SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Movimiento Justicia Fiscal (MJF) expresa su inconformidad con la Ley de Presupuesto General del Estado para 2014 sometida por el Poder Ejecutivo y aprobada recientemente por el Congreso Nacional y llama a la ciudadanía a demandar un presupuesto más justo, que atienda las necesidades más sentidas de la población y que apoye los esfuerzos de desarrollo.

“El presupuesto es el principal instrumento de políticas públicas del Gobierno. En él se ven reflejadas las prioridades, las ausencias, los constreñimientos y las posibilidades de alcanzar logros de desarrollo en el corto plazo. Desafortunadamente, no compartimos las prioridades planteadas y detectamos ausencias importantes”, afirma un comunicado de la directiva del MJF, que denuncia además que el Presupuesto fue aprobado al vapor y sin un proceso de vistas públicas e información oportuna a la ciudadanía.

De acuerdo con el análisis realizado por el Movimiento, la Ley de Presupuesto no trae nada nuevo respecto al del 2013, y le da continuidad a un modelo de política fiscal que mantiene un alto déficit público, que contribuye al crecimiento de  la deuda pública de forma acelerada, mantiene altas tasas de interés, y no financia lo suficiente los servicios críticos para la población como seguridad, justicia, servicios sociales e infraestructura básica.

La directiva del MJF considera sorprendente que el nuevo presupuesto para 2014, no reduzca el déficit público, aún de forma moderada como sería recomendable, sino quelo mantiene en un nivel similar al de 2013 equivalente a 2.8% del PIB. Eso implica que para el 2014,  el gobierno está previendo un déficit total de RD$ 77.7 mil millones, más de RD$ 7 mil millones que en el 2013.

“Para financiar ese déficit y el gasto público en general, el gobierno está programando recibir financiamiento por poco menos de RD$ 190 mil millones o US$ 4,262 millones.Ese nivel de déficit y de endeudamiento incrementará la deuda pública total en el 2014 en algo menos de US$ 3,500 millones, elevándola desde poco menos de 37% hasta 41.5% del PIB”, enfatizó la directiva del MJS.

Según las reflexiones realizadas por el Movimiento, el gobierno del Presidente Medina continúa por la senda trazada por gobiernos anteriores, en la cual  comprometen los recursos públicos del futuro para pagar compromisos presentes y mantener un gasto público actual que en parte es muy improductivo.En efecto, 2014 sería el séptimo año consecutivo en el que el país se endeuda para cubrir la totalidad de los vencimientos de la deuda y la totalidad de los intereses. Como resultado de esa política en 2014 el gobierno está programando pagar por concepto de intereses y amortización de capital poco menos de RD$ 125 mil millones, equivalente a 31% de los ingresos tributarios del país, restando valiosos recursos necesarios para el financiamiento de servicios básicos e infraestructura.

El MJF resalta que, adicionalmente, el Gobierno está programando mantener el descomunal subsidio al sector eléctrico, para el cual destinará casi RD$ 44 mil millones, sin que se vislumbre una solución definitiva a la inviabilidad financiera del sector y sin que se adopten medidas contundentes dirigidas a reducir el fraude eléctrico, especialmente de grandes consumidores.

Junto a lo anterior, de la Ley de Presupuesto para el  2014 sobresale que casi no hay cambios en la composición del presupuesto en términos de las funciones y de las instituciones. Con escasas excepciones, todas las instituciones y funciones mantienen un presupuesto real (descontando la inflación) similar al de 2013. Sólo dos ministerios verifican aumentos presupuestarios significativos. Estos son el de educación, con un incremento de RD$ 9.5 mil millones y que procura cumplir con la ley y mantener el nivel del gasto en un equivalente al 4% del PIB, y el de la Presidencia, para el cual se propone un incremento de RD$ 5.8 mil millones, o 15% respecto a 2013. A su vez, la asignación presupuestaria para el Ministerio de Agricultura se reduce dramáticamente, en RD$ 3.8 millones, equivalente a una caída de 32%, lo que supone un notable retroceso en el apoyo al sector.

De acuerdo con el MJF, el gasto improductivo en instituciones públicas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Juventud, el Congreso Nacional con los conocidos “barrilito” y “cofrecito” y de muchas instituciones dependientes de la Presidencia de la República se mantiene sin que se advierta un esfuerzo decidido por cambiar radicalmente su uso. Con ello, se premia el dispendio y se demuestra, nueva vez, que más peso tienen los compromisos clientelistas que las urgencias de la población en materia de servicios públicos.

Como nota positiva, el Movimiento Justicia Fiscal destaca varios aspectos del nuevo presupuesto: Primero, el nuevo presupuesto recupera el gasto en justicia, orden público y seguridad, con un incremento de 22%.

Segundo, la función salud, especialmente en el régimen subsidiado de la seguridad social, también recibirá mayor apoyo presupuestario.

Tercero, gracias al programa de construcción y rehabilitación de planteles escolares y de reparación y construcción de vías  de comunicación, la inversión pública en el 2014 continuará privilegiando a las zonas rurales y los territorios urbanos marginados.

Cuarto, el presupuesto se presentó acompañado de un conjunto de documentos como el Plan Plurianual del Sector Público 2013-2016, y el Informe de Vinculación 2014 que relaciona el presupuesto con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Estos documentos son un paso de avance en la institucionalidad presupuestaria y permiten vincular el presupuesto con metas físicas. Sin embargo, necesitan ser internalizados por la misma Administración Pública para hacerlos efectivos y todavía no son parte del debate público.

El Movimiento Justicia Fiscal (MJF) demanda de las instancias correspondientes del Estado que se  aboquen a elaborar y aprobar propuestas presupuestarias que antes que empeñar el futuro, contribuyan a asegurarlo,  con un nivel de déficit y de endeudamiento más moderado.

También reclama una composición del gasto público que garantice el financiamiento adecuado para funciones prioritarias del Estado, y que reduzca y elimine el gasto innecesario y clientelar, el cual termina deformando el Estado y convirtiéndolo en una gran maquinaria improductiva que alimenta la corrupción, la ilegitimidad de sí mismo y el descreimiento generalizado.