SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Hay más de seis mil suspensiones de contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo a causa del paro laboral por el coronavirus (COVID-19), según datos obtenidos por Acento, a pesar de las disposiciones decretadas por el Presidente Danilo Medina, y luego establecidas en la Resolución 07-2020 del Ministerio de Trabajo.

Pese a las facilidades dispuestas por las autoridades dominicanas en vista de la crisis nacional a causa del COVID-19, empresas privadas dedicadas a servicios externos a las necesidades básicas de la población se muestran en la necesidad de suspender los contratos de sus colaboradores por períodos que rondan entre los 60 y 90 días (dos y tres meses respectivamente).

Para el 1 de abril, el Ministerio de Trabajo tenía seis mil solicitudes de suspensiones de contrato de trabajo. Los documentos que se han presentado ante el órgano de gestión laboral nacional argumentan que el paro laboral dispuesto por el decreto 134-20 donde se declara el Estado de Emergencia Nacional y la suspensión de labores de actividades comerciales durante 15 días; le imposibilita a estas empresas poder generar recursos para pagar las nóminas de los empleados.

Esas solicitudes se están acogiendo este martes al programa Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE) que, de acuerdo a las disposiciones del Gobierno, junto al programa “Quédate en Casa” que aumentó los beneficios de la tarjeta de Solidaridad; aseguraban los ingresos a más de 5.2 millones de dominicanos.

A partir del decreto del 17 de marzo quedaron suspendidas “las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con la excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población: supermercados, colmados, estaciones de expendio de combustibles, farmacias y establecimientos comerciales dedicadas al expendio de alimentos crudos o cocidos, entre otros”.

En la alocución de Danilo Medina a la población dominicana el 25 de marzo, el mandatario indicó que “el Gobierno aportará un porcentaje del salario y la empresas sólo deberán cubrir la diferencia para completar al menos el 70 % del salario de cada trabajador, siempre a cambio de que los empleos sean preservados”, medida que estará vigente hasta el 31 de mayo.