SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El grupo empresarial Lifestyle Holidays, presente en el país desde 2002, llamó la atención sobre un flujo de falsas noticias divulgadas en perjuicio de su imagen, partiendo de un proceso legal que debe hallar solución en los tribunales y no en la opinión pública.
La empresa indicó que “versiones tremendistas” en su contra afectan en el exterior a la República Dominicana como destino turístico, refiriéndose específicamente al anuncio de una audiencia en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para conocer una presunta evasión fiscal por RD$15,000 millones, que definió como “un hecho tan fantasioso que podría amenazar la credibilidad de los medios que lo acogieron.”
Al indicar que se trata de un amparo de cumplimiento, sostuvo que ha solicitado formalmente una certificación al TSA sobre esa especie divulgada.
Expresó que en siete ocasiones, en distintos aspectos de la disputa, la empresa ha sido favorecida por la justicia, como la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, la Primera y la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Puerto Plata.
Deploró que sus detractores coloquen en periódicos de otros destinos competidores –como en Cancún- falsos titulares que aluden a una presunta mafia de time sharing en la República Dominicana, que contribuyen con la creación de una imagen desfavorable para el turismo dominicano.
Estas publicaciones tendrían como base quejas en páginas de Internet con relación a supuestas estafas en la compra de tiempo compartido. Los artículos publicados por el grupo de medios SIPSE en México mencionan los portales de denuncias rifforeport.com, denuncioestafa.com y posteriormente tripadvisor.com.
El citado “time sharing” o tiempo compartido es un sistema de alquiler turístico donde el usuario paga por el uso de la propiedad durante un tiempo específico, en vez de comprarla.
Supuestos agentes responsables
La entidad turística, dijo que todo el ataque en su contra se deriva de su decisión de judicializar el incumplimiento de un contrato inmobiliario con el cual un tercero le ha perjudicado. El grupo empresarial no devela la identidad de quienes estarán detrás de la campaña negativa en su contra.
Definió como abusiva la campaña de descrédito en su contra y dijo que la misma es financiada por agentes económicos externos que no han podido echar raíces en la República Dominicana y han fracasado por sus malos negocios y peores prácticas para crear una percepción distorsionada con la esperanza de influir en los tribunales.