestos casos de irregularidad en el manejo de fondos públicos”, indica.

Sin soporte de Impuestos Internos

Señala que tampoco hay pruebas de alguna declaración jurada que contenga, entre su “documentación soporte”, la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) prevista en el artículo 8 de la legislación. Esto también incumple el artículo 8 de la legislación, que establece que las DJP solo serán recibidas si están completas, con todos los documentos requeridos.

En este sentido, el informe apunta que el instructivo de la Cámara de Cuentas para presentar las DJP “ni siquiera advierte al declarante la obligación legal de presentar una certificación de la DGII señalando el patrimonio registrado, de manera que coincida” con lo que se ha declarado.

Además, tampoco hay constancia de que se dé cumplimiento al proceso completo de verificación, inspección y análisis de las DJP previsto en el capítulo 5 de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, una iniciativa importante y más emblemáticas de la política anticorrupción que promueven y dicen estar aplicando las autoridades.

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