SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El sostenido crecimiento económico -que tuvo su cénit con el ascenso de 7.3% del Producto Interno Bruto (PIB) el pasado año-, los 354 mil nuevos empleos generados, la expansión del turismo, entre otros logros ostensibles, no libran a la gestión de Danilo Medina de cuestionamientos en temas neurálgicos como el gasto público, el endeudamiento, competitividad, la electricidad y el costo de la vida.
En general, al pasar balance a la política económica y sus resultados en los primeros tres años de la actual administración (2012-2016), economistas, voceros de la industria y de la pequeña y mediana empresa la ponderan en términos positivos. Coinciden en que se ha avanzado, pero no lo suficiente, al menos no lo que se esperaba, ni tanto como se prometió en campaña.
No obstante, sectores representantes de los consumidores y las amas de casa tienen una percepción más crítica, menos optimista, e insisten en que la bonanza de la estabilidad y las cifras del PIB no acaban de “bajar” a la población de escasos y medios ingresos, o sea, a la mayoría de los dominicanos.
La implementación de “reformas estructurales” en las áreas fiscal y energética es, según el economista Ernesto Selman, algo que ha faltado para dinamizar las actividades productivas y disminuir realmente “los costos de vivir y hacer negocios”, así como el desempleo en la República Dominicana.
Competitividad y déficits fiscales
“En la parte fiscal, luego del 2012, cuando el gasto público se disparó incluso encima de lo que apropió el Congreso, el Gobierno entrante hizo un cierto ajuste que permitió reducir el déficit tan alto que se había dejado, y eso fue positivo aunque no se siguió consolidando ese tema. Y si bien el Gobierno anunció que para el 2016 va a haber un presupuesto equilibrado para eliminar los requerimientos de deuda que tiene hoy día, no vamos a llegar a esa meta”.
Sostiene que la “mal llamada” reforma adoptada entonces (Ley 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible) devino en un sistema tributario “más complejo, más penalizante, que trajo más incentivos a la informalidad, la evasión y la elusión” fiscal.
A pesar de las medidas de austeridad y racionalización continuamente anunciadas, “todavía se mantiene un nivel de gasto público que sigue generando déficit fiscales, lo que a su vez requiere cada vez de mayor deuda”, afirma Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
Algo que también cuestiona son las “barreras” a la inversión que persisten aún en materia de trámites burocráticos, transparencia y también de costos. Señala que en el primer trimestre de 2015 la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó un 40% con respecto al mismo período anterior. “Esto quiere decir que no se han creado condiciones para atraer inversiones, y una de las cosas más importantes para atraer inversión extranjera son juegas de reglo claras, iguales para todos, y una burocracia transparente. No hemos logrado eso”.
El secular problema eléctrico, el transporte de carga y los costos laborales “no salariales” que se asumen en el mercado local son temas que según Selman siguen lastrando la competitividad de las empresas. “El tema eléctrico sigue y va a seguir siendo el talón de Aquiles de la economía dominicana”, al tiempo que en el transporte de carga “pagamos de las tarifa más caras de Latinoamérica y definitivamente la más cara” de Centroamérica.
“En lugar de invertir mil millones de dólares para resolver el problema de la distribución, que es donde hay más pérdidas de plata, se utilizaron dos mil millones de dólares para la instalación de unas plantas” de carbón, refiere Selman aludiendo al proyecto gubernamental de Punta Catalina. Otra “área crítica clave” atañe a los “costos laborales no salariales, es decir, fuera del salario”, que relaciona con la reforma al Código Laboral actualmente en discusión.
Apunta que un área muy positiva en términos de competitividad ha sido la construcción de importantes infraestructuras viales. “Es la parte más importante, lo mejor que ha hecho el Gobierno desde el punto de vista económico… lo que pasa es que no hacemos nada teniendo las mejores carreteras, si cuando usted va a contratar un transporte de carga le van a cobrar 4.75 dólares por kilómetro, en lugar US$1.75 que cuesta en Centroamérica”, observa Selman.
Endeudamiento
Otro punto negativo vinculado al ámbito fiscal es el creciente endeudamiento. “Mientras el Gobierno soga gastando más de lo que ingresa va a seguir requiriendo nueva deuda; entonces la deuda pública sigue incrementándose a un ritmo de unos dos mil millones de dólares anuales adicionales, más la deuda del Banco Central, cuasi fiscal, porque esto hay que verlo desde el punto de vista consolidado”.
Explica que al término de la crisis bancaria del 2003 la deuda del Banco Central era de unos RD$60 mil millones, y hoy anda por los RD$381 mil millones, o sea, en alrededor de US$8,500 millones. “Entonces ahí el tema más importante es que el servicio de la deuda y los intereses siguen incrementándose de manera sustancial, y que el Gobierno dominicano todavía tiene que endeudarse para pagar intereses de deuda vieja. Estamos haciendo eso desde el 2009 para acá”.
El tema preocupa también a la Asociación de industrias de la República Dominicana (AIRD), cuyo presidente, Campos de Moya, estima “necesario que el país se someta a una reducción” del gasto público y un alto en los niveles de endeudamiento. “RD ya está llegando a niveles de que se está endeudando para poder pagar intereses y capitales de deudas que ya tiene; la deuda del Gobierno Central cada día va en aumento y ese endeudamiento requiere que se haga un Pacto Fiscal, pero con la determinación de comenzar a vivir con lo que estamos reduciendo”, dijo el empresario.
Al 30 de junio de este año, la deuda pública total (externa e interna) del Sector Público No Financiero -sin incluir al Banco Central- ascendía a más de 23 mil 739 millones de dólares (US$23,739.7 millones), y equivalía al 36.5% del PIB. Según los datos de la Dirección General de Crédito Público, aproximadamente el 65% de ese monto (US$15,617.0) corresponde al saldo de la deuda externa del SPNF.
Avances y tareas pendientes
En el sector industrial predomina una valoración positiva al pasar revista sobre la gestión económica oficial, sobre todo en aspectos como la relación Gobierno-empresarios, la lucha contra el contrabando, la evasión fiscal y en cuanto a las expectativas que se tienen del inconcluso Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico.
“En el caso del sector industrial, nos sentimos agradecidos de la gestión del presidente Medina, que desde su juramentación estableció junto con la AIRD la mesa para darle seguimiento al segundo congreso industrial y prácticamente todos los temas se han ido avanzando y se han ido agotando”, indica Campos de Moya.
Agrega que existe una “apertura” departe del Gobierno y sus funcionarios ante el sector empresarial. “Cuando surge algún problema de cualquier índole, en cualquier sector, con una simple llamada la autoridad competente está abierta para recibirnos, y en ese sentido podemos dialogar, y tenemos una respuesta diferente, rápida, efectiva”.
El empresario reconoce además que las autoridades han sido enérgicas en la persecución del contrabando de bebidas alcohólicas, cigarrillos y otras mercancías, y de la evasión fiscal derivada de ese comercio ilícito.
Entre los tópicos que el Estado debe afrontar decisivamente y que quedan por resolver, De Moya menciona en primer lugar la suscripción del Pacto Eléctrico, del Pacto Fiscal, y trae a colación también el espinoso impasse migratorio con el vecino Haití. “Creo que el tema migratorio amerita que el Gobierno haitiano asuma una responsabilidad de identificar a sus ciudadanos; eso va a redundar en beneficio del trabajador haitiano, porque el día que ellos estén identificados, que puedan probar que son ciudadanos de ese país, podrán tener aquí su identificación, su permiso de trabajo, y podrán recibir los beneficios de la seguridad social que todo ciudadano debidamente identificado puede tener”, aduce.
“Podemos decir que se ha avanzado un poco, pero no lo suficiente”, señala de su lado Isaachart Burgos, presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), un sector también de mucho peso en la economía, que aporta la mayoría de los empleos formales e informales.
Algo que falta por hacer desde el ámbito oficial, según Codopyme, es que la cuota de participación -de 20%- que corresponde a las Mipymes en las compras y contrataciones de las instituciones públicas se implemente en función de aquellos bienes y servicios que estas empresas están en condiciones reales de ofertar y competir con los grandes suplidores.
“Se deben hace separadas las licitaciones: una para las Mipymes y una para grandes empresas”. Burgos afirma que desde el 2012 han experimentado cierta mejoría las pequeñas empresas e industrias de sectores como calzado, textiles, imprentas y las panaderías que vienen supliendo al programa de desayuno escolar. Otro punto a favor del Gobierno ha sido el impacto en el impulso a las iniciativas microempresariales de las denominadas "visitas sorpresa" que ha hecho el mandatario a numerosas localidades del interior.
No obstante, Burgos apunta que “mientras tengamos una energía deficitaria y cara, eso arrastra en términos de los costos, porque tienes que invertir hasta el 10% de tus ventas brutas mensuales” en proveerse electricidad.
Añade que al sector también le ha faltado empuje en el tema de la capacitación de la mano de obra. “Aquí faltan técnicos para metalmecánica, para la industria del calzado, en fin, falta mano de obra más acorde con las exigencias del mercado laboral” dominicano.
Expectativas “fallidas”
Ana Vertilia Cabrera, presidenta de los Comités de Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias, señala que la escalada alcista de la canasta básica y la ausencia de mecanismos que protejan a los consumidores han hecho rodar por el suelo las expectativas que sembró en sus discursos de campaña Danilo Medina.
“A raíz de la reforma fiscal (2012) y los reajustes de precios que se hicieron posteriormente, además del alto índice de desempleo, tuvimos que enfrentar una reestructuración en el presupuesto familiar, porque la escala alcista que desde entonces hemos tenido, con altos precios de principales productos de la canasta familiar, nos ha colocado en mucha dificultad”.
En adición, recuerda que el consumidor dominicano permanece “huérfano” de mecanismos reguladores del Estado que velen por las prácticas especulativas y el alza injustificada de muchos bienes alimenticios.
Una opinión similar tiene Alfonsina Cuesta, presidenta de la Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom). “Donde básicamente no se ha cumplido es en la reducción de bienes y servicios de primera necesidad; agua, electricidad, telecomunicaciones, servicios financieros, también combustibles, son los que más han golpeado” el bolsillo de la gente, refiere.
Manifiesta que si algo “salva un poco” la actuación del Gobierno en este orden, es el rol, aunque muy limitado y de poco impacto por su carencia de recursos y estructuras, que ha desempeñado el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), organismo que dirige Altagracia Paulino.
“El Gobierno le ha fallado a los consumidores, excepción de Pro Consumidor; el crecimiento no acaba de bajar a la población; el empleo donde ha crecido ha sido en el sector informal; y en el Seguridad Social el nivel de atención primaria no se ha puesto en vigencia, que es donde la población tendría una más amplia cobertura”.
Cuesta concluye que pasando balance a estos tres años “es más lo negativo que lo positivo, porque el costo de la vida ha aumentado significativamente; como los combustibles y la electricidad, que son los componentes que más inciden en los precios y siguen caros, a pesar de lo que ha pasado con el petróleo”.