Los sucesivos gobiernos de Puerto Rico pudieron haber emitido deuda pública, durante la última década, por valor de 30.000 millones de dólares para financiar el déficit, lo que viola la Constitución del Estado Libre Asociado, según concluye la Comisión Integral del Crédito Público (CAICP).
En un informe difundido esta semana, la entidad pública, creada al amparo de la Ley 97 de 2015, subraya que la venta de bonos para cuadrar el déficit presupuestario podría, incluso, remontarse a 1979 y que su supuesta ilegalidad tendría que dilucidarse en un tribunal a petición del propio Ejecutivo puertorriqueño.
La entidad llega a la conclusión de que los cerca de 30.000 millones de dólares obtenidos de la deuda emitida se destinaron para cuadrar el déficit, algo que como recuerda el presidente de la comisión, Roberto Pagán, prohíbe el artículo VI de la Carta magna, que establece que las asignaciones del presupuesto no excederán los ingresos.
La única forma de que se exceda es a través del establecimiento de impuestos para cubrir la diferencia, apunta Pagán en su informe.
Destaca además que otra ilegalidad pudo darse si se tiene en cuenta que las emisiones de deuda se hicieron con un horizonte de pago a más de 30 años, cuando la ley indica que los vencimientos no pueden tener ese plazo.
Por ejemplo, la investigación llevada a cabo por la CAICP apunta a que la Corporación del Fondo de Interés Apremiante emitió deuda en 2007 con vencimiento en 2056.
Patrón gubernamental
El estudio de la comisión se refiere además a la última emisión de deuda del Gobierno, en marzo de 2014, por 3.500 millones de dólares, que se utilizaron para liquidar líneas de crédito con la Corporación del Fondo para el Interés Apremiante (Cofina) y refinanciar bonos a una tasa de interés más alta que la original.
La CAICP concluye que el Gobierno ha seguido un patrón que consiste en refinanciar deuda por vencer con cuyos pagos no se podía cumplir.
Los apuntes de la CAICP levantan dudas de si el Estado Libre Asociado a EE.UU. podría no tener que pagar deuda emitida hipotéticamente de formal ilegal, algo que dependería de que los acreedores fueran conscientes de que las emisiones se hicieron, supuestamente, al margen de la ley.
El legislador Manuel Natal, que trabajó en la creación de la ley que permitió crear la CAICP, matizó esta semana que para que lo hecho público tenga alguna repercusión en la negociación con los acreedores el Gobierno de Puerto Rico deberá llevar a los foros que correspondan las pruebas de posible ilegalidad.
Natal indicó que la CAICP lo único que puede hacer es presentar sus conclusiones, sin tan siquiera emitir juicios.
La información sobre la hipotética ilegalidad de la emisión de parte de la actual deuda, que ronda los 70.000 millones de dólares, llega después de que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. alcanzara un acuerdo sobre el texto del proyecto HR 5278 o Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (PROMESA, por su sigla en inglés).
El proyecto, que establece crear una junta de control sobre el Ejecutivo puertorriqueño, deberá ahora ser ratificada en la Cámara baja del Congreso estadounidense y el Senado, lo que se piensa que podría suceder durante este mes.
El Gobierno de Puerto Rico ve mientras cómo se acerca la fecha del 1 de julio, con vencimientos cercanos a los 2.000 millones de dólares, incluidos 700 millones correspondientes con Obligaciones Generales, un tipo de bono cuyo pago está garantizado por la Constitución de Puerto Rico, que establece su pago prioritario.