LA VEGA, República Dominicana.- Francisco Javier García, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, dijo que brindará apoyo al sector productivo del país y en particular al sector arrocero, frente a la posibilidad real de que los pequeños y medianos productores desaparezcan por el costo excesivo en que incurren y porque los canales de comercialización se los tragan,
En Jima Abajo Javier García se reunió con productores de arroz y les prometió que de llegar a la presidencia les cambiará el actual esquema de los tiene desprotegidos. “En mi gobierno habrá compensaciones para proteger a los productores nacionales frente a los grandes competidores internacionales”, declar;o el político y actual ministro de Turismo del gobierno del presidente Danilo Medina.
César Espaillat, presidente de la Federación de Productores de Arroz, Apolinar Germosén, presidente de la Asociación de Parceleros, así como empresarios como Amín Canaán Gómez, José Rafael Figueroa, Miguel Santos, Rogelio padilla, Fabio Díaz, Diógenes Almonte y Salvador Gómez Gil le ofrecieron una descripción de lo que padece en la actualidad el sector arrocero.
La siembra promedio por año en el país es de 1.3 millones de tareas de arroz, que producen alrededor de 11 millones de quintales, en dos cosechas al año. El 80% de las regiones que concentran la producción de arroz son Norcentral, Nordeste y Noroeste.
En la siembra y cosecha de arroz laboran alrededor de 34 mil productores en las catorce provincias más importantes del país. El costo promedio de la producción es de 5,500 pesos por tarea, considerado por los productores como muy elevado. El promedio de rendimiento es de 3.5 fanegas de arroz por tarea, que es muy bajo en comparación con Estados Unidos, Uruguay y Vietnam.
Los intermediarios en la compra del arroz aplican una tara muy elevada en el peso, al recibir el arroz en cáscara, debido a la falta de control oficial y el precio de los insumos y las maquinarias es muy alto en comparación con los países de nuestra competencia.
Otra dificultad es que el financiamiento es escaso y a tasas de interés muy altas, lo que obliga a los productores a acudir a la banca informal, en donde quedan normalmente atrapados. Explicaron que el desmonte arancelario como consecuencia del DR-CAFTA del 2016 es una amenaza para el sector arrocero, si el gobierno no toma medidas adecuadas. Entre los problemas relacionados citaron la extendida práctica de venta de marcas de arroz con siglas en inglés que son falsas o con productos ligados y de baja calidad.
Explicaron que las demandas laborales en el área laboral deben tener una concesión especial, porque los labriegos cuando tienen problemas económicos incumplen sus obligaciones laborales para reclamar prestaciones o liquidación. Hay abogados que aprovechan esta situación y eso provoca que productores pierdan sus ganancias en las litio judiciales.
La dirección de Impuestos presiona con mucha fuerza a los productores agrícolas, dijeron, en especial con el pago de anticipos, por lo que solicitan una investigación más profunda sobre la verdadera rentabilidad de los productores.
También dijeron que los caminos vecinales se encuentran en mal estado, en especial en las fincas y zonas arroceras, lo que perjudica la producción agrícola en general.
Dijeron que hace falta que el gobierno les proporcione semillas de calidad, certificada, lo mismo que asistencia técnica, tecnología, programas de nivelación de suelos con rayos láser, un plan de uso racional de las aguas y sistemas de irrigación por gravedad.
También reclamaron estabilidad en la compra del arroz a un precio justo, y un porcentaje de tara ajustado a la condición del arroz. Piden control de los registros agroquímicos, instalación de laboratorios regionales para pruebas de calidad, la terminación de la presa de Guaiguí, ventana de créditos blandos para productores que por razones climáticas tengan pérdidas, entre otras medidas.