SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) estimó en US$324 millones anuales el impacto que tendría en sus empresas asociadas del pago adelantado de los impuestos selectivos al consumo de combustibles, establecido por el Gobierno como medida recaudatoria.
La ADIE advirtió que esta decisión drena la liquidez de las empresas generadoras y las expone a problemas para la adquisición de combustibles, la cobertura de los costos operativos y el normal suministro de energía eléctrica al mercado.
También podría constituir una limitante para el cumplimiento de los compromisos de las generadoras con suplidores, así como las obligaciones tributarias, entre las que citó el adelanto del Impuesto sobre la Renta y pago de ITBIS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios ) en las fechas establecidas por la administración tributaria.
“El Sistema de Devolución de los Impuestos Selectivos al Consumo de Todos los Combustibles Fósiles y Derivados del Petróleo ha sido impuesto en el contexto del interés del Gobierno de enfrentar el trasiego de combustibles, aunque es harto conocido que esta mala práctica no existe en la industria generadora de electricidad”, expresa la ADIE.
La entidad aclaró que en el caso de las empresas generadoras la exoneración no constituye un beneficio para las mismas, sino que se concibió para mitigar el impacto de los costos de generación en el usuario final de la energía eléctrica.
Confirmó que ha expresado por escrito su preocupación por la medida a todos los entes del gobierno relacionados con las áreas fiscal, tributaria, económica y eléctrica del Gobierno.
“Hemos solicitado explorar alternativas para cumplir con el decreto 275-16, que crea el Sistema de Devolución de los Impuestos Selectivos al Consumo de Todos los Combustibles Fósiles y Derivados del Petróleo, sin exponer a las empresas eléctricas al descomunal riesgo de liquidez que enfrentarían”, subrayó la ADIE.
La asociación apeló a la comprensión del presidente Danilo Medina y de todas las instancias estatales involucradas en la decisión "para preservar la estabilidad de la producción de energía como acompañante esencial del desarrollo" y el crecimiento de la economía.