San Juan, Puerto Rico (EFE/Mar Gonzalo).- Alejandro García Padilla enfrenta su momento más complicado como gobernador de Puerto Rico: sin apoyos internos suficientes para aprobar una reforma tributaria y con la urgencia de presentar un presupuesto creíble que le permita volver a los mercados y mantenga a flote la actividad gubernamental.
Un día después de su mensaje sobre la situación del estado, García Padilla comenzó hoy a dar pistas sobre lo qué piensa hacer para tratar de enderezar la situación financiera de Puerto Rico, que en dos meses comienza un nuevo ejercicio fiscal, con el riesgo de tener que decretar un cierre gubernamental.
En entrevistas concedidas a diversos medios locales, matizó su advertencia del jueves de que recurrirá a todos los poderes que le otorga la Constitución para aplicar recortes en todas las ramas del Gobierno y aumentar la fiscalización para combatir la evasión.
Aclaró que eso no significa gobernar "por decreto", ya que no es algo que permita la Constitución local, e insistió en que hará todo lo que esté en su mano para también renegociar la deuda y no tener que despedir a empleados públicos.
"La ventana de oportunidad para Puerto Rico está cada vez más cerrada. Ellos me pidieron que fuera antes del 15 de febrero y llevamos como tres meses en discusión", lamentó García Padilla
Sin haber podido aprobar una reforma contributiva, el gobernador se ha quedado sin plan que presentar a los mercados financieros, que habían reclamado para el 15 de febrero una propuesta "creíble" para aumentar los ingresos y sanear las cuentas públicas.
"La ventana de oportunidad para Puerto Rico está cada vez más cerrada. Ellos me pidieron que fuera antes del 15 de febrero y llevamos como tres meses en discusión", lamentó García Padilla.
La reforma contributiva contaba con el apoyo incluso de la Secretaría del Tesoro de EE.UU., que lleva meses trabajando con el Gobierno de Puerto Rico para buscar soluciones a una situación que cada vez preocupa más en Washington.
El secretario del Tesoro, Jack Lew, incluso llamó personalmente a los presidentes de las Cámaras Legislativas para reclamar la aprobación de un "presupuesto creíble", aunque ni siquiera esta intervención pudo evitar que seis legisladores del partido gobernante votaran esta semana en contra de la reforma, con la que estaba prevista la creación de un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Por el momento, sus bazas son tratar de renegociar los términos para la devolución de la deuda, reclamar que se deroguen o suspendan temporalmente las Leyes de Cabotaje impuestas por EE.UU. (que encarecen las importaciones) y reorganizar el Departamento de Hacienda para que sea efectivo en la recaudación.
El gobernador asegura estar trabajando en un plan a cinco años, en colaboración con el Tesoro de EE.UU., aunque hoy reconoció que a corto plazo va a ser muy difícil que Puerto Rico reúna los ingresos suficientes como para mantener la actividad gubernamental y, al mismo tiempo, pagar las obligaciones derivada de una deuda que asciende a 73.000 millones de dólares.
Pese a esta "escabrosa" situación, insistió en que no tiene intención de dejar de pagar la deuda, sino de renegociarla, y tampoco acometer despidos en el sector público, que es el mayor empleador de la isla y una de las mayores cargas para una Administración con serios problemas de eficiencia (unos 3.400 millones de dólares).
"Sin la reforma contributiva no vamos a tener los recaudos necesarios. Habrá que reducir los gastos del Gobierno y vamos a esforzarnos para que sea sin despidos", reconoció el gobernador.
Aunque adelantó que tendrá que trabajar con un presupuesto similar al de este año, explicó que para el próximo ejercicio, que comienza el 1 de julio, los gastos del pago de la deuda aumentarán irremediablemente.
Por ello, habrá que compensarlos con el recorte de los derivados de la operación del Gobierno, que en los últimos dos años ya se han recortado en cerca de dos mil millones de dólares, lo que reduce aún mas el margen de acción.
"Estamos tratando de evitar" un cierre gubernamental, como que el que advirtió que ocurriría el Banco Gubernamental de Fomento en un plazo de tres meses, "pero tenemos que estar preparados, porque los ingresos del Gobierno podrían no estar a la par con el gasto que el Gobierno necesita para operar", reconoció. EFE