SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Juan Bosch aseguró este viernes que un aumento justo a los salarios mínimos debió haber sido de un 53 %; esto es para compensar a los trabajadores por el deterioro del salario real y también retribuirlos por un tercio del incremento de su productividad.
Durante la presentación del estudio RADIOGRAFÍA DEL TRABAJO ¿Trabajos dignos o empleos chatarras?, elaborado el cientista social Matías Bosch y el economista Airon Fernández, la entidad aseveró que los representantes del gran empresariado deberían estar satisfechos porque, en realidad, más bien salieron ganando del reajuste aprobado.
“Visto así, su molestia no tiene razón de ser”, agregó la fundación, a la vez que resaltó que la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores ha caído un 18 %, mientras que la productividad del trabajo se ha incrementado en un 51 % entre 1999 y 2017.
Subrayó que el aumento aprobado en el Comité Nacional de Salarios, de un 20 %, es lo básico que se podía pedir, y ayuda a los trabajadores dominicanos a apenas rozar el ingreso real que tenían en 1999, es decir hace 18 años.
“Si a eso se le suma que los trabajadores han estado produciendo cada vez más, con un ingreso cada vez menor, el aumento realmente justo debió ser de un 53 % y en ese sentido los representantes del gran empresariado no deberían comportarse con intransigencia ni molestia ante un reajuste, a su parecer, menos que modesto. Visto así, la situación de los trabajadores se mantiene estancada en la condición de sobrevivencia”.
Con un aumento del 53 %, los salarios mínimos del sector privado no sectorizado habrían quedado en: RD$ 19,747, para las empresas grandes; RD$ 13,576, para las medianas; RD$ 12,031, para las pequeñas; RD$ 16,659, para los vigilantes privados; y RD$409 por hora, para los trabajadores del campo, indica el estudio.
Agregó que pese a un aumento de un 20 %, los trabajadores dominicanos continuarán sin poder cubrir el costo de la canasta familiar nacional o promedio, la cual asciende en la actualidad a RD$ 29, 073, por lo que el ajuste acordado no ayuda a resolver la dramática situación de pobreza en que están la mayoría de los dominicanos.
Asimismo, sostuvo que tampoco constituye un paso contundente en pos de disminuir la desigualdad de ingresos, que actualmente es de 42 veces entre el 10 % más rico y el 10 % menos rico, según datos arrojados por la CEPAL.
En el referido estudio de la Fundación Juan Bosch, llamó la atención sobre cómo se “despoja a los trabajadores”, ya que, a nivel de la economía nacional, por cada 100 pesos que producía un trabajador en 1996, recibía 48 como remuneración principal; pero en 2015, un trabajador promedio sólo recibió 27 pesos como salario por cada 100 que produjo. Los empresarios cada vez reciben más y los trabajadores se quedan con menos.
Por otro lado, los autores Bosch y Fernández señalaron que los cientos de miles de empleos creados en los últimos cuatros años y que ha sido celebrado por las autoridades y la clase política, se han generado en sectores poco productivos, que normalmente no requieren mano de obra calificada y donde los salarios distan mucho del costo de la vida, sobre todo en “otros servicios” y en comercio al por mayor y detalle. Y agregan que la cantidad de empleos que se ha generado en el último cuatrienio, ha sido insuficiente para reducir sustancialmente el desempleo, puesto que sólo ha servido para absorber el crecimiento natural de la población económicamente activa, por lo que la tasa de desempleo se redujo apenas 1.4 % en cuatro años.
En el estudio se advirtió que si los trabajadores no se organizan y luchan decididamente por un aumento significativo de los salarios, en función del deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la productividad y el costo de la vida, “la brecha productividad-ingresos persistirá y seguirá ensanchándose, con los efectos negativos que esto supone sobre la pobreza y desigualdad.”
Por último, la Fundación Juan Bosch recomendó que una vez se acuerde el nuevo aumento salarial, el Estado debe establecer las negociaciones en el Comité Nacional de Salarios como un espacio de diálogo, pero que los salarios se fijen por ley, de manera democrática y abierta, a través de la deliberación política, atendiendo a la evolución de las principales variables macroeconómicas, especialmente la inflación, la productividad y la pobreza; así como también, tomando en consideración el valor del capital de las empresas.
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