La presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, Edith Ramírez, enfatizó la importancia crucial de las leyes y “políticas fuertes” de competencia, para el fomento de mercados competitivos y dinámicos, que beneficien al consumidor.
La funcionaria estadounidense disertó sobre este tema en el marco del II Foro Nacional de la Competencia, que tuvo lugar este jueves en la capital dominicana. La actividad forma parte de la “Semana de la Competencia”, que se celebra del 23 al 26 de este mes bajo los auspicios de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
A continuación el texto integro del discurso pronunciado por Ramírez en el evento, en el que destacó los vínculos de cooperación que mantiene la agencia de Estados Unidos con el organismo de competencia de la República Dominicana.
“Mi agencia, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, se ha sentido orgullosa de trabajar con la COMISIÓN DE COMPETENCIA DE REPÚBLICA DOMINICANA y compartir nuestra experiencia con ella. En los Estados Unidos, hemos tenido una experiencia de más de cien años con la ley antimonopólica.
Dada esta larga historia, la importancia de mercados libres y competencia robusta ha llegado a ser una parte esencial de la cultura económica del país. Reconozco que los desafíos aquí son muy diferentes de los de Estados Unidos. Pero esos desafíos no son inalcanzables. Como deseo enfatizar hoy aquí, las leyes y políticas fuertes de competencia son cruciales para fomentar mercados competitivos, dinámicos, que beneficien a todos los consumidores.
Presidenta Cohen, gracias por su invitación a unirme a Usted en la celebración de la Semana de la Competencia, aquí en la República Dominicana. Igualmente, agradezco la presencia aquí de los Embajadores de Estados Unidos, de la Unión Europea y de México, señores James Brewster, Alberto Navarro y Carlos Tirado, respectivamente; ministros y vice-ministros de la Presidencia, de Hacienda, de Economía, Planificación y Desarrollo, y de Industria y Comercio. Asimismo, Comisionados de las Autoridades de Competencia de México y República Dominicana; representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en el país y de toda la distinguida audiencia.
Hace ocho años, la República Dominicana demostró su compromiso de crear mercados más competitivos y dinámicos mediante la promulgación de la Ley 42-08 de
Competencia, y creando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Desde entonces, el altamente capaz consejo de competencia de República Dominicana se ha empeñado en cumplir su misión, incluyendo un ostensible trabajo de abogacía.
Mi agencia, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, se ha sentido orgullosa de trabajar con la COMISIÓN DE COMPETENCIA DE REPÚBLICA DOMINICANA y compartir nuestra experiencia con ella. En los Estados Unidos, hemos tenido una experiencia de más de cien años con la ley antimonopólica.
Dada esta larga historia, la importancia de mercados libres y competencia robusta ha llegado a ser una parte esencial de la cultura económica del país. Reconozco que los desafíos aquí son muy diferentes de los de Estados Unidos. Pero esos desafíos no son inalcanzables. Como deseo enfatizar hoy aquí, las leyes y políticas fuertes de competencia son cruciales para fomentar mercados competitivos, dinámicos, que beneficien a todos los consumidores.
Competencia, productividad y prosperidad
Al nivel más fundamental, es importante explicar por qué la Ley y la política de competencia deben importarnos. La respuesta es simple – la competencia nos lleva a precios más bajos, mayor calidad y mejor servicio para los consumidores. En un mundo perfecto, cuando las firmas compiten para vender sus productos, los precios descienden y las opciones se incrementan. Pero no vivimos en un mundo perfecto y a veces, las firmas, actuando solas o conjuntamente con otras, tratan de evitar que la competencia eche raíces, con la esperanza de que mantendrán artificialmente altos los precios y las ganancias.
Cuando esto ocurre, es el consumidor quien paga el precio. La Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), en cooperación con nuestros colegas mejicanos, documentó esto cuando determinó que la falta de competencia sólo en el mercado de las telecomunicaciones le costó a la economía mejicana más de cientos veintinueve billones de dólares en cinco años desde el 2005 al 2009, o un costo para cada hombre, mujer y niño mejicano de mil cientos cincuenta dólares por ese período. Ese reporte resaltó los costos de tener una única firma dominante en los mercados, tanto de líneas fijas como móviles. Y desde entonces, la agencia de competencia de México ha tomado acciones exitosamente contra esa firma a fin de reducir su control sobre los mercados de las telecomunicaciones. Nuevas firmas están ahora entrando a ese mercado, y los precios están descendiendo para beneficio de los consumidores.
Mientras los consumidores en general se benefician de los mercados competitivos, investigaciones empíricas demuestran que los pobres son los que más se pueden beneficiar. Por ejemplo, un estudio en el año 2009, del Profesor Carlos Urzúa, un economista mejicano, analizó los mercados en México a través de la canasta de artículos básicos de una ama de casa, incluyendo carnes, productos lácteos, bebidas carbonatadas, cervezas y medicinas, y encontró que los ciudadanos más pobres del país, particularmente aquéllos que viven en zonas rurales, desproporcionalmente cargaban con el peso de precios más altos resultantes de mercados no competitivos.
Pero los costos más altos, tan significativos como son, sólo rasguñan la superficie del daño causado por las prácticas anticompetitivas. Cuando la competencia es atrofiada, las firmas pierden el incentivo de innovar y convertirse en más eficientes. Cuando el Presidente Obama tomó posesión de su segundo mandato en dos mil trece, dijo: “un Mercado libre sólo prospera cuando existen reglas para asegurar la competencia y el juego justo.” El le dió voz a lo que todos sabemos: La competencia es lo que hace funcionar a los mercados libres, y lo que, en cambio, es la fuente de productividad, innovación, competitividad y prosperidad nacionales.
El potencial de la competencia para encauzar la innovación no puede ser soslayado. La mayoría de nosotros posee teléfonos inteligentes, los cuales tienen ahora más poder computacional del que los astronautas llevaron a la luna y con el que regresaron. Las aeronaves son ahora tan eficientes que pueden transportar eficientemente miles de turistas de todo el mundo a las hermosas playas y resorts de Punta Cana y Puerto Plata cada año. Los avances en la agronomía significan que la hambruna se vuelve un evento cada vez más raro. Ninguno de estos desarrollos llegó porque algunas firmas dominantes decidieran invertir sus ganancias monopólicas en investigación y desarrollo.
En cambio, ocurrieron porque las firmas sintieron la respiración tibia de la competencia sobre sus cuellos y entendieron que tenían que innovar y tomar el próximo gran paso para mantenerse encima de la competencia y continuar las ganancias. Es la competencia libre y sin restricciones la que motoriza la innovación, y la que ha conducido a mayor prosperidad para todos nosotros. Tenemos la esperanza de que esto sea así también en la República Dominicana.
Las estadísticas lo confirman. Al principio del año 1990, el Instituto William Lewis llevó a cabo un estudio de doce años del desempeño de trece naciones, con el objetivo de entender qué hace ricos a algunos países y pobres a otros.
El estudio mostró que los niveles de productividad hicieron la diferencia. Eso, por sí mismo no debería sorprender. Pero, ¿qué hizo la diferencia en los niveles de productividad? La respuesta resultó ser la competencia sin distorsiones. El Sr. Lewis escribió que “la mayoría de los análisis económicos termina por atribuirle la mayor parte de las diferencias en el desempeño económico a las diferencias de los mercados laborales y de capitales. Esta conclusión es incorrecta. Las diferencias en la competencia en los mercados de bienes es más importante".
La competencia también tiene implicaciones significativas para la competitividad. Michael Porter, en su trabajo de seminario sobre la competitividad de las naciones, escribió que “pocas acciones de los gobiernos son más importantes para la adecuación de una economía que la de garantizar una vigorosa rivalidad doméstica. Firmas que no tienen que competir localmente, raramente triunfan en el exterior.” Esto debería ser intuitivamente obvio. Los campeones de soccer internacional no ganan internacionalmente por alejarse de los oponentes rudos. Ellos juegan y derrotan a los mejores en casa, y entonces hacen lo mismo en el exterior. Sucede lo mismo en el comercio internacional.
Las multinacionales Boeing, BMW, Hyundai, Samsung e Intel triunfaron en el extranjero compitiendo primero vigorosamente en casa y entonces tomando su fórmula ganadora en el camino. Los monopolios nacionales, en contraste, no tienen el beneficio de ese proceso de templado, y típicamente no alcanzan el mismo nivel de éxito global.
Cuando se distorsiona la competencia, las firmas que no satisfacen las demandas del mercado sienten poca presión para mejorar o salir a flote. Como resultado, toda la economía se hace menos competitiva y más estancada. Las inversiones se retrasan, los trabajos son más escasos, los bienes y servicios son más caros, y la mayor parte de lo que los consumidores gastan va hacia el enriquecimiento de los monopolistas, en vez de a sus propias vidas. Hemos visto esto en varias industrias en nuestro propio país en el transcurso de los años, y estoy segura de que sucede aquí también.
Esta es la razón de que los guardianes de nuestro sistema, las agencias de competencia, como su COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia de mi país, y además de otras cien agencias de competencia globalmente, llegan a trabajar cada día. Asegurar mercados competitivos nos permite cumplir con nuestra responsabilidad principal – mejorando las vidas de nuestros ciudadanos y reduciendo la presencia de la pobreza en nuestros países. Esa es la razón por la que las leyes y agencias de competencia existen, y por qué la Presidenta Cohen y su equipo trabajan duro aquí en la República Dominicana.
Permítanme darles dos ejemplos de mi país. Comenzaré con el desafío exitoso de la CFC el último año en cuanto a la fusión de 8.2 billones de dólares propuesta entre Sysco y US Foods, las dos más grandes distribuidoras de servicios de alimentos para restaurantes, hospitales, escuelas y hoteles en los Estados Unidos. A raíz de una revisión pormenorizada, la CFC trabó una demanda para bloquear la fusión propuesta.
Le solicitamos a una corte federal en Washington otorgar una orden judicial para prevenir que las partes realizaran la transacción. Alegamos que el acuerdo reduciría significativamente la competencia en el mercado de distribución de los servicios de comida, ambos a nivel nacional en un gran número de mercados locales, provocando precios más altos y servicios deficientes.
Estos distribuidores ofrecen extensas líneas de productos, proveen entregas frecuentes y flexibles, y altos niveles de servicio al cliente. Alegamos que las partes a fusionarse son las únicas firmas con una verdadera presencia a nivel nacional que les permite competir para servir a los clientes a través del país. Luego de una audiencia extensa, el juez que escuchó el caso concedió nuestro pedido de una medida cautelar preliminar, afirmando que la fusión propuesta “es pasible de causar el tipo de concentración industrial que el Congreso persiguió frenar desde el principio antes de que perjudique a la competencia. Poco después, las partes abandonaron la transacción, preservándose la competencia entre las mismas.
Otro ejemplo viene de un arreglo reciente que investigamos con dos compañías farmacéuticas: Concordia Pharmaceuticals y Par Pharmaceuticals, acerca de un esquema de distribuición de mercado. La CFC acusó a esas compañías de llegar a un acuerdo para no competir en la venta de versiones genéricas de Kapvay, un medicamento de prescripción usado para tratar el desorden del déficit de atención de hiperactividad en los niños.
Concordia y Par Pharmaceuticals eran las únicas dos firmas permitidas por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos para mercadear Kapvay genérica en los Estados Unidos. Pero, lejos de competir una contra la otra, Concordia convino en no vender su propia versión genérica de Kapvay en competencia con Par durante cinco años a cambio de una participación substancial de los beneficios de Par. Eliminando esa competencia, el acuerdo privaba a los consumidores de precios más bajos que típicamente resultan de la competencia de genéricos.
Después de enterarse de la investigación de la CFC, Concordia inmediatamente lanzó su propia competencia genérica, resultando en menores precios para los consumidores. Las compañías entonces entraron finalmente en un acuerdo con la CFC, que les prohibía continuar con sus acuerdos anticompetitivos y a entrar en tales acuerdos en el futuro.
El Desafío de la Conducta Anticompetitiva del Gobierno
Tal y como muestran los ejemplos que he expuesto, parar la conducta anticompetitiva privada es primordial en la misión de una agencia de competencia. Pero si nos enfocamos solamente en la conducta de las firmas privadas, estamos señalando solo parte del problema.
A menudo, un modo fácil y efectivo de las firmas escapar de los rigores de la competencia es persuadir a los gobiernos de imponer regulaciones que causan exactamente los mismos efectos que los monopolios o esquemas por firmas dominantes para excluir competidores. Las barreras gubernamentalmente impuestas a competidores pueden ser por lejos más duraderas y perniciosas que las restricciones privadas, y por lo tanto son particularmente problemáticas.
Estas pueden tomar varias formas. Algunas, como mandatos de divulgación con información competitivamente sensible, las cuales pueden facilitar la confabulación de los rivales en la industria. Las regulaciones pueden también facilitar la exclusión mediante la creación de barreras a la entrada, a fin de favorecer productos incumbentes, o servicios, o que apoyan a algún modelo particular de negocio. Ambas clases de regulaciones pueden llevar a precios más altos, menos competencia para volúmenes de competencia sin precio, como calidad y servicio, e incentivos limitados para innovar. Estos están generalmente fuera del alcance de las leyes de competencia, y el mismo gobierno promueve las restricciones.
Esto ocurre en todos los países, incluyendo los Estados Unidos, pero es particularmente prevaleciente en países con historial de profundo control estatal de la economía. Los vínculos entre firmas anteriormente controladas por el estado y los gobiernos, a menudo permanecen fuertes.
Las firmas tratarán de convencer al gobierno de restringir la competencia porque es mucho menos riesgoso que confabularse con rivales o tratar de impedir la competencia de ellos. Los costos de lobismo son bajos, el proceso de lobismo es generalmente protegido por la ley en Estados Unidos, y el gobierno incluso promueve la restricción. El papel del gobierno también limita la habilidad de las agencias de competencia para intervenir.
Algunas veces, los reguladores no son plenamente conscientes de las implicaciones competitivas y las consecuencias de sus actos. En otros casos, regulaciones existentes se hacen obsoletas e impiden la entrada simplemente porque sus redactores nunca se imaginaron el surgimiento de algunos productos o servicios nuevos, tales como los teléfonos inteligentes.
Pero la situación más perniciosa ocurre cuando las firmas reguladas tratan de manipular el proceso regulatorio para persuadir a los reguladores de imponer regulación que entorpecerá a sus rivales y afianzará su propia posición. Algunos productores incluso disimulan sus pretensiones de acciones gubernamentales anticompetitivas en términos de protección al consumidor cuando, en realidad, están tratando de evitar la competencia. Pero hay una diferencia entre una regulación que ayuda a los consumidores a tomar alternativas informadas en un punto de mercado competitivo y una que simplemente anula o ignora sus preferencias.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, hemos visto solicitudes de que solamente los directores funerarios con licencia puedan vender ataúdes a los consumidores. Cuando los monjes de un monasterio Benedictino en Louisiana comenzaron a vender ataúdes hechos a mano directamente a los consumidores, el consejo estatal que regula la industria funeraria intentó obstaculizar a los monjes. El consejo citó como la base para su acción una ley de Louisiana que criminalizó el que cualquiera que no fuera un director funerario con licencia vendiera ataúdes en el estado.
Mientras que el estado argumentó que la ley era necesaria para proteger a los consumidores en tiempo de tensión emocional, la conexión entre el objetivo de protección al consumidor y la ley nunca fue clara. Nosotros intervinimos con un sumario “amicus curiae” cuando el estado trató de argumentar que la ley estatal era consistente con las medidas de protección al consumidor de la propia CFC, y al final, una corte federal concluyó que “la única razón de estas leyes es la protección económica de la industria funeraria”.
Es por situaciones como ésta que la CFC prioriza la recomendación a las legislaturas federales y estatales acerca de los efectos probables de sus acciones sobre los consumidores y
los mercados. Nuestro enfoque se centra en ayudar a aquéllos que toman decisiones a comprender los verdaderos costos y beneficios de propuestas que pudieran restringir la competencia y en abogar por políticas pro-competitivas.
Permítanme tomar un minuto para explicar cómo vamos en esto. A diferencia de algunas agencias de competencia, la CFC no tiene el poder formal como para influir en una legislación y regulación que restrinja la competencia. En cambio, nuestro poder es el de persuasión.
Algunas veces nuestra persuasión es formal y pública: cuando advertimos la propuesta de una ley anticompetitiva o regulación, especialmente a nivel estatal y local, ponderamos si participar en el proceso regulatorio o legislativo puede o no ser beneficioso. Nosotros hacemos públicos nuestros comentarios con la esperanza de que provocarán el debate alrededor de la política en cuestión.
En otros casos, trabajamos menos formalmente. Esto es más efectivo cuando los reguladores no entienden el impacto de la competencia o cuando la regulación se ha vuelto obsoleta en el tiempo. En esta situación, nosotros tratamos de construir una relación de confianza en la que seamos vistos como una fuente confiable de experticia en el aprovechamiento de los beneficios de la competencia para ayudar a los reguladores a lograr su objetivo.
Nosotros tratamos de explicar el impacto que la regulación potencialmente tendrá en la competencia y, en última instancia, en el bienestar de los consumidores. Cuando es posible, nos valemos de nuestra experiencia pasada y de los datos y estudios presentes que transparentan el costo. Nuestras armas más fuertes son un historial creíble y un argumento lógico bien fundamentado en principios económicos sólidos.
En algunos casos, impartimos talleres públicos de trabajo para suministrar información y educar al público acerca de los asuntos regulatorios, usando nuestra autoridad para estudiar industrias y mercados emergentes y difundiendo nuestros hallazgos, asimismo, sugerimos legislación, tanto a nuestro Congreso como al público.
Al mismo tiempo, no intentamos usurpar la función de aquéllos que han sido electos o designados para dirigir asuntos regulatorios; tampoco intentamos reclamar experticia que no tenemos.
Tratamos de explicar cuál será el impacto de la regulación sobre la competencia y finalmente sobre los consumidores. Concierne a los funcionarios correspondientes, y a aquéllos con quienes ellos son políticamente responsables, para decidir si la política vale su precio.
Permítanme darles un ejemplo reciente, el cual envolvió regulaciones anticompetitivas que les hicieron más difícil a los practicantes de servicio de salud de bajo costo servir a los pacientes de bajos ingresos. En los Estados Unidos, muchas áreas rurales o poco atendidas encaran deficiencias en el servicio primario de salud. Los médicos pueden ser escasos y dispersos, y algunos pacientes pueden tener problema para ver un doctor o al pagar por los servicios de uno.
Tradicionalmente, personal de enfermería y doctores han trabajado juntos en muchos modos diferentes, y el personal de enfermería ha sido especialmente importante en la prestación de servicio de salud a personas remotas o sub-atendidas.
En décadas recientes, muchos estados han permitido a practicantes de enfermería con entrenamiento avanzado proveer servicios de salud básicos más independientemente. Grupos médicos, sin embargo, a menudo se han opuesto a este tipo de práctica independiente, y varios estados limitan la habilidad de estos profesionales de bajo costo de hacer algo para lo que han sido entrenados, o practicar libremente sin supervisión facultativa.
Por ejemplo, leyes en un número de Estados prohíben a este tipo de personal de enfermería practicar a menos que haya antes obtenido por escrito un acuerdo de “práctica colaborativa” con un doctor. Esto daría a los doctores la oportunidad de bloquear la entrada de enfermeros y enfermeras que ellos podrían ver como competidores, o desalentar la entrada mediante la demanda de altas cuotas para tales acuerdos. Nuestro equipo ha escrito a legisladores estatales en muchos de esos estados apoyando proyectos de ley que derogarían o debilitarían estos requisitos.
Nosotros, como la COMISION NACIONAL DE COMPETENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA y otros organismos de competencia, también hemos tenido incidencia en propuestas de regulaciones de mercados de transportación en un número de municipalidades al cabo de varios años. Esos mercados están experimentando un cambio inusitado como los servicios de automóvil Uber, el cual entiendo que entró al mercado dominicano con mucha fanfarria el año pasado, aprovechando la tecnología para competir contra taxistas tradicionales. Mientras estas nuevas opciones han probado ser populares entre los consumidores, no ha de sorprender que sean menos populares para los taxistas tradicionales.
La industria de taxi ha usado su influencia con los gobiernos locales para erigir obstáculos para los nuevos entrantes. Hemos respondido a esos esfuerzos, urgiendo a los reguladores sopesar los efectos competitivos de restricciones y enfatizando que la seguridad y otras restricciones legítimas no deberían ser más amplias de lo necesario para proteger a los consumidores. En el contexto de viaje compartido, eso incluye reglas que requieren suficiente seguro de responsabilidad y otras importantes protecciones al consumidor.
Conclusión
En un mundo ideal, los gobiernos simplemente dejarían que las firmas compitan y desarrollen sus propias rutas de prosperidad, y las compañías deberían competir basados solamente en los méritos y no involucrarse en conducta anticompetitiva. Pero ese no es el mundo en que vivimos. Se necesitan normas que permitan un juego justo y aseguren que las firmas no se envuelvan en conducta que interfiera con la competencia. Y necesitamos que las autoridades de competencia hagan cumplir esas reglas.
En muchas formas, las leyes efectivas de competencia y las agencias son como el libro de reglas y el árbitro en un juego de béisbol. Sin importar que estemos hablando de béisbol o de mercados, la agencia de competencia, al igual que el árbitro, trata de asegurar un juego limpio para que el triunfo resulte del mérito en vez de una ventaja injusta.
Si el árbitro proclama un juego justo, la atención recae en los jugadores y sus habilidades en vez de recaer sobre el árbitro, y así es como debería ser en el comercio también. Pero pienso que todos nosotros deberíamos convenir sin embargo en que el árbitro juega un papel crucial en el aseguramiento de que la trampa no socave la integridad del juego. En el deporte, un juego limpio beneficia a los hábiles y talentosos; en los negocios, beneficia a los innovadores y eficientes y en ambos, el pueblo gana.
Eso nos trae a mi punto final, que se refiere a lo que lleva a ser un árbitro efectivo. Es más fácilmente dicho que hecho. Una agencia efectiva tiene que tener suficiente independencia para poder resolver casos sobre la base de la ley y la economía, al tiempo que permanezca confiable ante el público. Necesita ser capaz de atraer y retener un equipo capacitado.
Necesita tener el poder para obligar la producción de evidencia y hacer cumplir sus decisiones. Y encima de todo, necesita ser percibida como justa y transparente. Una agencia que es vista como cualquier otra cosa rápidamente pierde su legitimidad con el público y la comunidad de negocios. Sé que crear una agencia dotada de la habilidad de lograr su propósito requiere determinación política. Requiere de un compromiso al más alto nivel del gobierno para hacer de la competencia una pieza central de su programa económico.
Ustedes se han embarcado en un gran experimento aquí en la República Dominicana. Nosotros hemos sido honrados de trabajar con los comisionados de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA y su equipo por varios años ahora. Y estamos comprometidos a continuar trabajando con la COMISIÓN para ayudarle a crear la economía próspera que el pueblo de la República Dominicana plenamente merece".