SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La periodista Nuria Piera mostró este sábado en su programa de Investigación Periodística cómo se orquestó la repartición de tierras ubicadas en Bahía de las Águilas, las que luego de una litis judicial de más de 16 años ha sido "legalizada" por el gobierno del presidente Danilo Medina.

Recordó que el presidente Danilo Medina instruyó a  una comisión multidisciplinaria de varios ministros para evaluar el caso y el pasado jueves, día 14, se dio a conocer a la opinión Pública la decisión que, supuestamente, pondrá fin al problema  y permitirá el desarrollo turístico del Sur.

El ex asesor del Instituto Agrario Dominicano (IAD)  Roger Vittini, calificó esta decisión como el fraude más grande que se haya podido  cometer en término de robo de tierras del Estado.

Según denunció Nuria, la trama se origina cuando  el entonces senador rerformista Antonio Feliz Pérez escribe una carta al Director de Bienes nacionales, durante el gobierno de los diez años de Joaquín Balaguer (1986-1996) donde le solicita que las tierras de Bahía de las Águilas sean transferidas al IAD.

Luego el administrador de Bienes Nacionales envía una carta al director del IAD. Pero se conocen otros procedimientos que se realizaron a fin de que la repartición quedara amparada en una supuesta legalidad.

“El fraude consistía según el expediente penal que cursa todavía en los tribunales de la república en que el Director del IAD de aquel entonces solicita mediante un oficio al registrador de títulos de Barahona, que transfiera los títulos de derecho de Propiedad  de las parcelas 215 y 40 del municipio de Enriquillo y Pedernales que corresponden a Bahía de las Águilas y toda la costa hasta Haití”, explicó la abogada Laura Acosta.

“Si bien es cierto que el Sur necesita la inversión del Estado para desarrollarse, no menos cierto es que estamos  frente a un fraude legitimado por el Estado Dominicano, donde los únicos que perdemos somos los dominicanos, que estamos regalando nuestro patrimonio y encima de todo le estamos pagando a quienes lo adquirieron fraudulentamente"

En julio del 1997  Piera llevó a cabo una amplía investigación sobre esta  mafia que se orquestó desde el Instituto Agrario Dominicano para apoderar a terceros, entre ellos funcionarios,  de ese patrimonio dominicano.

Según le informaron en el IAD de ese entonces,  durante la administración de Balaguer se transfirieron más de 250 mil tareas irregularmente.

La trasferencia era para que pasaran de ser terrenos  propiedad del Estado a propiedad del IAD y una vez hecha esta transferencia,  los terrenos serían utilizados bajo la sombrilla de la Reforma Agraria para repartirlos a supuestos “campesinos”.

El Director del IAD en ese momento era Jaime Antonio Rodríguez Guzmán, quien ocupó esa posición en dos ocasiones, una de 1986-1987  y luego de 1994 hasta 1996. Desde la génesis de este fraude hubo elementos que evidenciaron la mafia.

“Es en el 96 cuando Jaime Rodríguez le está pidiendo  al Director de Bienes Nacionales que trasfiera los derechos para el IAD para poder hacer los asentamientos, sin embargo cuando uno ve los títulos que registro el doctor Ramírez datan del 1990 y  como pudo inscribir en el 1990 algo que en el 96 es que se está solicitando la transferencia”, Roger Vittini.

Ramírez Suberví,   fue el registrador de títulos de Barahona que cayó preso precisamente por estos hechos,  como también el director del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, quien había sido acusado de violación sexual,  Puro Pichardo,  quien fue candidato a la Presidencia  en la época de Balaguer;  Félix Pérez,   quien fuera Senador y Moisés Marchena, un empresario de la Zona de Pedernales, que en aquel momento se le relacionó con el narcotráfico y murió en la cárcel en 1999 mientras cumplía prisión por este caso.

Los tres, según los expedientes que en la gestión de Wilton Guerrero  en el IAD se recopilaron y que fueron investigados por la abogada apoderada por el  Estado Dominicano para representarlo en este caso,  Piky Lora,  fueron a quienes los supuestos campesinos terminaron vendiéndole los terrenos  de Bahía las Águilas y otros en Cabarete.

Es decir que todo indicaba que se trató  de una trama de reparticiones ficticias  sustentada por una asociación de malhechores proveniente de instituciones del  mismo Estado. Wilton Guerrero, en ese entonces director del IAD explica cómo se dieron cuenta de la trama.

“Bueno empezamos a darnos cuenta con personas que se nos acercan de diferentes lugares del país informándonos de la entrega de títulos indebidas que se le han hecho a personas que se han aparecido de repente en parcelas  que estaban ocupadas por parceleros en esos lugares de hacía mucho tiempo, y esas personas se aparecieron de repente en esos lugares donde nadie los conocía y diciendo que ellos son los dueños de esos terrenos y presentaban sus títulos de propiedad”.

En los documentos recopilados por el IAD en ese entonces, ubicaron asentamientos  en Puerto Plata, Cabarete  y Bani a nombre de Reyna Martinez Fernández, esposa de Jaime Rodriguez Guzmán.

Otro de la red que fue beneficiado con terrenos  por 200 tareas fue el entonces director de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, quien tenía asignaciones en las calderas de Bani, en una zona cerca de la playa.

Hay que recordar que en los primeros meses en que se hizo público el fraude, el Procurador de entonces Abel Rodríguez del Orbe hizo un llamado a quienes tuvieran títulos producto de esta trama fraudulenta, para que los entregaran y evitar el procesamiento legal.

Un ejemplo de esto se dio con el  Senador Feliz Pérez,  quien  había negado a la prensa la posesión de terrenos en Bahía de las Águilas, luego devolvió los títulos al Procurador Abel Rodríguez del Orbe, quien por la acción de devolver los títulos lo pondero como un hombre serio.

Lo mismo ocurrió con Puro Pichardo, según lo demuestra un periódico de la época, donde se estableció que el máximo representante público reiteró que se opone a que las personas que hayan entregado los títulos del caso de Bahía de las Águilas sean enjuiciados, otros titulares hablan de la insistencia del Procurador en que estas personas sean exculpadas por su  “buena acción”  de devolver los títulos.

Algunos de los beneficiarios de terrenos eran empleados del IAD. Un  cheque emitido por el IAD  como pago de dieta, demuestra que Milton Valerio Payano era uno de estos empleados, quien aparece  con varias porciones de terreno en diferentes zonas del país. Pues la mafia no era sólo con terrenos de Bahía de las Águilas. No lo era entonces, ni ahora. Pues según confirmamos con la presidenta de la Fundación Grupo Jaragua, entidad dedicada a la preservación del medioambiente,  en la actualidad la gente está tomando porciones de tierra a diestra y siniestra en la zona.

“No es solo Bahía de las Águilas, ellos están, lo que hemos visto en el terreno de que se está marcando con pintura, piedras, discos de metal de agrimensores, zonas que están en otras partes que son del parque Jaragua  como playa blanca, playa larga que están dentro del parque, en Guancho también, es como a todo el mundo coja el pedazo de tierra que usted pueda coger” dijo Yolanda León, del Grupo Jaragua.

Para muchos resultaría increíble que el Senador Sánchez apoye algún tipo de acuerdo con estos grupos, pues recientemente el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa, afirmó a través de su cuenta de Twitter que en una reunión que sostuvo con 9 senadores, les informó que muchos de los títulos expedidos en favor de personas que se decían propietarios de terrenos en Bahía de Las Águilas había que anularlos.

Lo que indica que este es un problema legal que debe debatirse en los tribunales para determinarse la nulidad de los documentos.

Aunque para muchos ha habido inacción por parte de la justicia, lo que provocó un largo proceso aún sin resultados legales, para otros hay elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de juzgar el proceso.

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijo que no creo que fuera ineficiencia de la justicia solamente, “la justicia quizás no fue todo lo rápida que fuera, pero hay que tomar en cuenta la cantidad de abogados que estaban envueltos en el proceso, lo cierto es que yo le di una orden al registrador de títulos de Barahona que no inscribiera ni hiciera ningún movimiento con nada que tuviera que ver con esos procesos y con los terrenos de Bahía de las Águilas”.

Los abogados de los que reclaman ser propietarios del terreno entienden que  esta puede convertirse en una litis muy, muy larga, que estaría siendo obstáculo para el desarrollo turístico de la zona Sur.

Después de casi 16 años del caso en justicia los acusados gozan de libertad condicional bajo fianza y este jueves la comisión designada desde hace dos meses  por el presidente de la República Danilo Medina para evaluar este caso, compuesta por el Ministro de Medioambiente, Turismo y otros funcionarios, intentaron  acondicionar el terreno creando expectativas con lo que sería el desarrollo turístico de la zona sur y el respeto al área protegida.

Pero los conocedores del área lo ponen en duda, ya que la parecerla que está en litis incluye el área protegida.

Otro punto que se trato en la rueda de prensa y que continuaba allanando el camino para que caiga mejor la solución del gobierno, fue el referente al largo proceso que nos esperaba y como el Estado prefirió optar por otra solución que no sean los tribunales.

“El Estado Dominicano aspiraba a que, a que se desconocieran en su totalidad estas transferencias y que quedaran estos terrenos como patrimonio exclusivo del Estado por eso entonces  se realiza un acto de transacción que le permite a ambas partes abandonar la litis” Dijo Pina Toribio.

Y la solución resultó ser pagarle a los que poseen estos títulos… “Los titilantes de certificados de títulos obtendrán el 45 % de los valores que resulten de las inversiones y el Estado Dominicano obtendrá el 55 por ciento de esos valores”

El Mecanismo con el que piensan garantizar la eficiencia de esta medida, es mediante un fideicomiso. Entregar las porciones de terreno a una entidad que funcionara como agente fiduciario y que esta entidad al producirse las transferencias correspondientes distribuya los beneficios entre los titulares y el Estado Dominicano. Los fondos correspondientes al Estado Dominicano, se invertirán en el proyecto de desarrollo turístico de la zona Sur.

Llama la atención que la comisión no haya dado información referentes de con cuantas personas es que van a llegar a un acuerdo, cuales son los supuestos títulos buenos y los malos, de qué cantidad de dinero implicado en el acuerdo y sobre todo si el Estado desiste con el acuerdo, del proceso legal.

Los abogados consultados aclaran que se está confundiendo a la población, pues no se puede hablar de títulos buenos y malos.

“Si bien es cierto que el Sur necesita la inversión del Estado para desarrollarse, no menos cierto es que estamos  frente a un fraude legitimado por el Estado Dominicano, donde los únicos que perdemos somos los dominicanos, que estamos regalando nuestro patrimonio y encima de todo le estamos pagando a quienes lo adquirieron fraudulentamente…. Bahía de las Águilas se ha convertido en la bahía de los buitres”, concluyó Nuria Piera.