SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En un contexto de precios liberalizados, estructuras de comercialización distorsionantes y especulativas, leyes que están pero se incumplen a diario, y una desigualdad en el ingreso y en las oportunidades de movilidad social que asombra a no pocos expertos y organismos internacionales, el consumidor dominicano precisa más que nunca de políticas públicas que amparen sus derechos.
Con esa finalidad se creó hace una década, en septiembre del 2005, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), entidad cuyos antecedentes originarios se remontan al año 1963, cuando el entonces presidente Juan Bosch (1909-2001) promulgó la Ley de Protección a la Economía Popular.
Con un presupuesto de unos RD$130 millones (US$2,9 millones), el mismo de hace cinco años, pareciera que el propio Gobierno que la ha dejado en el cargo –donde lleva tres períodos seguidos– se ocupa de ponérsela ‘en China’ a Altagracia Paulino, directora ejecutiva de la institución y defensora de larga data, antes desde las trincheras de la sociedad civil y ahora en el Estado, del bolsillo de la gente.
Debido a sus limitaciones y a la inobservancia de la ley, Pro Consumidor tiene presencia en solo cinco de las 31 provincias del país (Santiago, Barahona, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana y Hato Mayor) y opera con apenas el 10% de los técnicos e inspectores que necesita para dar la batalla por los derechos del consumidor.
Periodista de amplia trayectoria y abogada, servidora pública desde el 2009, ‘Altagracita’ Paulino afirma que voces influyentes la perciben como una especie de ‘oveja negra’ gubernamental, y obstruyen el apoyo a iniciativas tan esenciales como la instalación de un laboratorio para analizar la calidad de los productos y alimentos.
“Muchos políticos piensan que yo soy el ‘cuco’ del sector empresarial, por eso me tratan de lejitos”, comenta Paulino, una de las funcionarias mejor valoradas y a quien entrevistamos con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se celebra cada 15 de marzo, por disposición de las Naciones Unidas.
¿Es el dominicano un ‘consumidor inteligente’, como dicen hoy día?
No, no es un consumidor inteligente. Ahora vi un grupo que quiere hacer un boicot al pan, eso es ser un consumidor inteligente. En la mayoría de los países donde hay un consumidor inteligente, cuando te sube un producto la gente deja de comprarlo, y tienen que bajarlo otra vez. La demanda es la que hace que suban y bajen los precios. Un consumidor inteligente, primero, sabe que tiene unos recursos que son limitados, y entonces sabe hacer sus prioridades. Por ejemplo, elige aquellos alimentos que tengan los nutrientes necesarios; es aquel que sabe que las compras compulsivas le hacen daño. O sea, es ahorrativo, no se deja guiar por la publicidad; es un consumidor que hace un uso racional de sus recursos, hace una inversión de su dinero. Entonces eso nos falta, estamos muy invadidos por la publicidad falsa y engañosa, y también por una publicidad que es legal, pero que a veces te induce a comprar y acumular cosas, sin tú necesitarlas. Pero sobre todo el consumidor tiene que estar bien informado y orientado, pero aún tenemos mucha falta de información, y eso impide que la gente conozca todos sus derechos.
¿Ese desconocimiento es más acentuado que en otros países de la región?
Yo creo que sí, por una razón sencilla. Primero, porque la ley es relativamente nueva, del 2005, y aunque nosotros veníamos desde la sociedad civil luchando por los derechos de los consumidores, todavía la población no está suficientemente enterada. Hemos hecho esfuerzos ingentes, pero eso no basta. Se necesitan insumos, como campañas permanentes, duraderas en los medios, para que la gente entienda que tiene derechos, porque la única manera de que se haga ciudadanía responsable es conociendo sus derechos y sus deberes también. Tenemos una Constitución nueva, del 2010, que garantiza y declara los derechos del consumidor como derechos humanos fundamentales, entonces la gente tiene que saber eso. Para la construcción de un estado democrático, como lo define la Constitución, tiene que haber una ciudadanía consciente, capaz de organizarse para exigir cosas, cumplimiento, transparencia. Nosotros desde aquí estamos tratando de contribuir con eso, pero se necesita el esfuerzo de todo el mundo, porque para eso se necesita una política pública del Estado, del Gobierno.
Usted ha dicho que falta una política de Estado para la defensa del consumidor.
Así es. Estamos nosotros, pero se necesita una política pública. Inclusive, creo que debe haber un Código del Consumidor, que incluya lo que está contenido en la Ley (358-05 de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios) y en las leyes colaterales. Por ejemplo, en la salud tenemos acciones conjuntas, está el sistema para la calidad, aprobaron la Ley 166-12 y el capítulo 2 nos atribuye toda la parte sancionatoria, de verificación, pero no tenemos instrumentos para aplicarla, porque nos falta dinero para contratar técnicos. Se necesita un equipo de técnicos, investigadores, que puedan contribuir a la transparencia, no solo para los ciudadanos, también para los mismos productores y proveedores, porque lo que se busca es el equilibrio del mercado.
Está la legislación, pero vemos un organismo muy limitado, con poco presupuesto…
Sí, desde el 2010 tenemos el mismo presupuesto. A nosotros, por ejemplo, nos ofrecieron un laboratorio en el Gobierno, yo creía que a este nivel íbamos a tenerlo, porque una institución como ésta lo necesita. Por ejemplo, tenemos que pagar los estudios cuando vienen denuncias del agua, de todo. Todos esos productos vencidos que confiscamos en el mercado a veces hay que pagar 90 mil pesos para su destrucción, porque si los dejamos por ahí hasta los pueden vender. Entonces pagamos una empresa que está ambientalmente autorizada para eso, porque tú no puedes destruir orgánicos con inorgánicos, vidrio, plástico, papel con cáscara de plátanos. O sea, ellos tienen un sistema de destrucción de eso y utilizamos sus servicios.
¿Hasta qué punto les afecta la falta de recursos? ¿Cuántos inspectores tienen, por ejemplo?
Nosotros vamos a certificar el sistema de inspección, porque desde que surgimos los inspectores de control de precios estaban todos desacreditados, y dijimos que en Pro Consumidor, una institución nueva, que está llamada a ser creíble, no podíamos tener ese sistema. Entonces definimos un perfil de lo que debía ser un inspector de Pro Consumidor. Lo primero es que tiene que capacitarse aquí, tener sentido de pertenencia, compromiso, y nosotros elegimos profesionales; tenemos hasta un médico, porque tienen que ser profesionales. Ganan más o menos bien, no lo que debieran ganar obviamente, pero no ganan cinco mil pesos, como los inspectores de Salud Pública, para ponerte un ejemplo. Por eso no tenemos muchos, porque tenemos que pagarles bien. Pero es un sistema donde el inspector sale a la calle y tiene también una supervisión, para que no nos vendan gato por liebre.
¿Con qué porcentaje, del personal técnico que necesita, opera Pro Consumidor?
Yo estoy trabajando como con el 10% de los técnicos que necesita la institución. Nosotros necesitamos ingenieros químicos, economistas para lo del mercado, capacitar más inspectores; necesitamos estar en todo el país. La ley dice que debemos estar en todo el país y nada más tenemos Santiago, Barahona, San Francisco de Macorís y ahora tenemos Hato Mayor y San Juan de la Maguana, porque la ley también dispone que en aquellos lugares donde Pro Consumidor no se pueda establecer, los ayuntamientos deben facilitar una estafeta para que eso se haga.
¿Incumplen los ayuntamientos esa parte de la ley?
El de San Juan y el de Hato Mayor son los únicos ayuntamientos que nos han facilitado para el cumplimiento de la ley, pero tenemos otro problema, porque el personal que trabaja en Pro Consumidor es un personal que tiene que pasar aquí un mes capacitándose, aprendiendo los procedimientos, y tratamos sobre todo que sea honesto. Entonces, si yo no tengo dinero para pagarle a todo el personal que debe estar en todo el país, estamos incumpliendo con la ley, pero es porque no nos han dado lo necesario. Yo mandé el año pasado al Gobierno Central lo que necesitamos para abrir doce oficinas en doce provincias donde los legisladores y la Gobernación nos ofrecieron espacios, o sea que nada más tenía que nombrar el personal, y yo no pude.
¿La cantidad de casos que atienden, desborda la capacidad de respuesta de Pro Consumidor?
Si. Esa es una preocupación muy grande que yo tengo. Estamos recopilando los datos precisos, pero van más de 23 millones de pesos devueltos a la población en mi período.
¿Cómo se siente cuando se ignoran sus pedidos, mientras otras entidades reciben más asignación presupuestaria? Usted ha mencionado a Pro Competencia.
Bueno, lógicamente que yo no me siento bien. Pero sí es necesario que los gobernantes y la población entiendan que debe haber política pública para todos, y una política definida para la defensa del consumidor, incluyéndola en la agenda nacional. Porque la defensa del consumidor es transversal, en el tema de la salud, de educación, del medioambiente, el tema económico, del ahorro. Por ejemplo, la educación en torno al ahorro de combustible, de la energía; o sea, es tan transversal que necesitamos un Código y una decisión política de protección al ciudadano en su relación con el mercado. Y para que eso se haga no es solo tener a Pro Consumidor ahí, sino darle las herramientas para que pueda hacer el trabajo.
Parece que se le torpedea desde el propio Gobierno…
Sí, bueno… mira lo que sucede: hay una cultura del empleado público y de los funcionarios, de que no conocen o no les interesa conocer cuál es su función. El funcionario es un servidor público, desde el Presidente hasta el más chiquito, entonces como tal debe ser transparente, honesto, debe hacer muchas cosas. Entonces yo soy como una especie del muchachito que no nos sabemos la clase ninguno, pero hay uno que estudió y se la sabe. Más o menos yo soy eso, entonces no me ven bien. Entonces yo soy afrentosa, porque yo entiendo que deben hacer y no hacen, y a veces tengo yo que hacerlo, teniendo otro que hacerlo. O sea, es un problema de la visión.
En tres años de gobierno de Danilo Medina le han frizado el presupuesto ¿Qué lectura le da usted a eso?
Yo creo que el presidente Medina quiere, y por eso creo que él me ha dejado aquí, porque con un decreto me podría quitar. Pero tiene mucha gente en su entorno y fuera del entorno… por ejemplo el laboratorio, yo se que lo atomizaron, ah no, eso no se necesita ahora, eso no es necesario. Inclusive no solamente gente de su entorno, gente de fuera que influyó porque como hubo una experiencia aquí con lo de los salamis, creen que…
Se refiere a empresarios, obviamente…
Sí. Yo dije en el 2012, que había una intención de destruir esta institución, porque hemos creado una plataforma que el que venga aquí tiene que hacerlo bien. Yo me voy pronto, pero hay que hacerlo bien.
¿En Palacio la perciben como alguien que hace mucho ruido?
No me lo dicen, pero yo lo sé, porque he oído comentarios. Entonces, nada, yo creo que cada cual tiene que hacer lo que debe hacer, pero sobre todo hacerlo bien. Yo nunca había sido empleada pública, es mi primera vez. Siempre fui periodista y como periodista criticaba a los funcionarios. Por eso trato de ser lo más transparente posible, pues para mí sería muy cuesta arriba meterme al paquete de la burocracia, que no hace nada y nada más cobra los 25.
¿Tiene conciencia la clase política dominicana sobre los derechos del consumidor?
Yo quisiera que la tuviera, un político inteligente asume este tema. En Chile, la defensa del consumidor fue tema de campaña, y la Bachelet ganó. En El Salvador también. En Colombia Santos se reeligió y en sus planes de reelección estaba fortalecer la Oficina del Consumidor, y el Foro Iberoamericano de Agencias de Gobierno de Defensa del Consumidor del 2013 se hizo en Colombia, aunque la sede le tocaba a Pro Consumidor. Lo mismo pasó en Perú, el Foro de este año nos tocaba a nosotros pero va a ser en Perú, porque en Perú el presidente lo pidió.
O sea, que el tema no está en la agenda de los partidos…
No. Oye esto, muchos políticos piensan que yo soy el cuco del sector empresarial, que los empresarios les dan dinero y por eso me tratan de lejitos. Sin embargo, el mejor aliado que he encontrado aquí es el sector empresarial, no me lo vas a creer. La publicidad engañosa ha bajado un 70%. El libro de reclamaciones, que lo acogió el sector empresarial, ha contribuido a bajar las quejas aquí; ellos resuelven allá en sede. Ahora vamos a celebrar el Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas y Autorregulación, y el sector empresarial nos ha apoyado muchísimo, porque ellos quieren la transparencia. O sea, ven con buenos ojos a Pro Consumidor, porque ellos han mejorado por la presencia de nosotros.
¿Y los políticos cómo lo ven, como un estorbo?
Yo no sé ni cómo lo ven, pero no se refieren al tema. Porque tienen temor de que si asumen el tema no van a votar por ellos, o que los empresarios no les van a dar dinero para su campaña, porque eso es parte del clientelismo y también un poco de la corrupción en el ejercicio de la política.