Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- El Gobierno decidió suspender la firma del Pacto Eléctrico, programada para hoy, miércoles 20 de febrero, en el Palacio Nacional, horas después de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) condicionara su participación en ese acto, a que las autoridades acogieran una serie de medidas que recomendara.
La convocatoria para la firma del Pacto Eléctrico fue realizada este lunes por el Consejo Económico y Social (CES), que preside monseñor Agripino Núñez Collado.
Las autoridades no dieron a conocer las razones por las que suspendía la firma del pacto, ni tampoco reveló una nueva fecha para hacerlo.
Horas antes de conocerse la decisión oficial, el PRM acusó al Gobierno de violar "flagrantemente" la legislación y la normativa del sector eléctrico con el decreto 62-18, del 21 de agosto de 2018, mediante el cual el presidente de la República otorgó poder especial al vicepresidente de la CDEEE para suscribir contratos de compra de energía, "grado a grado en abierta violación" a la Ley General de Electricidad.
"Deseamos soluciones que perduren en el tiempo y estamos en la disposición de participar de cualquier reunión que se convoque con el objetivo antes indicado y que el Gobierno estudie seriamente las recomendaciones presentadas por nuestro partido y que no tienen otro fin que mejorar, de una vez y por todas, el grave problema energético que aqueja a la República Dominicana en beneficio de toda la población", acotó la organización.EFE
La posición del PRM
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) condicionó su presencia en el acto de firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico (Pacto Eléctrico), que se había convocado para hoy, a que el Gobierno diera acogida a 10 puntos que planteó en un documento dado a conocer este martes.
La organización opositora solicitó que se respete la Ley General de Electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la viole, así como realizar una reestructuración del consejo de administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y fusionar las tres distribuidoras en una.
Asimismo, que se asuma el compromiso "en firme" en dicho pacto de eliminar, en un plazo no superior a 18 meses, el problema de los apagones en todos los sectores del país, y que se realicen las auditorías de lugar a las distribuidoras, que desde el año 2012 no han sido realizadas, apuntó.
También, aplicar un programa de reducción de gastos en las distribuidoras y llevarlo a un tope de un 10 % sobre sus ingresos, tal como recomiendan diversas firmas internacionales y establecer un programa de licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminar contratos grado a grado.
El PRM también pide aplicar un sistema de tarifa social transparente acorde con la población de más bajos recursos o población vulnerable, y comprometerse a no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10 % de sus ingresos.
El PRM también solicita que se transparente el proceso de ejecución de Punta Catalina a través de una empresa de auditoría independiente y que se realice una licitación transparente para determinar el precio de la energía al que venderá dicha central, además de que se permita a la oposición, al sector social y a los representantes de los consumidores, dar seguimiento al pacto.
"En tal sentido, reiteramos y supeditamos nuestra presencia a la firma de cualquier pacto a esas consideraciones y al hecho de que se tenga la finalidad real de solucionar los graves problemas de este sector en beneficio del país y de la mayoría de la ciudadanía que sufre día tras día el escaso y caro servicio de energía", dijo el PRM.
El principal partido opositor acusó al Gobierno de violar "flagrantemente" la legislación y la normativa del sector eléctrico con el decreto 62-18, del 21 de agosto de 2018, mediante el cual el presidente de la República otorgó poder especial al vicepresidente de la CDEEE para suscribir contratos de compra de energía, "grado a grado en abierta violación" a la Ley General de Electricidad.
"Deseamos soluciones que perduren en el tiempo y estamos en la disposición de participar de cualquier reunión que se convoque con el objetivo antes indicado y que el Gobierno estudie seriamente las recomendaciones presentadas por nuestro partido y que no tienen otro fin que mejorar, de una vez y por todas, el grave problema energético que aqueja a la República Dominicana en beneficio de toda la población", acotó la organización.EFE