NUEVA YORK – La Fiscal General Letitia James presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California, impugnando la declaración de emergencia nacional del Presidente Trump y su intento de desviar fondos asignados por el Congreso para otros fines.
La demanda alega que la declaración de emergencia y el desvío de fondos de la Administración Trump es inconstitucional y, por demás, ilegal. Los estados buscan bloquear la declaración de emergencia de la Administración Trump, la construcción no autorizada del muro fronterizo y cualquier desvío ilegal de fondos designados por el Congreso.
"Declarar una emergencia nacional cuando no existe es inmoral e ilegal", dijo la Fiscal General Letitia James. “El desvío de los fondos necesarios para emergencias reales, actividades de lucha contra el crimen y proyectos de construcción militar usurpa el poder del Congreso y perjudicará a los estadounidenses en todo el país. No toleraremos este abuso de poder y lucharemos con cada herramienta a nuestra disposición".
Los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Virginia se unieron a la Fiscal General James en la demanda.
La demanda alega que la acción de la Administración Trump que declara una emergencia nacional debido a una supuesta crisis fronteriza es ilegal e inconstitucional. La exagerada crisis del presidente Trump es un pretexto para justificar la reorientación de los fondos asignados por el Congreso para construir un muro a lo largo de la frontera sur después de que no pudo lograr que el Congreso, o México, pagara por dicho muro. Los hechos no apoyan la retórica del presidente Trump o su declaración.
Las entradas ilegales en la frontera sur están en su punto más bajo en veinte años, los inmigrantes tienen menos probabilidades que los ciudadanos nativos de cometer delitos y las drogas ilegales tienen más probabilidades de ingresar a través de los puertos oficiales de entrada. No hay evidencia creíble que sugiera que un muro fronterizo disminuiría las tasas de criminalidad.
Los estados alegan que la acción de la Administración Trump supera el poder de la oficina ejecutiva, viola la Constitución de los EE. UU. y las leyes federales, y desviaría de manera ilegal e inconstitucional los fondos federales asignados por el Congreso para otros fines. La demanda busca medidas cautelares y declaratorias para bloquear la declaración de emergencia, la construcción del muro y cualquier desvío ilegal de fondos asignados por el Congreso.
Los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Virginia se unieron a la Fiscal General James en la demanda.