SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El valor referencial de la frecuencia que la empresa VIVA, del Grupo Telemicro, ha utilizado sin consentimiento de las autoridades es de 30 millones de dólares. Se trata de las frecuencias del espectro radioeléctrico en las bandas de 1700 y 2100 MHz, conocida como AWS (Advanced Wireless Services), y que por lo menos tres empresas prestadoras de servicios de comunicaciones han exigido al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) licitar al mejor postor, para que el Estado adquiera fondos con ese recurso de su propiedad.
Sin embargo, el INDOTEL ha sido sumamente lento en la toma de decisiones. VIVA, como empresa prestadora de servicios de comunicaciones, ha seguido utilizando las frecuencias sin recibir las sanciones correspondientes por parte del ente regulador. Claro, la mayor de las empresas de telecomunicaciones del país, hizo una oferta de compra de esa frecuencia, pero el Indotel decidió mediante resolución licitar la frecuencia en disputa, pero excluyendo a las tres empresas más grandes del mercado.
¿Está evitando el INDOTEL que el gobierno reciba los 30 millones de dólares en que está valorada la frecuencia?
Frecuencias en “licitación”
Hay dudas sobre la sinceridad y transparencia de las actuaciones y decisiones del Indotel y en particular del presidente del organismo, José del Castillo Saviñón. Indotel fue ágil para tomar decisiones sobre la solicitada fusión de las empresas Orange y Tricom, ahora Altice, pero nunca tomó decisión sobre las denuncias y quejas que habían presentado Altice Dominicana y las empresas Claro y ONEMAX contra la comercialización de los servicios 4G MIMO 4×4, de la empresa VIVA, del Grupo Telemicro.
INDOTEL ha tenido fuertes cuestionamientos en sus actuaciones, que llevaron incluso al poder ejecutivo a tener que hacerles rectificar y acoger, con ciertas condiciones, la fusión que se había prometido al grupo Altice para las empresas que había adquirido, Tricom y Orange. Pero el INDOTEL aún insiste en favorecer al grupo Telemicro, porque no responde a los requerimientos de las empresas que desean exista legalidad e igualdad de condiciones para los inversionistas en las telecomunicaciones del país.
Mediante resolución 070-17 del pasado 8 de noviembre el INDOTEL aprobó licitar las frecuencias radioeléctricas en los bloques 1710-1720, 1730-1735, 2110-2120 y 2130-2135 MHz en todo el territorio nacional. En realidad se trata de los 30 MHz, de los bloques que no fueron adjudicados en la licitación del 2014, y que irregularmente ha estado utilizando la empresa VIVA y el Grupo Telemicro.
¿Y la función sancionadora del Indotel?
Se esperaba que antes de proceder con la licitación el INDOTEL respondiera a las denuncias de Altice Dominicana, de uso ilegal de frecuencia del Estado, pero Indotel se ha quedado y ha procedido con esta licitación. Indotel debió sancionar el uso ilegal y recuperar las frecuencias, pero tampoco lo ha hecho. Es un tema delicado para Claro y para Altice y los demás participantes del negocio de las comunicaciones, pues se trata de un favoritismo excesivo, que no se entiende a menos que los dueños de Telemicro controlen al INDOTEL y a sus consejeros.
Las empresas Altice y Claro, cuestionadas por Acento, se abstuvieron de hacer comentarios sobre este conflicto. “Vamos a conversar con el equipo de Regulatorio, que maneja ese asunto, pero es un tema muy delicado”, fue la respuesta recibida por este diario de una de las empresas.
La resolución 070-17, para licitar los 30MHz, se hizo con un alcance exclusivamente local. Lo que se entiende que busca favorecer a VIVA, porque sería la única empresa con posibilidad de participar en la licitación. Las demás empresas, Claro y Altice, fueron excluidas.
Indotel excluye a las compañías extranjeras y a las tres más grandes del país
La resolución de Indotel en su primer dispositivo dice que se trata de una licitación pública nacional, pero en el pliego de condiciones de la misma, que va como anexo y que tiene 52 páginas, indica que quedan exceptuadas de participar “las empresas con asignaciones del espectro radioeléctrico para prestar Servicios de Telecomunicaciones Móviles que superen 60 MHz”.
Es decir, que para esta licitación no podrán participar empresas internacionales que deseen invertir en el país en el negocio de las telecomunicaciones, ni podrán participar las grandes empresas que han comprado el espectro radioeléctrico al Estado en licitaciones transparentes, como Claro, Altice, Orange, Tricom y Wind, y se entiende que este gran esfuerzo ha sido encaminado por el Indotel para favorecer a las empresas del Grupo Telemicro.
Las licitaciones anteriores de INDOTEL para el espectro radioeléctrico han sido internacionales. Ahora no se explican las razones de limitar la participación a las empresas locales. Claro, hubo un voto disidente, emitido por Nelson Guillén hijo, representante de los usuarios, quien dejó establecido con claridad lo siguiente: “Soy de criterio que sería más beneficioso para los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones una licitación internacional, que aún promoviendo la competencia a nivel nacional, ofrezca la posibilidad de que una empresa internacional pueda ingresar al mercado dominicano diversificando la oferta”.
CLARO quería comprar las frecuencias desde el 2014 y ahora le prohiben licitar
El INDOTEL dice en los considerando de la licitación nacional de las frecuencias que utiliza irregularmente VIVA y el Grupo Telemicro que el país tiene la necesidad de incentivar la cobertura y asequibilidad de los servicios de banda ancha, promoviendo inversión e innovación tecnológica en condiciones de competencia leal y efectiva. Paradójicamente en en ese aspecto que le pone impedimento de participación a las empresas que tengan más de 60MHz de espectro, por lo que está muy claro que la licitación va dirigida a que VIVA se quede con ella, pues las otras empresas que operan en el país, Claro, Orange, Tricom, Wind superan el tope de espectro definido. Y es bueno recordar que la empresa Claro lleva años solicitando más espectro y en el 2014 presentó una oferta para adquirir estas frecuencias que quedaron sin licitar.
Especialistas con los que Acento consultó observaron que el INDOTEL en esta licitación presenta menos exigencias que las comúnmente requeridas para los licitantes. Por ejemplo, esta licitación es menos rigurosa que la del año 2014. Tampoco exige a los licitantes ayudar en la solución del problema de cobertura que tiene el país en las zonas rurales y tampoco le asigna obligaciones o responsabilidad social, como recientemente les fueron impuestas a Altice, y en el pasado les fueron impuestas a Claro y a Orange, para que fueran un apoyo al programa lanzado recientemente por el gobierno llamado República Digital.
¿Reducir el valor de las frecuencias y legalizar su tenencia a VIVA?
Una de las empresas consultadas, que solicitó la omisión de su nombre, declaró lo siguiente:
En nuestra opinión, esta licitación viene a querer regularizar la situación de VIVA, no las necesidades del país. Nada nos garantiza que para este proceso VIVA cuente con la solvencia para presentar una oferta por el espectro, cuando ahora el valor de la frecuencia es de 30 millones de dólares”.
Otra de las grandes empresas no quiso llegar a opinar, pero sostuvo que “nos quedaremos atentos a ver qué pasa con este proceso, conocer quiénes se presentarán, y si VIVA otra vez se saldrá del juego o si el INDOTEL bajará los precios para hacerle el espectro más asequible a Juan Ramón Gómez Díaz”.
Desirée Logroño, ejecutiva de Altice, respondió a las preguntas de Acento con un escueto texto que dice lo siguiente: “Hemos depositado una denuncia en el Indotel contra el uso indebido del espectro por parte de VIVA, y todavía el Indotel no se ha pronunciado al respecto. Ese es justo el espectro que ahora Indotel está licitando”.
El departamento de comunicaciones de la empresa Claro gestionaba ayer tarde una respuesta de esa empresa a los cuestionamientos de este medio, pero no llegaron para ser incluidos en esta historia.
Las compras de Gómez Díaz de empresas del Estado
Se recuerda que Gómez Díaz es ducho en la compra de bienes estatales a precios irrisorios, como ocurrió con la empresa de servicios de cable ASTER, creada por Ramón Báez Figueroa e incautada por las autoridades monetarias como parte de los bienes de BANINTER.
El Banco Central licitó la empresa ASTER, y la adquirió el consorcio CEPEM, de Rolando González Bunster, quien pagó inicialmente al Banco Central la suma de 5 millones de dólares, como inicial por la transacción. Gómez Díaz y el Grupo Telemicro atacaron duramente al Banco Central, incluyendo a la persona del gobernador, atacaron judicialmente la licitación, y con la complacencia del gobierno de Leonel Fernández, ASTER pasó a manos del Grupo Telemicro. ¿Cuánto pagó por la compra? Nadie lo sabe. ¿Cómo lo pagó? Tampoco se sabe, probablemente con facturas de publicidad.
Se recuerda que en el año 2001 el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, encabezado por Orlando Jorge Mera, revocó las asignaciones irregulares de frecuencia de la Dirección General de Telecomunicaciones, que favorecían a la empresa Satel, propiedad de Juan Ramón Gómez Díaz.
Se trata de la resolución 001-01, emitida el 2 de febrero del 2001, y que pese a su vigencia nunca fue ejecutada por las autoridades. En su cuarto considerando la resolución del Indotel dice lo siguiente:
“CONSIDERANDO: Que como consecuencia de dicha instrucción, el Director Ejecutivo del INDOTEL rindió un informe a este Consejo Directivo en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil uno (2001), mediante el cual hace constar que en el período a que se hace referencia en el considerando anterior se otorgaron de manera absolutamente irregular, mediante oficios suscritos por el Director General de Telecomunicaciones, Ing. Rubén Montás, las siguientes asignaciones:
