Economía

Los rayos X, otro contrato que expone a RD a demandas internacionales

Por Gustavo Olivo Peña


SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La gestión de Hipólito Mejía autorizó a ICSSI, S.A., una sociedad creada al vapor con un capital ínfimo, la operación de un monopolio mediante la instalación en los puertos de equipos electrónicos destinados a la revisión de las cargas.

Casi once años después, los aparatos, que buscaban combatir delitos como el narcotráfico o el tráfico de armas, no están instalados, mientras República Dominicana corre el riesgo de ser llevada a una corte de arbitraje internacional.

Una empresa registrada al vapor y con un capital ínfimo obtuvo de la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004) el derecho de imponer un monopolio en todos los puertos dominicanos, en los que busca cobrar tarifas consideradas exorbitantes en servicios de control aduaneros, al instalar y operar equipos de digitalización de imágenes de rayos X utilizados en el combate al terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas. La compañía se ampara en un contrato que obliga al Estado a garantizarle a la entidad elevados beneficios financieros durante 20 años.

Se trata de la sociedad de gabinete ICSSI, S.A., registrada en República Dominicana, y beneficiada en julio de 2002 por el Gobierno de entonces con un contrato que parece sacado del sombrero de un mago. Fue autorizado por el presidente Mejía ese mismo año, suscrito por el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, en representación del Estado, y aprobado por el Congreso Nacional entre septiembre y octubre de 2003. Casi 11 años después los equipos no se instalan.

Al considerarlo una “forma pseudo legal de estafar al Estado dominicano”, el entonces director de Aduanas, Miguel Cocco, cinco meses antes de morir en una larga batalla contra una grave enfermedad, decidió buscar la nulidad del contrato por vías legales, argumentando que era “inconstitucional”.

Mediante carta fechada el 4 de diciembre de 2008, el fenecido funcionario evalúa los vicios de contrato e informa de su decisión al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Abel Rodríguez del Orbe.

El mismo Rodríguez del Orbe, en 2004, y antes de ser Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo a partir de 2008, era miembro del equipo de abogados de la empresa ICSSI en su litigio en contra del Estado, le recuerda Cocco en su carta.

También, en dicha carta, el entonces director de Aduanas cita el artículo 6 de un acuerdo de venta de acciones que la presidente de ICSSI, S.A., Belinda Galván viuda de Beauchamp, firmó con la empresa suiza COTECNA. Ese acuerdo incluye el compromiso que Galván, fundadora y, antes de ese pacto, dueña casi absoluta de ICSSI, recibiría un reembolso de un millón de dólares que previamente había invertido para “promover y obtener el otorgamiento del contrato” firmado con el Estado.

Mediante este acuerdo de accionista, COTECNA invertía RD$50 mil pesos, que ampliaban el capital de la concesionaria con la emisión de 500 nuevas acciones. De este modo la empresa suiza pasaba a ser dueña del 50% del capital de ICSSI, pero más importante que eso, proporcionaba a esa sociedad de gabinete de único dueño el “know how” y la experiencia de que carecía, fundamental para ejecutar el contrato que el Estado le había otorgado seis meses antes. Este acuerdo “demuestra la carencia de experiencia y conocimiento de parte de ICSSI para cumplir la tarea a su cargo por el contrato de concesión”, explicaba Cocco en su carta.

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El 15 de agosto de 2012, un día antes de terminar su mandato constitucional, Leonel Fernández recibió las conclusiones de esa comisión firmadas por todos sus integrantes, excepto uno: Rafael Camilo. Entre los firmantes aparece el ex abogado de ICSSI, en 2004, Abel Rodríguez del Orbe, en su función a punto de terminar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo

La Lupa Sin Trabas entrevistó a Jean Beauchamp Galván, hijo de Belinda Galván viuda de Beauchamp y accionista de ICSSI. En calidad de representante de los intereses de su familia ante la empresa, concedió la entrevista con la condición de que el reportaje se sustentara en los hechos y en la reproducción fiel de su declaración. He aquí lo que dijo: “COCTENA y nosotros empezamos una compañía, ¿cómo la llaman?… de gabinete, para empezar este proyecto” (…) “Desde el primer día, COCTENA fue la parte asesora, y después accionista”, apuntó.

El “goodwill”. Sobre el millón de dólares que se le reembolsaría a su madre, Jean Beauchamp explicó: “Nosotros los contactamos a ellos (a COTECNA) para que participaran en el proyecto. Como fuimos (los) de la idea, existe el goodwill, y eso siempre tiene un valor. Y nosotros pusimos ese valor, de un millón de dólares, para que ellos participaran” (…) “Les exigimos ese costo, no tangible, por ser nuestra idea”.

En el mundo de los negocios, el goodwill es el activo intangible de las empresas, que deriva de su reputación y de sus conexiones en el mercado, y que son fuente de beneficios futuros.

El ex presidente Mejía informó, a través de su vocero Héctor Guzmán, que su único interés al autorizar el contrato era “enfrentar la entrada de droga a través de los contenedores”. En esa ocasión, “la economía y el comercio no me interesó”, agregó.

Mejía considera además que Leonel Fernández, su sucesor en el cargo, debió dejar el citado contrato “sin efecto”, si consideraba su anulación conveniente para el Estado. Ese mismo llamado le hace al actual presidente Danilo Medina.

Mientras tanto, el general retirado José Miguel Soto Jiménez asegura que ese contrato no surgió desde las Fuerzas Armadas, porque el organismo militar “no tiene capacidad ni entidad jurídica para negociarlo”, y que lo que hizo el Estado Mayor fue evaluarlo desde el punto de vista de la seguridad nacional. “Eso (el contrato) se negoció en las instancias superiores, en el Poder Ejecutivo”, sostiene.

Al preguntársele sobre el millón de dólares que Belinda Galván alega que invirtió en la promoción y obtención del contrato, responde: “Yo no creo que fuera en las Fuerzas Armadas, porque ante la premura de algo así (la seguridad), y cuando la intención superior es que eso se haga, se hace en el menor tiempo posible”.

Rafael Camilo, ex director de AduanasSegún la carta de Cocco a Rodríguez del Orbe, “un conflicto interno entre la compañía concesionaria (ICSSI) y COTECNA” abortó un posible acuerdo amigable que la Dirección General de Aduanas impulsaba para modificar el contrato, y que se centraba en un mayor equilibrio contractual para que la empresa suiza se hiciera responsable de la concesión.

De acuerdo con la documentación sobre el registro mercantil de ICSSI, esa ruptura formalmente sucedió el 20 de noviembre de 2006, fecha en que COTECNA se retira del país tras revender sus 500 acciones a Belinda Galván, viuda del fenecido mayor general Juan René Beauchamp Javier, militar balaguerista que fue secretario de las Fuerzas Armadas entre 1975 y 1978.

Aduanas “go home”. Hubo otro intento de Aduanas, bajo la administración de Cocco, para “resolver el problema” y evitar un temido arbitraje internacional por el contrato concesionado en julio de 2002. El 20 de julio de 2007 el titular de Aduanas inició negociaciones con la empresa Global Inspection, representada en el país por Mustafá Abu Naba´s, un empresario jordano del petróleo y del asfalto residente en el país, muy cercano al ex presidente Fernández e incluso a su círculo familiar en el pasado reciente. Pero las condiciones propuestas por esta empresa eran “más cuestionables que (las) de ICSSI” afirma Cocco en su carta.

Cocco decidió entonces iniciar un proceso legal para lograr la nulidad del contrato. Una postura que mantuvo la Dirección General de Aduanas, bajo la gestión de Rafael Camilo. Y lo fue por lo menos hasta el 16 de agosto de 2012, incluso, en aparente contradicción con la decisión del presidente Fernández, quien el 20 de diciembre de 2011, mediante decreto, creó una comisión que tenía por objeto “estudiar y discutir las modificaciones que requiera el contrato suscrito por el Estado y la sociedad comercial ICSSI con el fin de instalar y operar equipos de digitalización de imágenes de rayos X en los puertos de República Dominicana”.

Esta comisión estuvo integrada por el ministro de las Fuerza Armadas, el director General de Aduanas, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, y un representante de ICSSI.

El 5 de junio de 2012, unos seis meses después de creada la comisión, Rafael Camilo envió una carta al ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Joaquín Virgilio Pérez Féliz, en la cual dice que la carta de Cocco “recoge la posición de la Dirección General de Aduanas”, y condiciona la ejecución de la concesión a la realización de una licitación pública internacional, en la que pudiera participar ICSSI, entre otras empresas interesadas.

El 15 de agosto de 2012, un día antes de terminar su mandato constitucional, Leonel Fernández recibió las conclusiones de esa comisión firmadas por todos sus integrantes, excepto uno: Rafael Camilo. Entre los firmantes aparece el ex abogado de ICSSI, en 2004, Abel Rodríguez del Orbe, en su función a punto de terminar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

En ese informe se propone al presidente Fernández que la responsabilidad de implementar el contrato de concesión se le quite a la Dirección General de Aduanas, y se le pase a la Autoridad Portuaria Dominicana y a las Fuerzas Armadas, a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP). También sugiere que se modifique la adenda del contrato para incluir una propuesta tarifaria elaborada por la Autoridad Portuaria Dominicana, y que se mantengan los equipos de los rayos X bajo el control de la empresa ICSSI.

La Lupa Sin Trabas gestionó una entrevista con Rafael Camilo, quien en la actualidad desempeña la función de Superintendente de Bancos, pero el funcionario entiende que a quien corresponde tratar el tema es al nuevo director de Aduanas.

También solicitó, y de forma insistente, una entrevista al nuevo director de Aduanas, Fernando Fernández. Primero, a través de su encargado de prensa, Abinader Fortunato, y directamente a través del Despacho del director y del departamento de Relaciones Públicas. Nunca hubo una respuesta, en una aparente actitud de silencio de la institución sobre este contrato.

Desde 2006 y hasta 2010, por lo menos, ICSSI se mantiene como una empresa inoperante.

En 2010, con el fin de adaptar la empresa a la nueva Ley de Sociedades, y convertirla en una empresa de responsabilidad limitada, su asamblea de accionistas acordó contratar los servicios de la firma Rosado & Asociados para que preparara un balance general de la empresa al 31 de diciembre de ese año. El resultado fue que sus activos ascienden a RD$50,000, desglosado en RD$10,000 invertidos en mobiliarios y equipos, y RD$40,000 en equipo de transporte.

Pero esta empresa, con un capital tan bajo, y sin operaciones, posee el derecho contractual otorgado por el Congreso Nacional de acusar al mismo Estado ante el International Center for Settlement of Invesment Disputes (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), un organismo autónomo del Banco Mundial, con el propósito de que se falle a su favor, para que a costa de las arcas públicas, se les pague la totalidad de los ingresos que de acuerdo con los términos del contrato esperaba recibir durante 20 años.

Indemnización multimillonaria. El puerto Multimodal Caucedo, que se opone a la ejecución del contrato suscrito con ICSSI, estima que de aplicarse los términos de ese acuerdo, los productos dominicanos se encarecerían desproporcionadamente con montos que oscilan entre 27 y 80 millones de dólares por año “solamente por el uso de los rayos X” que operarían con los equipos de la compañía con la que el Estado firmó el acuerdo.

Entre enero y junio de 2011, por los puertos de Haina y Multimodal Caucedo se movió más del 80% de la carga en contenedores para exportación e importación (medida en toneladas). Por el Multimodal pasó el 42.4% y por el de Haina el 37.7%, según cifras recientes de la Autoridad Portuaria Dominicana.

En las instalaciones del Multimodal Caucedo opera un equipo de digitalización de rayos X donado en 2008 por el Gobierno de Estados Unidos a la Dirección General de Aduanas. Este equipo es operado por técnicos del organismo estatal, bajo supervisión de inspectores de las Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos también ofreció donar un segundo equipo a la DGA para ser instalado en el muelle de Haina. Sin embargo, esa iniciativa se detuvo hasta que se resuelva el conflicto con ICSSI, informa William Malamud, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR).

José Nelton González, gerente de Relaciones Públicas del Multimodal Caucedo, asegura que los servicios de inspección de rayos X a los contendores en ese puerto son gratuitos. Sin embargo, la empresa cobra por el servicio de mover los contenedores mediante las grúas, lo que es necesario antes de realizar la inspección.

Los costos son generados por las tarifas que se cobran por la revisión, lo que a su vez constituyen los ingresos de la empresa que hace la revisión. Si se asume como reales las estimaciones realizadas por el Puerto Multimodal Caucedo, sobre el encarecimiento de costos para los empresarios, sin incluir los intereses, considerando constante el volumen del comercio y si se aplicara literalmente la letra del contrato, la indemnización a favor de ICSSI, en caso de finalización unilateral por parte del Estado, ascendería a una colosal cifra entre US$540 millones y US$1,600 millones. Después de todo, son 20 años de concesión.

Según Jean Beauchamp Galván, en julio de 2002, los equipos de rayos X costaban US$8 millones, porque para esa fecha era una tecnología nueva. Sin embargo, en la actualidad el precio está entre los US$2.5 millones a US$3 millones.

En el país operan 12 puertos, por lo que comprar equipos de rayos X para instalarlos en cada uno de ellos implicaría una inversión inicial de unos US$36 millones. Así, en unos dos años se recuperaría la inversión en los equipos.

El contrato para la instalación de equipos de rayos X en los puertos dominicanos provoca una recia oposición de los principales gremios empresariales del país, entre ellos, la AMCHAMDR, la Asociación de Industria de República Dominicana (AIRD), la asociación Dominicana de Zonas Francas y la Asociación de Navieros.

“La aplicación del contrato de instalación de máquinas de rayos X en los puertos dominicanos no sólo es innecesaria, sino que agrega más costos al comercio exterior dominicano en momentos en que se requiere seguir incrementando la competitividad de nuestras empresas”, dice la AIRD en su portal.

Por su parte, la AMCHAMDR ha pedido al presidente Danilo Medina anular el contrato suscrito con ICSSI, S.A., por considerarlo “inconstitucional” y violatorio del Acuerdo General sobre Comercio (GATT) y el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA).

William Malamud opina que su aplicación implicaría que República Dominicana perdiera las ventajas competitivas que los altos precios del transporte marítimo le otorgan con respecto a los competidores asiáticos. “Se perdería una oportunidad de oro” para atraer inversiones de Asia para exportar hacia Estados Unidos”, dice. “Están hablando de 95 dólares por furgón, lo que sería aumentar el costo en un 10% sin ningún valor agregado”, amplia.

El nuevo accionista. El 19 de agosto de 2011, el 50% de las acciones de ICSSI pasaron a ser propiedad de Boarder Support Services, una empresa registrada en la Florida, Estados Unidos, en 2009, y representada por Salomón Melgen, un reconocido oftalmólogo y empresario dominicano residente en Miami.

Melgen mantiene una estrecha amistad con Robert Menéndez, senador demócrata de Nueva Jersey, con cuya campaña política ha contribuido.

Por ejemplo, en mayo de 2010, Melgen organizó un coctel en su residencia en Casa de Campo, La Romana, en apoyo a la candidatura del senador Menéndez, quien estuvo presente.

Melgen también es sobrino del abogado Marino Vinicio (Vincho) Castillo, director de Ética e Integridad Gubernamental, y cuyo hijo, Vinicio Castillo Selman, ostenta la representación legal del reputado oftalmólogo en el país.

La Lupa Sin Trabas intentó concertar una entrevista con Vincho Castillo, a través de llamada a su celular, pero la persona que se identificó como el “Coronel Vaquero” informaba que el funcionario “se encontraba en una reunión”. Se le informó sobre el motivo de la solicitud de la entrevista.

El 19 de agosto de 2011, Fisch Comericial Corp, una sociedad offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas, representada por Jean Beauchamp, y a la que la familia Beauchamp traspasó sus acciones en ICSSI, le vende 500 acciones de la concesionaria a Boarder Support Services.

Estas 500 acciones, que representan el 50% del capital de ICSSI, y que de acuerdo con los libros tenían un valor de RD$50,000 (RD$100 cada una), para el momento de la venta de repente se valorizan y Boarder Support Services LLC paga por ellas US$100,000.

Marino Vinicio Castillo (Vincho)La empresa se acompaña de una “oferta técnica económica” que incluye la instalación de equipos de rayos de alta penetración, como el escáner HCVM 6032T viZual, capaz de ver del otro lado de un muro de 320 milímetros de espesor. En contraste, afirma que el CAB 2000, que supuestamente está instalado en Multimodal Caucedo, apenas traspasa 140 milímetros de acero, lo que solo permite revisar contenedores vacíos o con cargas poco densas.

También propone en su oferta técnica tarifas más bajas por la revisión de cada contenedor, que varían desde US$55 a US$25, y para los vehículos, desde US$55 a US$25. Su propuesta se basa en que en cada sitio en que se instalen los escáneres, deben revisarse una cantidad mínima de 180 mil contenedores por sitio. Y “cada sitio” son todos los puertos del país.

En carta enviada a Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, fechada el 29 de octubre de 2012, Salomón Melgen afirma que ICSSI “aceptó revisar los precios de las tarifas” para “adecuarlas a las a las tarifas existentes en países del área”. El oftalmólogo remitió a La Lupa Sin Trabas copia de esta comunicación.

La postura de Multimodal Caucedo es que el uso de los rayos X en los puertos debe ser un complemento de otras medidas de seguridad, como son las acciones de inteligencia de acuerdo con el origen, y el análisis de riesgo. Por esa razón, asegura que en Estados Unidos solo se inspecciona el 5% de los contenedores.

El contrato y sus adenda suscrito con ICSSI contempla que se revise entre un 100%, un 70% y un 60% de los contenedores, según sean de tránsito, de exportación, o vacíos de retorno.

Según reportes de Bloomberg, en Estados Unidos solo se revisó el 4% de los contenedores, en 2012, y ha sido casi imposible alcanzar la meta de revisar el 100%.

En su carta, Melgen explica que “adoptar una medida arbitraria e ilegal como sería tratar de anular el contrato de concesión (…) ocasionaría, de manera innecesaria un conflicto de arbitraje internacional, con graves consecuencias para el país (República Dominicana)”.

Considera falsos los argumentos de que la concesión sobre los rayos X implique un problema de competitividad para el país porque “ese sistema se lleva a cabo en casi todos los países del mundo”.

Sus palabras encuentran eco en Vincho Castillo, quien afirmó en diciembre pasado: “Es imprescindible la instalación de rayos X en los puertos dominicanos, debido a que sube exponencialmente la seguridad y la interdicción de drogas vía marítima”.

Melgen sostiene que los intereses de Boarder Support Services en ICSSI “son derechos adquiridos legítimamente y con autorización del Estado dominicano de una empresa norteamericana”.

Sus palabras reafirman la posibilidad de que la empresa norteamericana que opera en República Dominicana recurra en la jurisdicción internacional de arbitraje señalada en el contrato, y que la voz de la compañía llegue al Congreso de Estados Unidos. De hecho, ya sucedió en el caso de la Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (CODACSA), que llevó al senador Robert Menéndez a acusar al país de no estar dispuesto a “cumplir con la decisión del arbitraje internacional”.

Por el supuesto incumplimiento de un contrato de concesión bajo régimen de peaje para la construcción de las carretera San Pedro Macorís-La Romana y del mantenimiento de la avenida Las Américas, desventajoso y otorgado grado a grado en el gobierno de Mejía, el país fue condenado a pagar US$42 millones a CODACSA.

La historia podría repetirse.

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