SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Poder Ejecutivo, al someter el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) para el año fiscal 2015, ha demostrado su incapacidad de abordar el Pacto Fiscal consignado en la ley No. 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo, y el compromiso del señor Presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, al juramentarse ante la Asamblea Nacional.
Al mantener una política presupuestaria deficitaria, el gobierno reafirma su vocación de seguir utilizando los recursos públicos en una estructura de gasto clientelar y continuar endeudando aun más al país, y así, postergar las medidas de fondo que conllevaría la realización de un Pacto Fiscal por el miedo de perder popularidad.
Por eso los funcionarios hablan de que no habrá reforma fiscal, sino en el 2016, con una nueva administración que tendrá que cargar el costo político que conlleva transformar la estructura de gastos, impuestos, exenciones, exoneraciones, facilidades, abriéndole el camino de nuevo en el 2020 a quien se despide con alta popularidad, a costa de la crisis económica, social e institucional que se siente y que se visualiza se profundará.
El proyecto de ley de PGE-2015 ha sido considerado con un déficit financiero de 74 mil millones de pesos y compromisos por aplicaciones financieras (amortización de deuda) por un monto de 102 mil millones, lo que implica que el gobierno se verá en la necesidad de buscar financiamiento (endeudamiento) por 176 mil millones.
El plan de financiamiento propuesto por el Gobierno para el ejercicio presupuestario 2015 por un monto de 176 mil millones consiste en realizar emisiones de bonos Internos por 42 mil millones (US911 millones de dólares), y Globales (Soberanos) por la suma de 69 mil millones (US$1,500 millones de dólares). Esto último aumentaría a 4 mil 500 millones de dólares el total de Bonos Globales emitidos por la presidencia de Medina Sánchez en 3 años.
Asimismo, obtener para apoyo presupuestario del Acuerdo Petrocaribe un desembolso de 32 mil millones de pesos (US$700 millones de dólares) y de los Organismos Multilaterales y la Banca Comercial préstamos por un monto de 18 mil millones (US$400 millones de dólares).
Además, se consigna la necesidad de utilizar préstamos por un monto de 14 mil millones (US$302 millones dólares) con los organismos Bilaterales, Multilaterales y Banca para proyectos específicos.
Es oportuno señalar que el gobierno irrespeta sus planes y los modifica sin tomar en cuenta la competencia del Congreso Nacional y éste, al parecer no le importa, como ejemplo, para el 2014 por Acuerdo Petrocaribe se aprobó un financiamiento de RD$26,640 millones y se proyecta que terminará en RD$32,856 millones, equivalente a un incremento de 23 % con relación a lo aprobado.
Otro endeudamiento del Estado tiene que ver con el incumplimiento de lo establecido mediante la ley No. 167-07 y que de acuerdo a su artículo 6, para el año 2015 se tendría que disponer del 1.3 % del PIB, equivalente a 39 mil millones, y se le está reduciendo al 0.7 % del PIB, es decir a 21 mil millones por concepto del pago de los intereses del total de los Bonos que han sido emitidos para a la Recapitalización del Banco Central, lo cual aumenta el déficit cuasi fiscal. Esa diferencia de 18 mil millones tendrá que ser suplida por el propio Banco emitiendo más certificados con lo que se hace una especie de reenganche de una deuda que cada día es mayor.
Lo anterior citado es a pesar de que el artículo 14, de la citada ley de Recapitalización del Banco Central, establece que: “La falta de cumplimiento o la negativa a cumplir con los términos de la presente ley por parte de cualquier funcionario encargado de su ejecución y aplicación, constituye una infracción especial que se castigará con la pena de dos (2) a cinco (5) años de reclusión, y la degradación cívica”.
Pero, el gobierno se debe a la ley cuando le conviene.
Otro aspecto del proyecto de ley que refuerza nuestra consideración de ser un presupuesto clientelar es el seguir debilitando al Poder Judicial y por consiguiente la separación e independencia de los Poderes.
Ya el Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia se queja del presupuesto asignado y dice al respecto: “Ahora será difícil y los que me están exigiendo que no se quejen”.
Sin embargo, conforme a la ley No. 194-04, al Poder Judicial se le tendrían que asignar la suma de 10 mil 400 millones, equivalente al 2.67 % de los Ingresos Corrientes que se estiman en 445 mil millones, menos los que tienen destinos específicos calculados en 55 mil millones. A pesar de ello, solo se asigna la misma partida que el año 2014 que alcanza un monto de 5 mil 222 millones de pesos.
La misma ley antes citada consigna que el Poder Judicial, una vez que elabora y aprueba su anteproyecto de prepuesto, el cual no podrá ser modificado por el Poder Ejecutivo, lo enviará a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que lo incorporará al proyecto de ley de Presupuesto General del Estado.
¿Dónde está la autonomía e independencia del Poder Judicial?
Y como un irrespeto más a la independencia que debe tener el Poder Legislativo, que no puede delegar sus responsabilidades, el Poder ejecutivo somete un proyecto de ley de emisión de deudas por 111 mil millones de pesos en el entendido que se aprobó el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el 2015, sin ni siquiera empezar su discusión.
Si el Senado de la República se respetara, hiciera valer su consagración como parte del Primer Poder del Gobierno de la Nación, como lo establece el artículo 4 constitucional, y le devolvería el citado proyecto de emisión de deuda al Poder Ejecutivo.
Pero creo es pedirle “peras al olmo” con la actual composición del Senado, en el cual la mayoría de sus senadores aprueban el presupuesto cada año por disciplina partidaria y no como auténticos representantes de sus comunidades y del pueblo dominicano.
¡Hacer lo que siempre se ha hecho, aprobar el presupuesto sin discusiones de fondo y ya ni siquiera de forma!