SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ministro de Administración Pública dijo este lunes que la existencia en algunas entidades de sueldos que superan al que devenga el presidente de la República, lo que contradice la regulación salarial vigente, es un tema al que habrá que buscarle una solución en el marco de la ley.
Ramón Ventura Camejo adujo que se trata básicamente de unos cuantos altos funcionarios y titulares de entidades sobre todo del área financiera, cuyas delicadas funciones demandan óptimos niveles de capacidad profesional, experiencia y credibilidad.
“Son muy pocos funcionarios y una parte están ubicados en el área financiera; es algo complejo a la hora de considerar no solo para nuestro país sino en toda la región, porque no es fácil conseguir una autoridad del Banco Central, por ejemplo, que tenga la credibilidad, la confianza y las relaciones, pero obviamente que eso está en la ley y a mediano o largo plazo habrá que buscarle una solución”, expresó.
Sostuvo que para el Ministerio de Administración Pública (MAP) lo más importante en estos momentos es que se pueda incrementar el salario mínimo a nivel del Estado, que se mantiene en unos RD$5,118 mensuales.
Según lo que establece la Ley 105-13 en su artículo 5, ningún servidor público podrá devengar un salario “mayor al del titular o titulares de los poderes del Estado, de los órganos y entes de origen constitucional, de los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo” para la que labora
Señaló que la Dirección General de Presupuesto cifra en RD$30 mil millones los recursos adicionales que se requieren para llevar hasta RD$7,500 mensuales el sueldo mínimo que devenga un considerable número de empleados públicos, para lo cual sería necesario aumentar las recaudaciones de impuestos.
“En Presupuesto se ha dicho que eso implicaría 30 mil millones de pesos que no están actualmente; o sea que el problema ha sido la incapacidad presupuestaria, hay una muy baja la presión tributaria y eso limita los ingresos, entonces son metas pendientes”, expuso.
El funcionario resaltó la importancia en este sentido de la Ley 105-13 Sobre Regulación Salarial del Estado, que no ha podido implementarse porque falta por aprobarse un reglamento que el MAP remitió a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, hace ya más de dos años.
Explicó que implementar esta legislación “implicaría un levantamiento de todos los cargos (públicos) porque el salario tiene que ver con la descripción del cargo, su complejidad, cuáles son los riesgos del cargo, el conocimiento que amerita a nivel profesional, la experiencia, y en esos se ha estado trabajando y avanzando”.
Consideró, no obstante, que durante el Gobierno de Danilo Medina se han logrado avances en esta materia. “Hay una Ley de Salarios aprobada por el Congreso, aprobada por nosotros; hoy podemos decir que no hay discrecionalidad, las propuestas de salarios tienen que ser estudiadas bajo el marco de la ley, hay más transparencia, y hay un proceso de implementación que es complejo no solo en la RD, sino en la región” de Latinoamérica, adujo.
Según lo que establece la Ley 105-13, ningún servidor público podrá ganar un salario “mayor al del titular o titulares de los poderes del Estado, de los órganos y entes de origen constitucional, y dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo” para la que labora.
Entre los funcionarios cuyos sueldos superan al del presidente Danilo Medina (RD$$450,000 mesnuales) están el gobernador del Banco Central, con un salario sobre el millón de pesos (RD$1,146,045); la vicegobernadora, el gerente (RD$1,033,97 y RD$918,070, respectivamente) y otros directivos de esta entidad. También el superintendente de Bancos, con un sueldo de RD$999,970 y los superintendentes de Seguros (RD$800,000), de Valores (RD$700,000) y de Electricidad (RD$596,546), entre otros.
Calidad en los servicios públicos
Ventura Camejo fue entrevistado durante la presentación del informe preliminar sobre un estudio sobre la calidad de los servicios públicos en el país, elaborado por técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del MAP.
La investigación se enmarca dentro del proyecto para agilizar los trámites e incorporar nuevas tecnologías en los servicios que ofrece el Estado dominicano a los ciudadanos y empresas en general, iniciativa en la que han colaborado entidades como la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).