José Rijo Presbot dice que el Gobierno miente sobre el 4% del PIB para educación

El 19 de diciembre de 2012, el Poder Ejecutivo, promulgó la Ley No. 311-12, Ley de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2013 (PGE_2013), por un monto de RD$530,846 millones de pesos.

Dentro del monto aprobado, se consignó una partida de RD$99,628.12 millones de pesos, para el Ministerio de Educación (MINERD), equivalente al 4% del PIB[1].

Reconocemos que este logro ha sido el resultado de la larga lucha emprendida por un conjunto de organizaciones sociales, concentradas en la Coalición por una Educación Digna, que reclamaron por años el cumplimiento de la Ley No. 66-97, General de Educación, que asigna por lo menos el 4% del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria.

Ahora bien, ¿está realmente contemplado el 4% del PIB para el MINERD?

Conforme a la estructura programática aprobada, para el MINERD, se estableció el Programa 17, Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares, con un monto de RD$ 30,914.77 millones de pesos, equivalente al 31% de lo presupuestado y que será financiado mediante RD$22,783.00 millones de pesos del Fondo General; RD$7,477.76 millones por Créditos Internos; RD$1,158.95 millones de Créditos Externos y RD$1,410.00 millones de pesos de Donaciones del Exterior, es decir, que el 29% de este programa dependerá de préstamos o donaciones, lo cual dificultará el cumplimiento, en la ejecución, del 4% del PIB.

El 10 de noviembre de 2012, el Señor Presidente, Danilo Medina, creó mediante el decreto No. 625-12, el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, a través del cual serán construidas, reconstruidas y rehabilitadas 28 mil aulas en todo país en un período de cuatro años.

El 30 de noviembre de 2012 la Dirección General de Contrataciones Públicas celebró el sorteo para el Plan Nacional de Edificaciones Escolares y se adjudicaron 332 escuelas a igual número de ganadores en el Distrito Nacional y 27 provincias, con un presupuesto de RD$13,370.39 millones de pesos, rompiendo la opacidad que ha acompañado tradicionalmente a las compras y contrataciones  de obras, bienes y servicios que realiza la administración pública.

El 10 de diciembre, se celebraron los sorteos de las provincias faltantes, a saber: Azua, Pedernales, Independencia y Peravia, con un presupuesto total de RD$1,276.20 millones de pesos para 40 escuelas.

Por consiguiente, el monto total adjudicado por los sorteos para el Plan Nacional de Edificaciones Escolares ascendió a RD$14,646.59 millones de pesos para 372 escuelas.

Al comparar las escuelas sorteadas con sus respectivos presupuestos, publicadas en el portal de Compras Dominicana: http://www.comprasdominicana.gov.do/, con las escuelas realmente consignadas con sus presupuestos aprobados en la Ley No. 311-12 (PGE_2013), nos encontramos con grandes diferencias que nos conducen asegurar que no se cumple con el 4% del PIB para MINERD.

De las 372 escuelas sorteadas, 35 no han sido publicitadas; 44 no están contenidas en el PGE_2013; 32 están sujetas a conseguir préstamos internos, y 261 están contempladas en el PGE_2013.

Sobre las 44 escuelas sorteadas sin estar aprobadas en la Ley de Presupuesto General del Estado, constituyen una violación a la Constitución, ya que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente”, conforme el artículo 236, de la Constitución de la República.

Igualmente, al Principio de Integridad, establecido en el artículo 11, de la Ley No. 423-06, Orgánica de Presupuesto, que “implica que todos los ingresos, gastos y transacciones, sin excepción, y sin compensación alguna, deben estar contenidos en el presupuesto”.

Las 261 escuelas sorteadas y presupuestadas en la Ley No. 311-12, tienen consignadas una partida de RD$14,631.22 millones de pesos, mientras el sorteo de las mismas escuelas fue por un monto de RD$11,935.21 millones de pesos, produciendo una diferencia de RD$2,696.01 millones de pesos menos de lo presupuestado, equivalente en promedio a una reducción de 18.4%.

Como ejemplo le replico una muestra de las comparaciones:

Podría argumentarse que estas diferencias son productos de una economía como consecuencia de la metodología transparente utilizada en los sorteos, pero no es así, ya que los montos de los mismos fueron anteriores al 11 de diciembre, cuando el Poder Ejecutivo depositó en el Congreso Nacional, a través del Senado, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de 2013.

Para nosotros, las autoridades conscientes que con las partidas asignadas en los sorteos de las escuelas no se llegaba al cumplimiento del 4% del PIB para MINERD, procedieron a incrementar los presupuestos de las mismas y así poder decir que se cumplía con el mandato de la Ley General de Educación.

Al restarle la diferencia de RD$2,696.01 millones de pesos menos del presupuesto aprobado, al Ministerio de Educación, el mismo queda en 3.89% del PIB, sin tomar en consideración otros aspectos que igualmente inciden en una reducción mayor y que demostraremos en una próxima entrega.

Una vez más desde el Gobierno se incumple con la aplicación del 4% del PIB para la educación preuniversitaria y se viola el Principio de la Sinceridad, establecido en el artículo 11, de la Ley Orgánica de Presupuesto, el cual implica que: “todos los recursos y gastos deben ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad posible”.

Reconozco el esfuerzo de las autoridades por realizar la mayor inversión que se haya hecho en educación preuniversitaria, sin embargo, una de las razones fundamentales del déficit de 2012 se debió al permanente irrespeto a los normas establecidas en la Constitución y para el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado (SIAFE).

Si queremos un Estado Social y Democrático de Derecho, que implica la mejor y más adecuada distribución de la riqueza y la primacía de la ley, la sociedad organizada, bajo un ejercicio de ciudadanía responsable, tiene que llevar a la legalidad al gobierno, ya que los órganos de control y fiscalización, Congreso Nacional y Cámara de Cuentas, no cumplen sus atribuciones constitucionales.