SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Uno de los abogados de la Gezhouba Group Company Limited negó este miércoles que esa empresa promueva una “campaña” a nivel local e internacional con el fin de bloquear las fuentes de financiamiento para las plantas a carbón que construye el Gobierno en Punta Catalina, Baní, provincia Peravia.
Ángel Moreta, quien se identificó como su representante legal, afirmó que la medida cautelar interpuesta por la compañía de capital chino contra la licitación del proyecto responde a las “irregularidades” que, a su juicio, se dieron durante el proceso, que favoreció en noviembre pasado al consorcio formado por las firmas brasileña Odebrecht, la italiana Tecnimont y la dominicana Ingeniería Estrella.
Este martes, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, denunció durante un almuerzo con editores y líderes de opinión que la iniciativa judicial forma parte de una “campaña” de sectores que no identificó y que serían desplazados del mercado a partir de la incorporación al sistema de la central termoeléctrica, prevista para finales del 2017.
Jiménez Bichara defendió el resultado de la licitación, que incluso, aseguró, fue reconocido como transparente por los 54 empresas participantes y las otras tres finalistas: Posco, Sepco III Electric Power Construction Corporation y la propia Gezhouba Group.
El pasado miércoles, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dispuso la suspensión del proceso de licitación pública internacional de las centrales que se levantan en la zona de Punta Catalina, en la provincia Peravia, favoreciendo con una medida cautelar al Consorcio IMPE, C. por A., contraparte local de la firma asiática.
Bichara advirtió que los sectores adversos a la iniciativa ponen en peligro el financiamiento externo requerido, al enviar copias de la referida sentencia a las potenciales fuentes de financiamiento, incluyendo al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), del Brasil, con el que el Gobierno gestiona un préstamo por unos US$700 millones para implementar la obra.
Moreta figura entre los abogados que habrían enviado sendas misivas al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al City Bank, al Deutsche Bank, al Banco Sace, así como al brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), notificando a estas entidades su oposición a cualquier tipo de operación de préstamo o negociación financiera con Odebrecht-Tecnimont.
Con estas acciones, en opinión de Bichara, tiene por objetivo torpedear las posibilidades de financiamiento de la obra, cuyo costo local se proyecta actualmente en unos 1,945 millones de dólares (US$1,945 millones).
Reitera hicieron oferta por US$900 millones
Durante una rueda de prensa, Moreta reiteró que sus representados ofertaron erigir el proyecto por la suma de US$900 millones, una propuesta “mucho más económica” que la de US$20,40 millones, que formuló inicialmente el consorcio ganador de la licitación.
Señaló que el titular de la CDEEE le enrostra públicamente a Gezhouba Group Company Limited haber incurrido en “incumplimientos sustanciales” en la base de la oferta, sin precisar en qué consisten tales fallas.
Además mostró una certificación del Ministerio de Relaciones de Exteriores, en la que este organismo consigna que no tiene registros de una comunicación de la Oficina de Desarrollo Comercial de la República Popular China en el país, alegadamente desautorizando el procedimiento legal contra la licitación de la CDEEE.
No obstante, Jiménez Bichara presentó recientemente una carta, atribuida a la Gezhouba Group, en la que esta empresa se estaría desligando del proceso judicial.
En su dictamen, el TSA consideró como una “inconsistencia” asignar US$1,500 millones para una obra adjudicada por un monto de US$2,400 millones, y dispuso la suspensión de la licitación.
Puntualiza, además, que en el proceso de licitación “se ha generado una inconsistencia en cuanto al valor aprobado por la Ley de Presupuesto General del Estado en su artículo 52, la cual previó un monto máximo de US$1,500 millones para dicha obra y la misma ha sido adjudicada por un monto de US$2,040 millones, sin que conste en el expediente”.
La Central Termoeléctrica Punta Catalina sería inaugurada en el tercer trimestre del 2017, según los cálculos oficiales, y sus dos unidades aportarían en conjunto unos 650 megavatios al sistema interconectado.
El proyecto constituye la principal apuesta de la administración de Danilo Medina (2012-2016) para producir energía a precios competitivos mediante el uso del carbón, dejando a un lado el esquema actual de generación, dependiente en más de un 60% de derivados del petróleo, como el fuel oil.