SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) manifestó su respaldó al veto del Poder Ejecutivo a la penalización “absoluta y sin excepción” del aborto en el Código Penal aprobado en el Congreso, por considerar que la decisión de Danilo Medina salvará vidas de mujeres.
La institución que dirige el ministro Isidoro Santana recuerda que los argumentos del veto presidencial son respaldados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el sentido de que el acceso al aborto inducido en forma legal y sin riesgos es uno de los procedimientos que evitaría las muertes de mujeres por esa causa.
En la guía la OMS señala que durante las últimas dos décadas la evidencia relacionada con la salud, las tecnologías y los fundamentos lógicos de los derechos humanos para brindar una atención segura e integral para abortos han evolucionado ampliamente, pero a pesar de esos avances se estima que cada año se realizan 22 millones de abortos inseguros que provocan la muerte a 47 mil mujeres y discapacidades a otras cinco millones.
El MEPyD también recuerda que la República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100,000 nacimientos, cuando el promedio regional es 77, de acuerdo con el Informe de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que elaboró el Ministerio.
Deficiencias del sistema
Asimismo, el Ministerio considera que el sistema nacional de salud pública adolece de una notable e injustificable deficiencia en la calidad de sus servicios, que se revela por las elevadas muertes neonatales y maternales, como resultado de la inobservancia de los protocolos técnicos que deben aplicarse en esos eventos.
Indicó que ante "los insólitos resultados de la atención en la gestación y el parto es fundamentalmente una consecuencia de la inobservancia de los protocolos técnicos" que deben aplicarse.
En consecuencia, la entidad propone definir un plan para el presente período presidencial a fin de abatir la ineficiencia en la atención de los nacimientos de los dominicanos, por lo menos, a niveles compatibles con la situación económica en el contexto latinoamericano y mundial.
El plan consistiría en el establecimiento de un sistema confiable de registro que permita conocer los procedimientos seguidos durante la atención a la madre y al recién nacido, y determinar las responsabilidades durante dicha atención, conjuntamente con un régimen de gratificación y sanciones que pudiera mejorar sustancialmente la calidad del parto y el tratamiento del bebé.
Una alternativa podría ser iniciar la ejecución del plan en las instituciones especializadas que manejan una alta proporción de la asistencia de las madres durante la gestación y el parto.