SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La firma China Gezhouba Group Corporation (CGGC), una de las cuatro finalistas de la licitación para las plantas de carbón de Punta Catalina, que impugna junto al Consorcio IMPE los resultados del proceso, buscaba sentar raíces en suelo dominicano a través del proyecto, con miras a captar un mayor flujo de capitales chinos.
Raúl Cabrera, gerente general de IMPE –su contraparte local en el proyecto-, reveló que los representantes de la CGGC tenían el objetivo estratégico de asentarse en el país para viabilizar futuras inversiones del Gobierno chino, ante la ausencia de nexos diplomáticos entre la República Dominicana y el gigante asiático.
Así se lo confiaron a Cabrera más de una vez ejecutivos de la empresa, que habría contado para esas gestiones, en calidad de facilitador o intermediario, con los auspicios del ministro Para Políticas de Integración Regional del Gobierno dominicano y secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía.
“Se trata de un consorcio del Gobierno chino, que trabaja no solo con proyectos de generación, sino a nivel de carreteras, puentes, metros y toda clase de construcciones”
“Los chinos nos decían que su objetivo era establecerse en el país, ya que en China Popular no tiene relaciones diplomáticas con la República Dominicana, y que se trata de un consorcio del Gobierno chino, que trabaja no solo con proyectos de generación, sino a nivel de carreteras, puentes, metros y toda clase de construcciones”, narró el ingeniero Cabrera al periódico Acento,com.do
Otra finalidad de la empresa era “facilitar financiamiento” para proyectos del Estado dominicano, “ayudas que hace tiempo le habían sido solicitadas a China”, pero que no podían otorgarse de Gobierno a Gobierno sin existir relaciones diplomáticas.
Una “Odebrecht asiática”
Cabrera se refiere a la Gezhouba como “una Odebrecht china” por la amplitud sectorial de sus inversiones, “pero con mucho más experiencia en plantas” que el consorcio brasileño, que junto a la italiana Technimont y la dominicana Ingeniería Estrella ganó la licitación del Proyecto Termoeléctrico de Punta Canalina, por un monto global de US$1,495 millones.
Su página web, en efecto, http://www.cggc.cc/ la describe como una “súper-amplia corporación transnacional” fundada en 1970, bajo jurisdicción de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado chino, “cuyos negocios abarcan la conservación del agua, energía hidroeléctrica, energía nuclear, termoeléctrica y eólica, instalaciones electromecánicas, transmisión de energía y transformación, carreteras, ferrocarriles, puentes, obras municipales, aeropuertos, puertos y vías de navegación”.
Otros ámbitos de acción de la CGGC son “el diseño, construcción e inversión en edificios industriales y civiles, así como el desarrollo inmobiliario, la producción de cemento y de explosivos civiles, la fabricación de maquinarias y la construcción naval”.
El consorcio dispone, según su portal, de una “fuerte capacidad de financiamiento” y es la transnacional china con “el mayor crecimiento” en los últimos años, con operaciones en más de 100 naciones de Latinoamérica, África, Medio Oriente, el Sudeste Asiático, Oceanía y en la propia China Popular. Figura, además, entre los 100 mayores contratistas del mundo, según el ranking de 250 de la publicación especializada Engineering News Record (ENR).
Los “buenos oficios” de Miguel Mejía
Los ingenieros Raúl Cabrera y Manuel Sebastían, accionistas del Consorcio IMPE y miembros del equipo técnico del presidente Danilo Medina durante la campaña del 2012, se involucraron en el proyecto de Punta Catalina una vez la Gezhouba precalificó hacia la fase final de la licitación, a través de allegados a la firma china, entre ellos uno de peculiar relevancia: el ministro Miguel Mejía.
Cabrera señala que al principio “no tenía mucho interés en participar”, pero que todo cambió tras una llamada del líder del MIU, uno de los partidos aliados del oficialismo. “Miguel Mejía me llamó y me dijo había cuatro empresas chinas (en la licitación), que de esas una era del Gobierno chino, como la CDEEE de aquí, para que trabajara con ellos” en la parte técnica.
“Nosotros vamos a apoyar a esa empresa, que es la que el Gobierno chino está dispuesto a apoyar” financiar, cuenta Cabrera que le confió entonces Mejía. Al decir “nosotros”, Cabrera piensa que el funcionario se refería a altas instancias del Estado chino.
Asegura que la corporación china hubiera obtenido sin mayores escollos el financiamiento para las plantas con que la CDEEE proyecta añadir más de 600 megavatios al sistema, a partir del 2017.
Con la CGGC el escenario sería muy distinto al que se dio con la Sichuan Machinery Equipment, en el 2006, durante la gestión en la CDEEE de Radhamés Segura. “La Sichuan vino como vienen muchas empresas, que son de China pero no tienen el apoyo del Gobierno chino” y por tanto no obtuvo el financiamiento necesario, afirma Cabrera, un ex sub administrador técnico de la CDEEE (1990), con más de 30 años vinculado al desarrollo y financiamiento de instalaciones de generación eléctrica.
Carta de Jiménez Bichara llegó a través de Japón
Cabrera reiteró que el Consorcio IMPE sí cuenta con el aval de la CGGC para seguir adelante con el proceso de impugnación de la licitación, contrario a lo que afirma el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDEEE). “El Gobierno chino nunca nos ha desautorizado, lo que presentó Jiménez Bichara fue una carta que ya fue rechazada” por el Tribunal Superior Administrativo.
Señaló que la misiva, copia de la cual tiene el portal Acento.com.do, fue canalizada y timbrada en el Consulado de la RD en Tokio, Japón, y firmada por un sub-director de ese organismo, “ni siquiera por el cónsul o algún vicecónsul” dominicano.