SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Las 24 organizaciones afiliadas a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) demandaron la revisión inmediata de la ley 28-01 y su modificación en un plazo no menor de 60 días, con el fin de corregir las que consideraron distorsiones que genera esta legislación.
Indicaron que la recién aprobada ley 253-12, estipula la revisión de la ley 28-01 que creó una “zona especial para el desarrollo fronterizo” a causa de efectos dañinos provocados por dicha legislación en perjuicio del Estado Dominicano y de la estabilidad de más de 7 mil pequeñas, medianas y grandes industrias establecidas en todo el territorio nacional.
Ligia Bonetti , presidenta de la AIRD, dijo que ha quedado demostrado que los resultados de esta ley en sus casi 12 años de vigencia no han llenado las expectativas trazadas por la misma de promover un flujo de inversionessuficientes que provocara de manera sostenible formas más elevadas de vida en la región, que estimulara el regreso de muchos de los que la habían abandonado y el asentamiento de nuevas familias y empresas.
A la vez, entiende que por el contrario esta ley ha generado un efecto muy negativo al haber promovido cuantiosas pérdidas de ingresos fiscales para el Estado, así como un irritante y costoso clima de competencia desleal y ventajas desproporcionadas a unas escasas empresas.
Para los representantes del sector industrial la aplicación de esta ley no solo exhibe muy pocos logros sino que ha sido discriminatoria y discrecional, en cambio, mejores resultados tendría el país si el Estado dominicano invirtiera los cientos de millones de pesos que ha dejado de percibir como consecuencia de estos incentivos fiscales, en verdaderos programas de bienestar social que tanto se requieren en la zona fronteriza.
Bonetti aclaró que los empleos creados al amparo de la ley 20-01 no representan un crecimiento neto de empleos, pues en su mayoría han surgido del deterioro y la pérdida de mercado de otras industrias a las que no se les posibilita trasladarse a operar en dicha zona, debido a que se atentaría contra los ingresos fiscales del gobierno.
Estos empresarios cuentan con el respaldo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC).