SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El 24 de agosto del 2017 el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (indotel), en ese momento José del Castillo, y la directora Ejecutiva Katrina Naut, recibieron la denuncia formal de la empresa Altice Dominicana, poniendo en evidencia el uso no autorizado del espectro radioeléctrico nacional en la provisión de los servicios públicos finales de telecomunicaciones por parte de la empresa Trilogy Dominicana, más conocida como VIVA, del Grupo Telemicro. Y se reclamaba que el Indotel ejerciera sus funciones de ente regulador y sancionador luego de apertura un proceso administrativo que verificara lo denunciado.
Los vínculos de ejecutivos del Indotel con las empresas del grupo Telemicro son un tema de larga discusión, pero que jamás ha sido verificado por ninguna instancia estatal. Las empresas de capital extranjero reguladas por Indotel reconocen que esa es una realidad de la que no se habla, y de la que es difícil que la entidad estatal asuma responsablemente el rol que le corresponde.
Pero no es esta la primera denuncia sobre prácticas irregulares denunciadas contra Trilogy o contra el Grupo Telemicro. En el 2016 Juan Ramón Gómez Díaz incorporó a su red de empresas de comunicaciones a VIVA. Ya contaba con el canal 5 en varias modalidades, más Digital 15, más Telecentro (canal13) y el canal 31, aparte de una red de emisoras de radio en todo el territorio nacional, que incluye Primera FM, Independencia FM, Mortal 104.9, La Kalle FM y Ke Buena FM.
También ese grupo incluye la empresa SATEL (Servicio Ampliado de Teléfonos), que opera con una concesión de 1998, sin nunca ofrecer ningún servicio. También la empresa ASTER, que ofrece servicios de difusión por cable, con una concesión de 1993, más Trilogy que ofrece servicios públicos de telecomunicaciones.
Las empresas de telecomunicaciones Claro y Altice han adquirido el espectro del que disponen en licitaciones realizadas por el INDOTEL, y han pagado cientos de millones de dólares al Estado Dominicano. Se calcula que en el uso irregular del espectro hay disponible aproximadamente 100 millones de dólares que el Estado podría utilizar, en caso de reclamar el pago que corresponde por su arrendamiento.
Las quejas de Altice Dominicana
Las quejas de Altice indican que VIVA lanzó una campaña de promoción de los servicios 4G 4×4, sin contar con las asignaciones de espectro para ello, al mismo tiempo que utiliza frecuencias que corresponde al Estado Dominicano, que han sido puestas en licitación, pero que siguen bajo uso y dominio de Trilogy.
En un documento de 7 páginas con las especificaciones técnicas de las violaciones que se estarían cometiendo, Altice solicita que se inicie el proceso sancionador administrativa contra esa compañía, en atención a varios artículos de la ley 153-98, y que se le sancione por ofertar servicios 4G 4×4 sin contar con correspondiente concesión para ello.
La denuncia fue archivada por el Indotel, o se presume que eso ocurrió porque jamás el Consejo Directivo, ni el presidente, ni la Dirección Ejecutiva anunciaron medidas relacionadas con esa solicitud. El 9 de enero de este año, mediante carta recibida en Indotel, Atice reiteró su denuncia a la directora ejecutiva Katrina Naut, sobre el uso ilegal de espectro por parte de la empresa Trilogy o VIVA.
Recuerdan que el 3 de abril del 2017 entraron una solicitud formal de información a Indotel sobre el uso ilegal del espectro por parte de la empresa del Grupo Gómez Díaz, y la recuerdan su carta del 24 de agosto del mismo año. Las mismas comunicaciones fueron entregadas a la responsable en Indotel del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, Dorka Quezada Félix. La respuesta recibida fueron de ampliación de plazo de entrega de las informaciones solicitadas.
Altice anota en su carta que ante el vencimiento del plazo para la recepción de las informaciones, tuvo que acudir a los medios de comunicación y ante Pro Competencia, como resultado de una denuncia interpuesta por VIVA en su contra. “Dempas está decirles que el silencio observado por el regulador sobre el tema, nos ha impactado negativamente producto de loa cobertura mediática que se le ha dado al caso”, dice la empresa a INDOTEL.
Pese a nunca haber contestado las solicitudes de Altice, Indotel lanzó una licitación pública nacional con la finalidad de asignar expectro sobre el cual versan las sanciones que está solicitando esa empresa contra VIVA. Es por ello que le piden al Consejo revisar y levantar “las posibles trabas que han imposibilitado, tanto a la RAI como a la Dirección Ejecutiva, de darnos una respuesta a nuestras misivas”.
Lo que solicita Altice a Indotel, mediante carta a Dorka Quezada, el 9 de enero de 2018, es información sobre las frecuencias que le han sido asignadas y mediante cuáles oficios a la empresa SATEL, y que le informen sobre las constancias de uso de las frecuencias que les han sido asignadas a esa empresa, así como la constancia de pago por concepto de derecho de Uso de Espectro de las frecuencias que le han sido asignadas a SATEL.
Indotel, sin embargo, no ha podido ofrecer esas informaciones, o no ha querido, y lo que más sobresale en todo esto ha sido el silencio del organismo regulador dominicano. Las tensiones llegaron a un nivel tan alto que la empresa Altice Internacional anunció la puesta en venta de sus operaciones en la República Dominicana. No se ha ofrecido más información respecto de esa decisión.
Carta a Gustavo Montalvo, porque no quedan más opciones
El principal ejecutivo de Altice en la República Dominicana, Martin Roos, el pasado 10 de enero de este año, remitió una carta a Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, a la que tuvo acceso este diario.
En esa comunicación, Roos se refiere a una reunión sostenida con Montalvo el 4 de septiembre del 2017, “donde particularmente junto al presidente de la empresa CLARO, señor Oscar Peña, le expresamos nuestras serias preocupaciones relativas al uso irregular del espectro radioeléctrico por parte de empresas del Grupo Telemicro”.
Dice que pese a haber solicitado las sanciones correspondientes en el Indotel, y habiendo pasado 4 meses de la solicitud de sanciones, “desafortunadamente no tenemos avances que reportar, a pesar de que hemos dado seguimiento, tanto a la denuncia formal que presentamos, como a las solicitudes de información y certificaciones que hemos requerido bajo el amparo de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y a la Ley 247-12 Orgánica de la Administración Pública”.
Y ante el silencio del Indotel, y no sabiendo qué otras acciones emprender, Martin Roos le informa a Gustavo Montalvo lo siguiente:
En tal sentido, muy respetuosamente le solicitamos que, en su calidad de Ministro de la Presidencia, nos indique qué otras vías institucionales nos ofrece este valioso país para combatir esta situación que afecta severamente nuestras garantías como inversionista extranjero en República Dominicana”.
Inseguridad jurídica
La queja sobre las actuaciones del Indotel que favorecen al Grupo Telemicro se mantienen. Un documento al que tuvo acceso Acento, elaborado por un grupo de técnicos en telecomunicaciones, indica lo siguiente:
“Lastimosamente, en su accionar el INDOTEL siempre ha mostrado un sesgo en favor de las empresas que conforman el Grupo Telemicro, pues desde el 2001 se le revocan frecuencias de las que aún en el 2017 le reconocen ser adjudicatarios. El sector abre denuncias en contra de comportamientos de VIVA, sin embargo, no se toman medidas para corregir la falla identificada y, por el contrario, se lanza una licitación con condiciones de extrema flexibilidad para que el adjudicatario y exageradas limitaciones para participar”.
Explican que esta situación es altamente preocupante, “pues ser continúa afianzando la inseguridad jurídica y la discriminación en favor de los evasores de sus obligaciones y en detrimento de las empresas grandes y pequeñas que actúan en apego a las normas establecidas”.
Luis Henry Molina entra en escena
El 19 de febrero pasado, el presidente de la República Danilo Medina introdujo algunos cambios en el tren administrativo, incluyendo la destitución del presidente de INDOTEL, José del Castillo.
El decreto No. 74-18, nombró en la presidencia del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) al licenciado Luis Henry Molina, quien hasta ese momento se encontraba como director del Centro para la Inversión Extranjera en la República Dominicana.
Antes de ocupar la dirección del CEI-RD, Luis Henry Molina ocupó el viceministerio de la presidencia, muy cerca de Gustavo Montalvo. Antes fue director de la Escuela Nacional de la Judicatura, y estuvo fuertemente vinculado a la llamada primera ola de la reforma judicial dominicana, muy cercano al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa.
A Luis Henry Molina no se le conocen vínculos con ninguno de los sectores relacionados o con intereses en las telecomunicaciones del país. Esa puede ser la gran esperanza de que produzca cambios relevantes, para beneficio del país en esta materia.