En la agenda económica que espera al segundo gobierno de Danilo Medina (2016-2020) figuran puntos prioritarios como los pactos eléctrico y fiscal -dos iniciativas resultantes de la Estrategia Nacional de Desarrollo-, un nuevo Código de Trabajo y la puesta en marcha de instituciones relevantes para la competitividad de los sectores industriales.
A pesar de los avances en el proceso de discusiones, el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico no ha podido suscribirse y es sin duda una tarea pendiente, que tanto el Gobierno como los empresarios y sectores sociales tratarán de concretizar en los primeros meses de la nueva administración.
Con esta iniciativa se procura un sistema estable, de calidad y sostenible en términos financieros, así como parar la continua presión sobre las finanzas públicas que significa el subsidio al sector eléctrico: un virtual “barril sin fondo” que ha costado al Estado la astronómica suma de RD$350,000 en los últimos 15 años.
Otra reforma estructural importante y compleja, cuyo impulso el propio Medina ha anunciado que asumirá a partir del 16 de agosto, corresponde al denominado Pacto Fiscal.
En la necesidad que tiene el país de una reforma estructural en este ámbito, que no sea un “parche” tributario más, coinciden el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), las asociaciones Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), y organizaciones como la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme).
Desde la óptica empresarial, a través del Pacto Fiscal, se procura garantizar una mayor transparencia y la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales, una distribución, racionalización e inversión más eficiente del gasto público, así como poner freno al creciente endeudamiento público.
En su VIII Convención Empresarial de octubre pasado, el Conep abogó por una reforma estructural del sistema fiscal “que permita mejorar los ingresos tributarios, sin afectar la competitividad; hacer que el gasto publico sea de calidad; dementar en forma gradual la deuda pública, y racionalizar” las exenciones fiscales.
Un proyecto que también empuja la mayor entidad empresarial del país es la reforma del Código de Trabajo, que fue modificado por última vez hace 25 años. Al respecto el Conep ha planteado la necesidad de adecuar esta legislación “a las nuevas tendencias internacionales, mejorar la competitividad de las empresas y crear más empleos” formales.
En este punto el Gobierno tendrá que lidiar con las posturas enfrentadas de empleadores y las centrales de trabajadores. En el caso del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), esta organización adelanta su rechazo a cualquier modificación que toque conquistas y beneficios adquiridos de los trabajadores, como por ejemplo el régimen de cesantía.
Instituciones
En el plano institucional, otras aspiraciones a corto plazo de los sectores empresariales es la puesta en marcha del Banco Nacional de las Exportaciones, cuya creación fue aprobada por el Congreso en julio pasado. Como también de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), un organismo que abrió sus puertas en el 2011 pero que aún espera por la conformación plena de su Consejo Directivo para poder ejercer sus importantes funciones.
Ambas entidades son consideradas estratégicas y están llamadas a desempeñar un papel de vital importancia en el sentido de fortalecer la competitividad de los sectores industriales del país.
En términos del comercio y la promoción de las exportaciones, esta segunda administración de Medina tiene el reto de lograr que Haití deje sin efecto las restricciones a las importaciones por vía terrestre de 23 productos dominicanos.
Según las estadísticas del Centro de Comercio Internacional (Conocido como ITC por sus siglas inglesas), las exportaciones del país a su vecino y segundo socio comercial se desplomaron en un 28.9% el pasado año, descendiendo de US$1,423.1 millones en el 2014, a un monto de US$1,012.1.
Una propuesta en la que ha puesto énfasis la AIRD consiste en la implementación de mecanismos que permitan canalizar los Fondos de Pensiones hacia el financiamiento de diversas actividades productivas que impulsen el desarrollo de la nación.
Utilizando parte de estos fondos -que ascienden a unos RD$365 mil millones- como instrumentos financieros orientados a proyectos de viviendas, bonos empresariales, al comercio exterior, infraestructuras y otras áreas, se obtendría de paso un mayor rendimiento en las cuentas individuales de los ahorrantes, ha indicado el presidente de la AIRD, Campos de Moya.