San Juan, 30 jun (EFE).- El Legislativo puertorriqueño agota las últimas horas para negociar el presupuesto del próximo año fiscal, que regirá a partir de mañana y que incluye todo tipo de recortes para tratar de no incurrir en déficit por vez primera en más de dos décadas.
Cuadrar gastos e ingresos se ha convertido en el objetivo irrenunciable del Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla para el presupuesto de 2015, para el que el Gobierno estableció 9.640 millones de dólares y que, a expensas de modificaciones de última hora, el Legislativo rebajó a 9.565.
Miembros de la Cámara de Representantes y Senado han trabajado durante el fin de semana en maratonianas negociaciones que aún continúan para alcanzar consenso para una partida final que ha supuesto un dolor de cabeza para el Ejecutivo.
El Gobierno sigue empeñado en dejar atrás los tradicionales presupuestos con déficit que han contribuido a elevar una deuda de Puerto Rico, que supera ya los 72.000 millones de dólares.
La decisión de no gastar más de lo que se recauda ha obligado al Ejecutivo a buscar recortes en todos los rincones del ámbito gubernamental, lo que ha puesto en "pie de guerra" a los empleados de compañías públicas que tendrá que seguir apretándose el cinturón.
La amenaza de una huelga general continúa en el aire después de que se aprobara legislación que establece la emergencia fiscal e implica congelación de salarios y recortes de derechos adquiridos.
El gobernador señaló hoy en una declaración que las duras medidas emprendidas fueron necesarias para afrontar una déficit heredado de 2.200 millones de dólares y que, con el nuevo presupuesto, se supone que quedará en cero.
"Es la primera vez en 22 años que Puerto Rico tendrá su presupuesto balanceado. Sin echar gente a las filas del desempleo, ni reducirles su jornada laboral como han hecho tantos otros países y estados", resaltó.
Recaudar se ha convertido también en otro quebradero de cabeza para el Gobierno, cuyo afán tributario no ha sentado bien a empresas que ven cómo el nuevo presupuesto puede afectar a sus cuentas.
Entre los últimos resquicios al que se han enfrentado los legisladores se encuentra la Ley de Ajustes al Sistema Contributivo, que modifica el pago de la patente nacional, un impuesto relativamente nuevo que graba la facturación de las empresas y que a partir de ahora no se aplicará sobre compañías con facturación inferior a tres millones de dólares.
Otra de las normas sobre las que se ha llegado a un acuerdo de última hora es la de las remesas, a las que se gravará con un 2 %, frente al 5 % planteado inicialmente y muy contestado por la numerosa comunidad dominicana de la isla.
El Ejecutivo tiene otro frente abierto con la aprobación a toda prisa de la norma que habilita una vía legal para que las empresas públicas se declaren en quiebras y el Gobierno no tenga que asumir sus millonarias deudas, después de que un grupo de bonistas de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) la denunciara ante un tribunal federal.
La aprobación de esta norma la semana pasada hizo que las grandes agencias de calificación rebajaran varios escalones dentro del nivel de especulativo ("chatarra") las notas que confieren a las empresas públicas que gestionan el suministro de agua, luz y carreteras y que juntas acumulan una deuda de más de 21.000 millones de dólares.
Los legisladores también han aprobado en estas últimas horas de periodo legislativo, antes de que mañana comience el nuevo ejercicio fiscal, una norma que limita en varios rangos los salarios de los alcaldes.
Esos salarios oscilarán a partir de ahora entre 54.000 dólares anuales en los municipios con menos de 15.000 habitantes o menos hasta 104.000 dólares para los de más de 300.000 habitantes. EFE