SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche) solicitó que el Gobierno ordene a la Dirección General de Aduanas (DGA) impedir el ingreso al mercado local de productos lácteos etiquetados en idiomas extranjeros, que no vengan con una etiqueta complementaria colocada por el fabricante, en su país de origen.

El presidente de la entidad, Erick Rivero, reiteró que algunos comercios se han dado a la práctica de vender leche importada adulterada, sobre todo de Europa, lo que constituye una competencia desleal para la producción local y un riesgo para la salud de los consumidores.

Esta práctica también fue denunciada por el vicepresidente del Grupo Rica, Julio Brache, quien instó a las autoridades a proceder contra estos establecimientos.

“Algunos comercios están enfundando la leche sin ninguna condición de higiene, sin registro sanitario, sin registro industrial, y también se está adulterando, o sea que lo que dice el etiquetado no es realmente lo que le están vendiendo a los consumidores”, sostuvo.

El también presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Lácteas (ADIL) explicó que esa leche es adquirida muchas veces en almacenes ubicados en países desarrollados, que se conocen como “cementerios” porque allí llevan los productos vencidos o que están cerca de expirar.

El empresario Julio Brache, alto ejecutivo del Grupo Rica.

“Son almacenes donde van a parar todos los productos ya expirados o próximos a vencer, a menos de la mitad del precio y traerlos aquí con un papelito que es una etiqueta complementaria, para competir deslealmente con el productor dominicano”, amplió el empresario.

Brache criticó que a doce años de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) “todavía aquí estamos permitiendo que entren productos a competir deslealmente con la producción nacional, con un papelito pegado”

Al participar en una actividad celebrada en la sede de Aproleche, el ejecutivo del Grupo Rica reiteró que esta práctica debe llegar a su fin a partir del 1 de enero del 2017, cuando vence el plazo que dio el Gobierno para que todos los productos que se comercialicen en el país deban tener etiquetas en español.

“A partir del 1 de enero no pueden haber etiquetas complementarias, deben ser puestas en el país de origen, porque el compromiso del fabricante y el consumidor no lo puede asumir nadie en la cadena de comercialización” apuntó.

La normativa del etiquetado establece que los productos exhiban las leyendas en idioma español, incluida la fecha de vencimiento y los ingredientes de su elaboración en las etiquetas.