San Juan, 24 may (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico planea destinar el próximo año fiscal un ínfimo 2 % del presupuesto al pago de la deuda, lo que deja claras sus intenciones de dejar de pagar el grueso de sus obligaciones con los bonistas.
El jefe del Ejecutivo puertorriqueño, Alejandro García Padilla, dijo hoy que quienes critican el presupuesto recomendado para el ejercicio 2016-2017, de 9.100 millones de dólares que deberá ser ratificado en las cámaras legislativas y presentado el lunes, son unos "politiqueros".
García Padilla respondió así en una entrevista radial a los que aseguran que la propuesta de presupuesto para 2016-2017 es inconstitucional por no incluir las partidas necesarias para el pago del total adeudado a los acreedores.
El portavoz del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado local, Larry Seilhamer, aseguró a través de un comunicado que el presupuesto es inconstitucional e ilegal por, apuntó, no incluir el pago de la totalidad de los vencimientos para ese periodo de una deuda que en su conjunto ronda los 70.000 millones de dólares.
La candidata a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Lourdes Santiago, cuestionó por su parte qué pasará con las obligaciones generales, en referencia a unos bonos cuyo pago está garantizado por la Constitución local
"Nuestra Constitución garantiza que en el presupuesto se asigne una partida para el pago de la deuda y Puerto Rico ha cumplido con esa asignación durante los pasados años. Sin embargo, vemos ahora cómo el gobernador echa para un lado lo que es un mandato constitucional y presenta un presupuesto irresponsable que obvia la deuda", indicó Seilhamer.
La candidata a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Lourdes Santiago, cuestionó por su parte qué pasará con las obligaciones generales, en referencia a unos bonos cuyo pago está garantizado por la Constitución local.
El presidente del PNP, Pedro Pierluisi, subrayó que el presupuesto debe confeccionarse sobre la base de un estimado real de recaudación, algo en lo que ha fallado el Ejecutivo que encabeza García Padilla, según su apreciación.
El gobernador anunció durante la presentación del presupuesto que de los 9.100 millones de dólares un total de 209 será destinado al pago de intereses de deuda.
"Para demostrar nuestra buena fe con los acreedores hemos reservado 209 millones de dólares para el pago de intereses de la enorme deuda que vence el próximo año fiscal. Pagarla en su totalidad hubiese representado quitarle la tarjeta de salud aproximadamente a más de un millón de personas", justificó García Padilla.
El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz, aclaró tras la presentación que si el Gobierno tuviera que responder al total de los vencimientos de deuda que cumplen durante el año fiscal 2016-2017 habría que modificar el presupuesto ya presentado y, obviamente, reducir partidas asignadas a servicios para la población.
En el caso de que los tribunales decidieran que el Gobierno de Puerto Rico tuviera que pagar en ese periodo todos los vencimientos, el desembolso alcanzaría los 1.391 millones de dólares, según explicó Cruz.
El gobernador destacó durante la presentación que el presupuesto no es deficitario, ya que cada dólar asignado corresponde a un estimado real de ingresos recurrentes.
"Continuamos dejando atrás las prácticas nocivas de cuadrar el presupuesto con medidas extraordinarias de 'recaudos' o con préstamos", concluyó.
El presupuesto de 9.100 millones de dólares para el año fiscal 2016-2017 que comienza el próximo 1 de julio supone 700 millones menos que para el ejercicio que ahora termina.
El jefe del Ejecutivo dejó claro que aunque menor si se compara con el del año fiscal que termina en semanas no reduce las partidas de salud, educación, seguridad pública, agricultura y bienestar social, garantizando los servicios que esas agencias brindan.
El presupuesto deberá ser ratificado ahora en las cámaras legislativas, donde actualmente hay un enfrentamiento con el jefe del Ejecutivo a causa de un incremento del Impuesto del Valor Añadido con el que el Gobierno quiere aumentar la recaudación al que se oponen los legisladores. EFE