SANTO DOMINGO, República Dominicana. –El Ministerio de Industria y Comercio acogió este martes la solicitud formulada por la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Anadegas) de conceder un compás de espera en la aplicación del cobro de los cargos por los servicios que presta en su calidad de ente regulador y fiscalizador del sector de hidrocarburos en el país.

En el marco de un encuentro con directivos de Anadegas, encabezados por su presidente Rafael Polanco  e Ignacio Espaillat,  el viceministro de hidrocarburos del MIC, licenciado José del Castillo, informó que a mediados de enero será retomado el tema a los fines de crear los procedimientos que permitan el cumplimiento fiel de la disposiciones que regulan las operaciones de las estaciones de expendio de combustibles.

El funcionario resaltó la "ecuanimidad y disposición" del ministro Manuel García Arévalo para abordar los requerimientos de Anadegas y buscar salida armoniosa a los inconvenientes que por alguna razón pudieran presentarse, pero dejó claro que la institución está en la obligación de asumir el rol de ente regulador del sector hidrocarburos que le ha sido otorgado por mandato de la Ley 290 del 30 de junio de 1966 y en ese contexto establecer los mecanismos que le permitan asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes para garantizar la calidad y cantidad de los combustibles vendidos al público.

“Inspirado siempre en la receptividad que caracteriza a la presente gestión del licenciado Manuel García Arévalo, estamos conviniendo abrir un compás de espera en cuanto a las notificaciones a aquellas estaciones que no están cumpliendo con sus obligaciones y que, por consecuencia, se colocan al margen de las regulaciones legalmente establecidas”, expuso.

En horas de la mañana, el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Anadegas), Rafael Polanco, dijo que ese sector rechaza el cierre de las bombas de distribución hasta que no se dicte el fallo judicial sobre el recurso sometido por la alegada violación de la ley 120-04 de parte de las autoridades.

El empresario afirmó que el Plan Regulador, que depende del Ministerio de Industria y Comercio, está exigiendo a los propietarios de bombas de combustibles las documentaciones de servicios de operaciones y cobros de impuestos por encima de las posibilidades de esos empresarios.

Los bomberos rechazan el Plan Regulador, alegando que no pueden pagar todos los impuestos que se cargan a su sector, que suman 180 mil pesos por cada bomba.

“Le pedimos al ministerio que espere el momento del fallo de la Suprema, para poder orientar a nuestra membresía sobre el pago o no de esa resolución. Pero tenemos una gravedad, que en la zona de la Línea hay una estación de un detallista con más de 40 días cerrada”, dijo Polanco.

Expresó que la estación de Santiago Rodríguez, propiedad de Bolívar Jáquez, fue cerrada desde el 6 de septiembre por las pretensiones de cobro de parte de las autoridades, lo que llevó a los distribuidores organizados en Anadegas a elevar un recurso de amparo.

“Estas son resoluciones administrativas sobre las cuales el ministerio y también otras instituciones como el ayuntamiento y los bomberos pretenden cobrar a las estaciones de servicio"

Alegó que el Plan Regulador ha estado notificando a más de 200 estaciones en el país, desde el mes de febrero, con actas de cierre y el cobro de impuestos.

“Estas son resoluciones administrativas sobre las cuales el ministerio y también otras instituciones como el ayuntamiento y los bomberos pretenden cobrar a las estaciones de servicio. El plan regulador quiere cerrar 200 estaciones en el país”, sostuvo el presidente de Anadegas.

Señaló que tienen varios de los documentos que los detallistas han entregado a las oficinas de Anadegas para que esta solicitud se haga de manera institucional y no de manera individual.

Bombas ilegales

Por otra parte, dijo que continúan las ventas irregulares de combustibles en “bombas de patio”, en violación de las leyes 112-00, 407-72, 317-72 y 64-00.

Dijo que estos combustibles son comercializados sin pagar impuestos al Estado dominicano.

Afirma que Anadegas sigue teniendo reportes desde Santiago, Villa Vásquez, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde Mao y Montecristi, y otras regiones del país, sobre la venta ilegal de combustibles, lo que ha provocado la disminución del volumen de venta en las estaciones de servicios de gasoil.