SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La recién aprobada Ley 47-20, sobre de Alianzas Público Privadas es percibido como el freno definitivo al nivel de riesgo que el Estado dominicano asume en proyectos de asociación con el sector privado.
En República Dominicana sobran los ejemplos en los que el Gobierno ha asumido una proporción más que generosa del riesgo asociado con un proyecto, cediendo a su vez, los beneficios económicos a los inversionistas.
Según explica el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, la Ley 47-20 (promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de febrero), vendría a regular ese proceso.
Señala que tanto en República Dominicana como en otros países de América Latina, el Estado ha asumido la totalidad del riesgo de proyectos de gran envergadura, cubriendo las deficiencias, principalmente económicas, que los proyectos pudieran presentar.
“La Ley 47-20 recogería, en el caso dominicano, unos 30 años de experiencia a nivel internacional. En esta se plantea hacer una cesión total o parcial del riesgo al privado, por lo que no podrán otorgarse contratos en los que el sector público deba asumir todo el riesgo”, indica.
Un ejemplo (por citar alguno) en que el Estado dominicano terminó por asumir los riesgos de la inversión, es el de las autopistas del Nordeste (Juan Pablo II) y Boulevard Turístico del Atlántico, para las que se desembolsó alrededor de US$ 305 millones (RD$ 11,000 millones al momento de su inauguración).
El acuerdo de concesión, firmado el 18 de julio de 2001 por el Estado dominicano y el consorcio Autopistas del Nordeste, C. por A., compuesto por Odinsa Holding, Grodco SCA y Consorcio Remix, establece que el grupo se encargaría de construir y financiar el 80 % del costo total de las carreteras Nordeste (Juan Pablo II) y el Boulevard Turístico del Atlántico. A cambio de esto, el gobierno dominicano cedió por 30 años el derecho exclusivo de recaudo del 100 % de peajes en ambos trayectos.
El convenio también establece que el Estado garantizaría un ingreso mínimo al grupo, de no cumplirse las recaudaciones esperadas por la empresa en lo que respecta al flujo de vehículos, una obligación conocida popularmente como “peaje sombra”. Este subsidio, entre los años 2012-2019, llegó a unos RD$ 21,000 millones, es decir US$ 457 millones.
Dicho de otro modo, el grupo ya ha superado con creces la inversión destinada para el proyecto.
Este año, el Estado pagará por peaje sombra unos RD$ 4,647.8 millones del dinero de los contribuyentes, un aumento de RD$ 1,080.9 millones con relación a 2019.
La autopista del Nordeste o Juan Pablo II, se inauguró en el 2008, mientras que la carretera Boulevard Turístico del Atlántico se inauguró en el 2011.
Jiménez indica que a partir de la implementación de la Ley 47-20, ese tipo de concesiones en las que el Estado cede las ganancias y acepta la totalidad de los riesgos, no podrían realizarse, ya que la norma establece límites en la capacidad que tiene el Estado de comprometer recursos a proyectos APP.
Otra novedad que incluye la norma es que la matriz de riesgo debe ser publicada en el pliego de condiciones. De esta forma, el inversionista privado tendría de antemano información de cuales riesgos serían asumidos por el Estado.
Asimismo, una vez firmado el contrato, no se podrá modificar la raíz de riesgo, esto para impedir que el Estado, mediante negociación con el sector privado, termine aceptando toda la carga de la inversión.
Sobre esto, Jiménez explica que la modificación del contrato requeriría la aprobación del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas (CNAPP) y si incluye recursos no previstos inicialmente, se necesitaría la aprobación del Congreso Nacional.
Sin embargo, el alcance de la Ley no se extiende a la revisión de los contratos ya establecidos. “Por seguridad jurídica, no se pueden afectar actuaciones de la administración pasada. Sólo podría realizarse mediante revisión de mutuo acuerdo”.
Ventajas y novedades
Según el ministro de Economía, las alianzas público privadas – de hacerse bien –, ayudaría a cerrar la brecha existente entre República Dominicana y países de América Latina y el Caribe, en lo que a inversión en infraestructura se refiere.
Actualmente, la inversión nacional en es inferior al 2.5% del PIB, mientras que estudios realizados por el Banco Mundial y el BID demuestran que se requiere una inversión anual superior al 5% del PIB para reducir la diferencia.
En ese orden, explica que lograr cerrar la brecha exclusivamente con recursos públicos, con una presión fiscal inferior al 15 % del PIB y con altas necesidades de inversión social, resulta casi imposible para el Estado.
También se contempla la creación de una Dirección General de Alianzas Público- Privada (DGAPP), con la finalidad de promover los proyectos, cuyo órgano superior es el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas (CNAPP), responsable de las funciones de evaluación y determinación de la pertinencia de las APP.
El CNAPP está conformado por el ministro de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, la Consultoría Jurídica Poder Ejecutivo, el director general Contrataciones Públicas, y el director ejecutivo de la DGAPP.
Esto promueve la toma de decisiones colegiadas e involucra a distintos actores claves del sector público.
Adicionalmente, la ley asigna funciones claves de evaluación a los ministerios de los titulares que forman parte del CNAPP para garantizar el beneficio económico a la sociedad en conjunto sin comprometer la sostenibilidad fiscal.