GINEBRA, Suiza (EFE).- El relator de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, advirtió este lunes de que el aumento de las medidas de austeridad "excesivas" por parte de las autoridades de Puerto Rico para ajustar las finanzas públicas empeorará los niveles ya "intolerables" de pobreza en la isla.
La deuda de este Estado Libre Asociado de Estados Unidos se eleva a más de 72.000 millones de dólares (68.000 millones de euros), cifra que el Gobierno puertorriqueño ya consideró "impagable" hace más de un año.
"Sencillamente, la isla no puede afrontar mayores niveles de austeridad", resaltó Bohoslavsky en un comunicado, quien ha solicitado a Estados Unidos realizar una visita a Puerto Rico.
Después de diez años de depresión económica, "nuevos recortes en el gasto no contribuirán a una recuperación", sino que "acelerarán la emigración y perjudicarán la provisión de servicios públicos esenciales del territorio", apuntó el experto, quien recordó que el 60 % de los niños en la isla vive en la pobreza.
Bohoslavsky aseguró que controlar la deuda pública y reducir el déficit presupuestario son "objetivos importantes", pero "no deberían lograrse a expensas de los derechos humanos".
En su opinión, "las pérdidas deben ser distribuidas equitativamente".
Según el experto, los titulares de los bonos, incluidos los inversores en fondos de alto riesgo, deben asumir su parte equitativa de las pérdidas.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, que lidia con la crisis, debe evitar dar "prioridad absoluta a los derechos de los acreedores", consideró.
El experto independiente de la ONU recalcó el particular efecto de la crisis de la deuda en los discapacitados.
Bohoslavsky denunció que los residentes en Puerto Rico reciben de promedio 74 dólares al mes por concepto de ayuda federal para gastos de manutención, en comparación con los 540 dólares de media que perciben las personas con discapacidad que viven en los estados continentales de EE.UU.
"El coste real de la vida no justifica esas diferencias en la ayuda pública", subrayó.
Añadió que, "según el derecho internacional, Estados Unidos es responsable de asegurar que los derechos sociales de todas las personas que viven bajo su jurisdicción sean totalmente protegidos, sin ningún tipo de discriminación".