SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) dio a conocer la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo que la República Dominicana pondrá en vigor, contenida en su Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID).
La definición, el contenido y los detalles de la iniciativa estuvieron a cargo del viceministro de Cooperación Internacional, Inocencio García Javier, quien recordó el Memorándum suscrito en ese sentido entre el MEPyD y el Ministerio de Relaciones Exteriores en abril de 2014.
Informó que esta política contiene siete objetivos estratégicos y 21 líneas de acción, además su visión, principios orientadores, y una agenda de cambio estratégico, detalló en una nota la Unidad de Comunicaciones del MEPyD.
Indicó, acompañado del viceministro de Planificación, Juan Tomás Monegro, que la política de cooperación internacional del país deberá tender a una convergencia entre las políticas públicas nacionales y las políticas públicas del entorno internacional.
García Javier simplificó al auditorio que la política dominicana de cooperación internacional es un conjunto de acciones que contiene lineamientos y pautas que orientarán en los próximos diez años la gestión de la cooperación internacional en el plano local y su impacto en las ejecutorias públicas. “Su concepción parte de las prioridades de la END (Estrategia Nacional de Desarrollo) definidas en la programación gubernamental y en el marco de actuación de la política exterior del país”, agregó.
Los órganos rectores del SINACID son el MEPyD, como órgano rector de las políticas de desarrollo nacionales; el MIREX, como rector de la política exterior, y el Ministerio de Hacienda, como responsable de gestionar el presupuesto nacional y su articulación con los planes de inversión y financiación del desarrollo, y el Ministerio de la Presidencia.
Además las instituciones nacionales sectoriales y organismos autónomos, los poderes Legislativo y Judicial, la administración descentralizada, los gobiernos autónomos y las alcaldías, la sociedad civil y los cooperantes.
Explicó que la Ayuda Oficial al Desarrollo que el país reciba deberá apoyar los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo a 2030 y armonizada con los cooperantes, a fin de elevar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la misma.
Recordó que por mandato legal, corresponde al la elaboración de la política de cooperación internacional no reembolsable, en coordinación con la Cancillería, y a partir de la estrategia-país, de las prioridades de áreas, programas y proyectos que diseñen de manera conjunta el Viceministerio de Planificación y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Subrayó que, en efecto, la política de cooperación internacional para el desarrollo de la República Dominicana es un instrumento que tiene entre otros objetivos insertar y posicionar el país en el plano internacional y mejorar su Índice de Presencia Global.
Es también un instrumento de política en las relaciones exteriores y de cooperación con Haití, asimismo para la ampliación de las relaciones exteriores tradicionales y, además, parte de la nueva arquitectura de la cooperación internacional al desarrollo.
El viceministro subrayó que con este instrumento el país también persigue la necesidad de cooperar para afrontar los grandes desafíos globales, el reto de la efectividad de la cooperación para el desarrollo, de las nuevas tendencias y modalidades e instrumentos del desarrollo, y promover la cooperación sur-sur y triangular.
En el encuentro también estuvieron los viceministros Juan Reyes, de Gestión de la Competitividad Nacional; Pascual Valenzuela, de Relaciones con la Sociedad Civil, y Radhamés Domínguez, Técnico Administrativo.
El director general de Cooperación Multilateral y coordinador de los Fondos Europeos para el Desarrollo, Antonio Vargas, acompañado de América Bastida, Nelson Valdez; Director de Cooperación Biletarel; Roberto Liz, Director de Desarrollo Económico y Social, Magdalena Lizardo, Directora de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social; y el director Legal, Roger Abreu, y técnicos y funcionarios medios de los distintos departamentos de la institución.